La abogada filipina Czarina Musni recibió la noticia en Barcelona. El pasado 15 de septiembre en Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas, era asesinado Juan Macababbad, un compañero defensor de los derechos humanos de su organización National Union of People’s Lawyers (NUPL) –Unión Nacional de Abogados del Pueblo–. Engrosa así la cifra de 57 asesinatos de profesionales de la abogacía durante el mandato del presidente Rodrigo Duterte desde junio de 2016 registrados por la NUPL, donde Macababbad representaba a los pueblos indígenas y pequeños agricultores en su defensa por la tierra y el territorio.
Ese mismo día, todavía afligida por el dolor, Musni recibió también una muy buena noticia: la Corte Penal Internacional autorizaba iniciar una investigación sobre la situación de Filipinas en materia de derechos humanos, con relación a los crímenes cometidos en el contexto de la campaña denominada “guerra contra las drogas”.
Macababbad tenía en común con el resto de las personas asesinadas y con la propia Musni ser un red-tagging o etiquetado rojo, un fenómeno que criminaliza, estigmatiza y amenaza a cualquier persona que defiende los derechos humanos o crítica a la actual administración del Gobierno de Duterte. Automáticamente, quien tiene esta etiqueta es vinculado al Partido Comunista y su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo, insurgencia designada como organización terrorista. “El etiquetado rojo sienta las bases de nuevos ataques contra la seguridad, la libertad y la vida de la persona. Nos hacen montajes judiciales con cargos inventados. Y no son delitos menores. Se nos acusa de robos, secuestros ilegales, posesión de armas de fuego y explosivos. Todos delitos no sujetos a fianza”, afirma Musni. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha documentado al menos 248 casos de defensores de derechos humanos, juristas, periodistas y sindicalistas asesinados en relación con su trabajo entre 2015 y 2019.
El 22 de febrero de 2019, día de su cumpleaños, Musni supo en propia piel lo que era ser etiqueta roja. Recibió un panfleto con su fotografía y sus datos, donde se la acusaba de pertenecer al Partido Comunista. Más tarde llegó el escarnio en redes sociales y el acoso judicial. Musni se vio obligada a abandonar el país gracias a la oportunidad de la protección internacional. No solo por su labor en NUPL, sino también por ser parte de Karapatan, una alianza nacional que trabaja para la promoción de los derechos de los sectores marginados y oprimidos. De septiembre a diciembre de 2020, la abogada estuvo en los Países Bajos con la organización Justice and Peace.
Durante su estancia en Holanda, un nuevo conjunto de etiquetas mencionó su presencia en Europa señalándola como participante en un programa de la red internacional de comunistas. “Unas difamaciones sin fundamento y falsas que, además, atentan contra la organización que me acogió allí”, destaca la abogada. Hoy se encuentra en Cataluña bajo el Programa Catalán de Protección de Defensores y defensoras Derechos Humanos y acogida por la Asociación Catalana por la Paz.
La “guerra contra las drogas”
El etiquetado rojo aumentó en el contexto de la “guerra contra las drogas” de Duterte y su controvertida ley antiterrorista, aprobada en julio de 2020 y mediante la cual se puede catalogar de terrorista cualquier protesta contra el Gobierno y llevar a cabo detenciones sin orden judicial. “La definición del crimen de terrorismo es muy amplia y vaga, trascendiendo el ejercicio de las libertades fundamentales y los derechos básicos. Hay 37 peticiones cuestionando la validez de esta ley. Muchos defensores y defensoras están siendo acusadas de un delito de terrorismo y esto está sucediendo ahora mismo en Filipinas”, dice la abogada. Esta criminalización y los casos de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos, llevadas a cabo por el Gobierno, también se destacan en el informe de Amnistía Internacional 2020 sobre Filipinas.
Una “guerra contra las drogas”, cuenta la abogada, donde se habla de 6.000 asesinatos en el curso de las operaciones oficiales de la policía, a pesar de que las organizaciones de derechos humanos documentaron, al menos, 30.000. “Asesinatos de personas comunes y corrientes que venden paquetes de shabú o metanfetamina. Pero ¿dónde están los capos de la droga? Solo las personas de clase baja y los pobres son asesinados. No es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra el control de las drogas. Hay pruebas que vinculan la importación de metanfetamina de China con el nombre de Paulo Duterte, hijo del presidente”, afirma Musni.
Según la constitución filipina, no puede haber reelección presidencial, pero Duterte está preparando el camino para ser el presidente en la sombra
Un presidente a quien en su día se le vio como el salvador en un país cansado de la guerra. “A Duterte se le veía como un ancestro, como alguien que podía resolver los problemas en el país. Llegó al poder cuando los filipinos querían un cambio”. Musni lo define en aquella época como un chico local, un hombre de masas que fue el único que estuvo dispuesto a reabrir las conversaciones de paz, a apoyar a los pueblos indígenas y a poner fin al conflicto. “Duterte viene de Mindanao, de mi región, y en sus años de alcalde en la capital, Davao, expresó que apoyaría las conversaciones de paz entre el Partido Comunista de Filipinas y el Gobierno y eso resolvería muchos problemas. Hablaba de paz, así que votamos por él. Nada se ha cumplido”.
