Las comunidades autónomas deberán invertir en residencias al menos la mitad de los fondos europeos distribuidos por el Ministerio de Derechos Sociales en 2021. Así se desprende de los documentos que el departamento que dirige Pablo Iglesias remitió a las autonomías para preparar el Consejo Territorial del viernes, en el que está previsto que se apruebe el reparto de estos fondos y el plan de choque en dependencia, por el que se inyectan unos 600 millones en el sistema, la mayor subida hasta la fecha. Esta documentación especifica que al menos el 50% de la partida europea será para la “dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración” y la “remodelación y adaptación de los equipos existentes”. Serán al menos 361,7 millones. Además, se establece una hoja de ruta para los cambios en dependencia, que prevén dar oxígeno a un sistema aún asfixiado tras los recortes de 2012. En febrero se elaborará un plan para reducir las listas de espera; en el primer semestre se modificará el convenio marco que fija los requisitos mínimos en los centros que prestan servicios a través de la ley de dependencia (públicos o concertados), que incluyen, por ejemplo, las ratios del personal o la formación de los trabajadores, y se negociarán criterios comunes en todo el país sobre el copago.
Este jueves, la vicepresidencia segunda ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo en la mesa de diálogo social, que reúne a los sindicatos CC OO y UGT y a las patronales CEOE y Cepyme, para dar un impulso al sistema de la dependencia. La negociación comenzó en julio, y en el pacto se establecen objetivos recogidos en el plan de choque, que se espera que obtenga la luz verde del Consejo Territorial de este viernes.
Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, este viernes se llevará al Consejo Territorial tanto el plan de choque como el reparto de los fondos europeos. El presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales para 2021 recoge 910 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se destinarán a la “economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión”, con los que financiar inversiones para promover un cambio en los cuidados de larga duración. El ministerio ha repetido en numerosas ocasiones que quiere avanzar hacia un nuevo modelo residencial, con centros más pequeños, divididos en unidades de convivencia, y que quiere dar un impulso a la ayuda a domicilio.
De la partida europea, 730,8 millones serán ejecutados por las autonomías y entidades locales, a través de proyectos que tendrán que presentar ante el ministerio y que deberán enmarcarse en los siguientes ejes de actuación: nuevas residencias públicas basadas “en una nueva arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios” y remodelación de centros existentes (al menos el 50% de los fondos); incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados, como la teleasistencia avanzada en los domicilios (al menos el 10%); transformación tecnológica de los servicios sociales y proyectos piloto de innovación (al menos el 10%); modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de modelos de protección residencial y acogimiento familiar de menores, en especial los no acompañados (al menos el 10%), y accesibilidad —a la Administración pública y sus servicios, en el ámbito educativo, en el transporte y puestos de trabajo accesible— (al menos el 1,5%). Estos porcentajes no son obligatorios en el caso de Ceuta y Melilla.
Según el reparto previsto en los documentos, calculado con indicadores como población, territorio o dispersión, Andalucía será la comunidad que más fondos recibirá, con unos 125 millones. A la cola estarían Ceuta y Melilla, con 3,7, y Cantabria, La Rioja y Navarra, con unos 11 millones. Al menos el 15% de los fondos contarán con la participación de las entidades locales. Derechos Sociales recuerda en los documentos que todos los proyectos deberán incluir “hitos” cuya evaluación sea posible a final de junio: la “tasa de ejecución del año 2021 condicionará la distribución de fondos [europeos] en 2022 y 2023”.
En el Consejo Territorial del viernes, que reunirá a las comunidades autónomas con el Ministerio de Derechos Sociales, también se prevé dar luz verde al plan de choque en dependencia, para reflotar el sistema. El plan, que durará tres años, contempla un aumento de financiación, con la inyección de unos 600 millones de euros ya aprobada en los Presupuestos de 2021, y nuevos aumentos “de una magnitud similar” en 2022 y 2023. También incluye un cronograma con los objetivos a cumplir y las fechas previstas.
Reducir las listas de espera
En febrero se aprobará un plan para reducir la lista de espera, que asciende a 232.243 personas, a las que hay que sumar otras 141.556 que aguardan a ser valoradas para saber si tienen derecho a una prestación. Se fijarán objetivos en cada autonomía y las medidas para lograrlos, así como iniciativas para simplificar los engorrosos trámites administrativos (por ejemplo, que haya un solo procedimiento, y no dos, para reconocer el grado de dependencia y establecer el tipo de atención que recibirá la persona).
En el primer semestre del año, el Consejo Territorial modificará el acuerdo de acreditación del sistema de la dependencia, fechado en 2008, para reforzar la calidad, “especialmente” en las residencias, según el documento. A través de este acuerdo marco se establecen los criterios de calidad mínimos que deben cumplir todos los centros y los servicios públicos o concertados. Se abordarán asuntos como las condiciones laborales, medidas para paliar la insuficiencia en el número de profesionales, la posible revisión de los precios de los conciertos o el refuerzo de las inspecciones. Sindicatos y patronales remitirán al Consejo Territorial sus propuestas en la materia. En este periodo también se evaluarán posibles mejoras en las prestaciones y se establecerá un calendario para aplicarlas en 2022 y 2023 (número de horas de la ayuda a domicilio, ampliación de las compatibilidades o mejora de las prestaciones económicas), y el Consejo Territorial revisará las aportaciones de los usuarios (copagos) y propondrá criterios comunes que podrían aplicarse a partir de 2022, dado que actualmente cada comunidad autónoma fija sus condiciones.
En el segundo semestre de 2021 se reconocerá la teleasistencia como derecho subjetivo de las personas en situación de dependencia, y a lo largo de 2022 todo aquel con alguno de los tres grados reconocidos y que viva en su domicilio tendrá acceso a este servicio. A lo largo de este año también se estudiarán las posibilidades de mayor participación de las entidades locales en el sistema de la dependencia y la modificación de la prestación económica de cuidados familiares, y se estudiará la creación de nuevas modalidades de cuidados profesionalizados. Además, se regulará la figura del asistente personal.
A lo largo del año, el ministerio financiará, con los fondos europeos, una evaluación completa del sistema de la dependencia, para conocer las diferencias territoriales e identificar las necesidades de mejora, un análisis y evaluación del sector residencial, de los copagos o del impacto de género en el sector. Las conclusiones se presentarán en el primer trimestre de 2022. Asimismo, se diseñará un programa, que se desarrollará entre 2021 y 2023, para la mejora de la cualificación del personal de los servicios de cuidados de larga duración y de los servicios sociales.
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