Cualquiera que se preocupe por la calidad de lo que come sabe que un pollo de corral alimentado con pienso y al aire libre es mucho más sabroso y de mayor calidad nutritiva que un pollo criado de forma acelerada en una granja saturada de animales y que nunca ha picoteado un gusano. Sabe también que hay una gran diferencia entre el jamón de un cerdo que se alimenta de bellotas en una dehesa y el de un animal engordado con piensos y sin apenas espacio en una macrogranja. Es decir que la forma de criar los animales no solo tiene efectos sobre la calidad de la carne sino sobre el medio ambiente y, en ocasiones, también sobre la salud pues es bien sabido que en las explotaciones intensivas se utilizan antibióticos de forma preventiva para evitar infecciones y ese es uno de los factores que más contribuye a la aparición de bacterias resistentes.
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Hay grandes diferencias entre la ganadería extensiva que practican todavía la mayor parte de los pequeños productores de carne de la España rural y la ganadería intensiva, formada por grandes explotaciones capaces de criar miles de cabezas de ganado en tiempos cada vez más cortos. Esto es exactamente lo que explicó el ministro de Consumo Alberto Garzón en una entrevista publicada a finales de diciembre en el diario británico The Guardian. Nada nuevo en el debate alimentario. Pero la política española está tan envenenada que es posible convertir unas declaraciones sobre un hecho tan elemental y conocido en munición de una guerra política. Las críticas que el ministro hizo al modelo de las macrogranjas, convenientemente tergiversadas, han sido utilizadas por el PP para pedir su dimisión acusándole de atacar a los ganaderos y hacer propaganda negativa de la producción cárnica española.
Pero la verdad es siempre la verdad, la diga Agamenón o su porquero, y criticar el modelo de las macrogranjas porque dañan el medio ambiente y producen carne de peor calidad no es atacar a todos los ganaderos, y menos aún a las pequeñas explotaciones familiares que siguen el modelo tradicional de la ganadería extensiva y que cada vez tienen más dificultades para sobrevivir. Nada tienen que ver estas explotaciones con la ganadería industrial impulsada por inversores que concentran cada vez mayor cuota de producción de carne y cuya posición de dominio les permite imponer unos precios que arruinan a los pequeños ganaderos.
Que el PP recurra a la magnificación de un bulo para atacar a sus adversarios es algo a lo que estamos acostumbrados. Lo sorprendente en este caso es la facilidad con la que algunos dirigentes del PSOE han secundado la campaña del PP contra Garzón. Algunos de sus presidentes autonómicos han criticado con saña al ministro demostrado de nuevo un seguidismo táctico del PP cuando se afectan determinados intereses económicos. Quizá sea que al partido socialista le están saliendo más almas de las que ya tenía. Para distanciarse de Garzón, la portavoz del Gobierno ha recurrido a la incongruencia de que el ministro hablaba a título personal, algo que solo se explica por un cálculo electoral, porque esta polémica se entiende mejor si se enmarca en el contexto de la convocatoria de elecciones en Castilla-León.
Especialmente beligerante ha sido el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien ha llegado a decir que “estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa”. Esa parte no incluye desde luego las explotaciones ganaderas del Pirineo, sino a las macrogranjas que, huyendo de la normativa ambiental más estricta y la moratoria decretada en Cataluña, donde siete de cada diez acuíferos están contaminados por nitratos de las granjas, se han refugiado en Aragón. Prescindía Lambán de que su propio gobierno prepara una normativa que limita el tamaño de las explotaciones ante la dificultad de gestionar los residuos.
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También han sorprendido las críticas del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha atacado al ministro por decir lo mismo que él dijo hace solo unas semanas al anunciar una moratoria en la instalación de macrogranjas de cerdos, mientras pedía una regulación a nivel nacional. El propio Ministerio de Agricultura prepara un decreto para limitar el número de animales en las granjas de bovino, después de regular las de porcino y de aves. Eso es lo que pedían justamente los pequeños agricultores y las organizaciones ecologistas. Y lo que promueve la Unión Europea, que en diciembre denunció a España por no controlar la contaminación por nitratos. Además de crear graves problemas ambientales, el modelo de las macrogranjas no representa una solución para la despoblación del mundo rural. Más bien al contrario, resultan incompatibles con otras formas de desarrollo económico, como el turismo rural. Pero cada vez que se tocan los intereses del lobby de la industria cárnica, como cuando se tocan los del sector eléctrico, el PSOE duda y empieza a caminar con el pie cambiado.
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