Un paseo por casi cualquier barrio urbano de Estados Unidos es suficiente para ver el apoyo a Black Lives Matter (BLM, “Las Vidas Negras Importan”), la organización nacida en las redes sociales en 2013 tras la absolución de un hombre, George Zimmerman, de 28 años, que mató a tiros al afroamericano Treyvon Martin, de 17. Ocho años después, el movimiento se ha hecho mundialmente conocido, sus demandas han calado en el debate social estadounidense y su trabajo ha sido fundamental para lograr, por ejemplo, la condena de Derek Chauvin, el policía que asfixió y causó la muerte al afroamericano George Floyd en mayo de 2020.
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Las banderas del movimiento se han reproducido en los últimos años en porches, ventanas y patios de casas y apartamentos de toda clase social, donde conviven con la enseña de las barras y las estrellas. La organización, que obtuvo 90 millones de dólares (unos 74 millones de euros) en donativos el año pasado, vive una severa crisis por su falta de dirección y diversas polémicas que involucran a su dirigente más visible.
Tory Johnson, de 35 años, se mudó en 2012 al sur de Los Ángeles. Llegó a la costa oeste con escaso equipaje procedente de Marion, Indiana, al noreste del país. Con los años fue encontrando una vocación de activista comunitario en Huntington Beach, un enclave conservador mayoritariamente blanco que solo tiene un 1,4% de población negra. “Somos muy pocos. Hay unos 10.000 comercios en la zona y solo tres o cuatro son de afroamericanos”, cuenta por teléfono mientras detalla sus esfuerzos por hacer que de la zona sea más diversa y atractiva para las minorías.
Johnson ganó legitimidad cuando encabezó las protestas de Black Lives Matter en Huntington Beach el 31 de mayo de 2020, cuando miles de estadounidenses salieron a las calles a protestar por el asesinato de George Floyd. La manifestación en esa zona, que tiene presencia de grupos radicales de la ultraderecha, tuvo momentos de tensión después de que la policía declarara ilegal la protesta y disparara gas pimienta para dispersar a los manifestantes.
Después de aquello, Johnson intentó convertir a establecer su organización en una de las plataformas oficiales de Black Lives Matter. Insistió numerosas veces con llamadas y correos a la fundación creada y encabezada por las activistas californianas Patrice Kahn-Cullors, Alicia Garza y por Opal Tometi, de Phoenix (Arizona). Nunca obtuvo respuesta. Desde entonces, la organización de Johnson es una de las muchas extraoficiales que hay en el país defendiendo que las vidas de los negros importan. En 2020 una decena de estas subsidiarias pidieron dinero a la matriz para poder seguir operando. Kahn Cullors y Garza declinaron las peticiones de entrevista de este periódico. Tometi no pudo ser contactada.
Johnson ha utilizado la marca local de BLM como una plataforma política. Ha iniciado un largo camino para tratar de convertirse, en las elecciones de 2022, en el primer concejal negro de Huntington Beach. Como activista está decepcionado con el movimiento que se convirtió en un fenómeno nacional después de su nacimiento como hashtag en las redes sociales. “Hay mucho descontento y división entre las filas. Necesitamos liderazgo, alguien que dé un paso al frente y nos organice a todos”, admite.
Voces críticas como las de Johnson se escuchan cada vez más en Estados Unidos. No solo por parte de los líderes locales de un movimiento que se inició desde abajo y que ha crecido velozmente y de forma desarticulada. También los familiares de las víctimas de la violencia han puesto en duda la eficacia de la organización. Una de ellas ha sido Tamika Palmer, la madre de Breonna Taylor, la joven de 26 años muerta en un tiroteo provocado en marzo de 2020 por policías de Kentucky que irrumpieron en su casa a la fuerza. “Nunca he tratado personalmente con la plataforma de BLM de Louisville y creo que son un fraude, Attica Scott [la congresista local demócrata] también lo es”, escribió Palmer en abril en una publicación de Facebook que después borró.
Lisa Simpson, madre de Richard Risher, un joven de 18 años asesinado por la policía en California en 2016, también ha acusado de inaccesible a la dirigencia de la organización. “Es muy triste que Patrice Cullors salga en los medios diciendo que es muy fácil dar con ella cuando llevo cinco años tratando de hablar con ella. Nunca la he visto en mi vida en Los Ángeles y eso que ahí nací y crecí”, dijo Simpson en una entrevista a finales de abril.
Sospechas financieras
Activistas con larga trayectoria sobre el terreno, como Najee Ali, dirigente del proyecto Esperanza Islámica, han acusado a Black Lives Matter de falta de transparencia. Ali, que ha tenido una tirante relación con BLM desde 2016, ha hecho un llamamiento a la organización a reparar los daños económicos de las familias de las víctimas y los gastos legales que estas afrontan con los millonarios donativos ingresados el año pasado para la causa.
Ali, Tory Johnson y otras voces críticas de Black Lives Matter se han encargado de publicitar un controvertido hecho. La artista Khan-Cullors ha comprado al menos tres casas entre 2016 y 2020, dos de ellas en Los Ángeles y otra más en Atlanta, Georgia, por más de 1,5 millones de dólares (alrededor de 1,2 millones de euros). A mediados de abril, The New York Post afirmó también que la activista y su esposa habían comprado una mansión de 1,4 millones de dólares en la zona angelina de Topanga Canyon. Una revelación que fracturó aún más las complicadas relaciones dentro del movimiento. El líder de la plataforma de BLM en Nueva York, Hawk Newsome, pidió investigar la gestión del dinero de la fundación.
Las transacciones inmobiliarias no se han podido vincular directamente a los donativos recibidos, pero los rumores obligaron a la organización a calificar de falsas las acusaciones. La fundadora del movimiento emitió un comunicado asegurando que solo ha cobrado 120.000 dólares de BLM desde 2013 por su trabajo como portavoz y que en 2019 dejó de percibir salario por ello. Cullors, quien se identifica como marxista, se convirtió en una de las activistas más afamadas de Estados Unidos. Consiguió contratos para publicar libros, patrocinios de la marca de calzado UGG y un acuerdo de un millón de dólares con los estudios Warner para producir contenidos afroamericanos para la televisión. También es maestra de Prescott, una universidad privada de Arizona.
Pese a lo que dicen sus fundadoras, ni un dólar han visto Tory Johnson y algunas víctimas de la brutalidad policial. “No entiendo cómo Cullors ha hecho tanto dinero. Está comprando casas que dice que son para su familia. Su familia está viva y nuestros hijos están muertos y no van a volver”, dijo Lisa Simpson.
Los gastos de la organización
La Fundación BLM aseguró en un informe publicado el pasado mes de febrero que 8,4 millones de dólares (unos 6,9 millones de euros) de su presupuesto se han utilizado en gastos operativos y más de dos millones de dólares en la campaña de televisión para motivar el voto negro en Georgia. Otros 21,7 millones fueron donados a 33 ONG, de las cuales 23 pertenecen al movimiento LGTBI y a plataformas oficiales de la organización. EL PAÍS contactó con tres de estas asociaciones sin ánimo de lucro para saber si los donativos efectivamente se habían realizado, pero no obtuvo respuesta.
“Ya no somos un movimiento pequeño o pobre. Ahora somos una institución, somos maduros. Estamos creciendo y aumentando la participación en el mundo de la filantropía”, asegura el informe anual de la fundación, que sostiene que en caja, sin gastar, quedan unos 60 millones de dólares.
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