Las próximas elecciones presidenciales en el país serán en mayo de 2022. Según la constitución filipina, no puede haber reelección presidencial, pero Duterte está preparando el camino para ser el presidente en la sombra, postulándose como vicepresidente de la candidata Sara Duterte, su hija. “Necesitamos toda la ayuda internacional que podamos porque ese es el Estado al que nos enfrentamos”. Con todo, la defensora confía que Duterte acabará siendo juzgado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. “Tenemos la esperanza que todos los que cometieron violaciones a los derechos humanos rindan cuentas”.
Y es que los años de mandato del presidente Duterte han estado marcados por un drástico aumento de la violencia contra las personas defensoras. Según Global Witness, desde su elección en 2016 hasta finales de 2020, 166 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente han sido asesinadas. En su reciente informe de 2020, más de la mitad de las 227 muertes registradas ese año dice que se concentraron en Colombia, México y Filipinas.
Mindanao, la isla rebelde
Musni lleva años alzando su voz para denunciar la vulneración de derechos que sufren las comunidades indígenas en Mindanao, de donde es originaria. En esta isla del sur de Filipinas, rica en recursos naturales, hay 18 etnias diferentes que conjuntamente se les conoce como lumad y que unidas resisten frente a latifundistas e industrias mineras que quieren despojarlos de sus territorios ancestrales. “La lucha de los pueblos indígenas está en mi corazón. Puede que no tengan los títulos universitarios que tenemos nosotros, pero su sabiduría es impresionante. La montaña y el bosque son para ellos sus hospitales, su farmacia, su iglesia, su hogar”.
Con Duterte la situación para los Lumad empeoró. Les colocó también la etiqueta roja y militarizó completamente sus tierras. “No hay colegios porque los militares dicen que son campos de entrenamiento para los comunistas, que ya hay suficientes escuelas en el país”, lamenta. La defensora acusa al Ejército de estar en connivencia con las corporaciones multinacionales que pretenden el oro, el cobre y el níquel de la zona sin el consentimiento previo y libre de los indígenas. “Los militares cumplen este propósito de facilitar la entrada de estos intereses corporativos que, además, utilizan paramilitares como ejércitos privados”.
La isla de Mindanao sigue siendo todavía un territorio convulso con presencia histórica de grupos guerrilleros y donde la paz nunca termina de llegar
La isla de Mindanao sigue siendo todavía un territorio convulso con presencia histórica de grupos guerrilleros y donde la paz nunca termina de llegar. Uno es el Nuevo Ejército del Pueblo, considerado el ala armada del Partido Comunista de Filipinas. “El Gobierno está empeñado en aplastar a la insurgencia comunista. Y por supuesto, es bueno acabar con la insurgencia, pero los medios no justifican el fin y tampoco se aborda la raíz de las causas por las que surgió en un inicio. Además, se desdibuja la línea divisoria que separa a los y las defensoras de derechos humanos y la población civil, de los combatientes armados”, explica.
A la defensora le está siendo difícil estar lejos de la familia y de las comunidades que defiende. Sin embargo, asegura, no piensa en la distancia ni en el tiempo que estará fuera, sino en la oportunidad de poder hacer lo que pueda por su causa en la arena internacional, haciendo lobby en Bruselas y en España, país del que, por otro lado, lamenta que no escuche más a Filipinas pese a los lazos históricos que les unen como ex colonia.
Y sobre la nueva Premio Nobel de la Paz, su compatriota Maria Ressa, comenta: “Que haya sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión en un momento de gran represión política de los medios de comunicación en Filipinas no deja de ser un motivo de alegría. Más que celebrar que sea la primera filipina a la que se le concede este premio, el hecho de que haya sido galardonada en pleno auge de las noticias falsas y la desinformación en Filipinas, y ante las numerosas acusaciones falsas que se han lanzado contra ella, es aún más inspirador. No importaban las amenazas, ni lo difícil que fuera la batalla, Maria Ressa se mantuvo inquebrantable y aguantó el tirón. No se contuvo y siguió presionando para que los filipinos, y el resto del mundo, conocieran la situación real sobre el terreno sin filtros, y con la que pudiéramos tomar el curso de acción correcto. Para mí, éste es el epítome de un defensor de los derechos humanos”.
Y, aunque lo define como idealista, su sueño es la paz mundial. Una paz para Filipinas y para todas las comunidades del mundo. Pero también sueña con poder regresar algún día a su país con la seguridad de que su trabajo no le costará la vida.
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