La recién instalada Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, –fruto de unas elecciones que no fueron reconocidas por la mayoría de la comunidad internacional—ha pactado un nuevo Consejo Nacional Electoral, integrado de forma equilibrada y con presencia de reconocidas figuras y activistas civiles de la oposición. Después de pasar años negando la crisis humanitaria, el Gobierno de Nicolás Maduro ha permitido a funcionarios de Naciones Unidas ingresar a Venezuela con el Programa Mundial de Alimentos, tal y como se lo estaba pidiendo la oposición y la sociedad civil hace al menos seis años. El fiscal general, Tarek William Saab, ha reconocido hace muy poco que el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el concejal Fernando Albán y el estudiante Juan Pablo Pernalete fueron asesinados por funcionarios chavistas, muchos de los cuales ya están siendo judicializados. Con ello contradijo las versiones oficiales vigentes sobre estos crímenes. En definitiva, la dirigencia bolivariana ha hecho en las últimas semanas diversas concesiones con las que pretender retomar conexiones con la comunidad internacional y la sociedad venezolana en medio del dramático contexto económico y social del país.
Las actuales concesiones de Maduro, sin embargo, no están inscritas en un acuerdo con la oposición. Salvo en el caso del nuevo Consejo Nacional Electoral –adelantado con una facción que rivaliza con Juan Guaidó-, los ajustes hechos por Miraflores parecen ser mensajes con destinatarios internacionales. Muy especialmente, Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. En este contexto, comienza a hablarse de nuevo sobre la posibilidad de una mediación del Gobierno de Noruega para una negociación.
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“No tiene que ser este, necesariamente, un proceso de negociación articulado o tutelado”, afirma el jurista y analista político Juan Manuel Rafalli, quien opina que esta gestión la adelanta el chavismo por su cuenta. “Me parece que son maniobras aisladas y con distintos actores. La situación es grave; hay descontento en la población por el retardo en la llegada de las vacunas. Los combates contra irregulares colombianos en la frontera han generado molestia y pesar en las Fuerzas Armadas”.
“Estos son retrocesos tácticos de Maduro y Jorge Rodríguez”, opina el historiador y articulista Pedro Benítez. “Ellos dos están bastante conscientes de sus debilidades y problemas. Son movidas hechas, no porque se quiera, sino obligados por las circunstancias”. Hace poco, una delegación de diputados encabezada por Jorge Rodríguez, ahora presidente del Legislativo que domina el chavismo, había intentado, sin éxito, restaurar vínculos orgánicos con la Unión Interparlamentaria Mundial en Ginebra.
Los ajustes hechos por el alto mando chavista en lo tocante al ingreso de la ayuda humanitaria y los asesinatos de Acosta Arévalo, Albán y Pernalete –tres de las causas más denunciadas por el activismo opositor- , parecen tener como claro destinatario la Corte Penal Internacional y el entorno diplomático de Naciones Unidas, espacios donde el relato acusador de la oposición hacia los excesos del chavismo ha aumentado muchísimo en estos dos años.
“El reconocimiento parcial de hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad es un paso necesario dado por las autoridades, sin duda”, reconoce Liliana Ortega, directiva de Cofavic, ONG pionera en la defensa de los Derechos Humanos en el país. “Pero no es suficiente. Es indispensable que se juzgue a todos los perpetradores y su condena judicial. Eso es lo que la Fiscalía de la Corte Penal podría valorar como una señal de rectificación. También la reparación integral de las víctimas, medidas indemnizatorias y garantías de no repetición”. Hace unos meses, la CPI declaró una existencia “razonable” de elementos para investigar al gobierno chavista por crímenes de lesa humanidad.
“El Gobierno está haciendo concesiones parecidas a las de 2018. Busca suavizar los efectos secundarios de las sanciones con medidas que puede tomar”, afirma el político y economista Francisco Rodríguez, quien no tiene dudas en que Miraflores está desarrollando conversaciones con Estados Unidos a partir de la llegada de Joe Biden al poder. Un intercambio que, según su visión, podría desembocar en la apertura de una Oficina de Negocios en Caracas, con una carga más política que diplomática.
“El Gobierno está jugando con mano izquierda, procurando flexibilizar su conflictividad”, afirma el economista Luis Vicente León, socio directivo de la consultora Datanálisis. “Ellos saben que no están en peligro”, agrega, “no hay amenazas creíbles frente a Maduro en este momento. Pero tienen graves problemas, frentes, incomodidades dentro del chavismo y en el sector militar con el tema de las sanciones personales, que son mucho más lesivas a la causa revolucionaria que las sanciones nacionales. Maduro está haciendo concesiones, pero controladas, procurando el ganar-ganar, sin negociar por eso su cabeza”.
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