Las dos travesías de la familia Ponce

Horas después del entierro de Sigifredo Ponce, más de 70 familiares del difunto huían del pueblo en el que vivían en una caravana de camionetas. A la salida del funeral, los militares los habían parado para aconsejarles que se fueran. Hacía semanas que algunos vecinos les advertían que Sigifredo no sería el último Ponce asesinado. Hasta el cura del pueblo les rogó que se marcharan de allí. Cada vez que la familia había denunciado a los narcotraficantes, la consecuencia había sido un homicidio o un secuestro.

Para salvar la vida, los Ponce la empacaron a toda velocidad. Lo primero que hizo Alejandra, una de las hijas de Sigifredo, fue una maleta con la ropa de su padre. Una de sus tías llenó el equipaje de bikinis porque quería creer que el destierro no sería más que unas vacaciones forzadas. Los jefes de familia agarraron las actas de nacimiento, los papeles de sus propiedades y malvendieron las mercancías de sus tiendas. A Gretel, la nieta de Sigifredo, la bautizaron de urgencia. “Yo no quiero que este angelito se muera sin los sacramentos, por el amor de Dios”, le rogó su madre al sacerdote.

Aquel 13 de marzo de 2013, el crimen organizado terminó de destruir el legado que la familia había construido durante décadas en el desierto.

La huida puso fin a la primera travesía de la familia Ponce, la que cuatro generaciones atrás los había llevado a fundar, junto con otros colonos, Estación Conchos, un pequeño pueblo en el estado de Chihuahua, en el norte de México, que llegó a tener más de 1.600 habitantes. Aquellos ‘vencedores del desierto’, como los llama la mítica regional, quienes se establecieron en esa región a comienzos de la década de 1930, se convertirían en prósperos rancheros y comerciantes.

Cuando la riqueza era apenas promesa de futuro, el padre del difunto miraba todos los días un almanaque de un rancho estadounidense que tenía algunas de las cabezas de ganado más cotizadas. El rancho se llamaba ’El Sueño’ y, con el paso del tiempo, él poseería su propio ‘El Sueño’. A la cría y exportación de ganado hacia Estados Unidos le siguieron otros negocios: abrieron hasta nueve tiendas en la zona y algunos miembros de la familia habían plantado enormes extensiones de nogales, su seguro de jubilación. Pero hacía tiempo que en Estación Conchos las familias de colonos, forjadas en el trabajo del campo, estaban siendo fagocitadas por las nuevas familias, que habían encontrado en la violencia y el tráfico de drogas una manera de prosperar.

A principios de los ochenta, las fronteras entre narcotraficantes y autoridades comenzaron a borrarse en el pueblo: unas familias emparentaron con otras, los compañeros de escuela saludaban años después como capos o sicarios y el dinero ilegal surtía el comercio legal. Estación Conchos forma parte de una de las rutas para que la droga producida en México llegue a Estados Unidos y en la sierra vecina siempre hubo plantaciones de marihuana. Pero no fue hasta principios de esta década que las consecuencias de aquel negocio que se repartían varias familias se convirtió en el día a día del pueblo. Aquella comunidad en la que los niños rompían el tedio en un pequeño arroyo o esperando la llegada de La Bestia —el tren de mercancías al que se suben los migrantes para cruzar el Río Bravo—, y los adultos apostaban en las peleas de gallos y las carreras de caballos, ya no existía: empezaron a aparecer colgadas narcomantas, se impuso el toque de queda y los asesinatos, secuestros y extorsiones se convirtieron en la norma. Los cuatreros y las pistolas habían dado paso a hombres armados con fusiles AK-47.

La historia de los Ponce es la historia de la transformación de un país. Los relatos de los desplazados por la violencia siempre empiezan con un hombre armado, pero detrás de las balas y las amenazas no está solo el tráfico de drogas. En Chiapas, en los últimos 25 años, comunidades enteras se han desplazado por el paramilitarismo que nació para combatir al zapatismo y desde entonces ha oprimido a la población indígena; en Guerrero, por la minería de oro; en Oaxaca, por la disputa de tierras entre pueblos vecinos de escasos recursos o por conflictos políticos de caciques locales. Mientras la violencia en México se convertía en una herramienta para resolver problemas y conquistar territorio y riquezas, para cientos de miles de mexicanos como los Ponce, sus hogares se volvieron el lugar del que tenían que huir.

El asesinato de Sigifredo Ponce era el tercero que la familia sufría en tres años. Antes habían muerto dos de sus sobrinos, los hermanos Gerardo y Jonathan. Ana Luisa, la viuda de Sigifredo, nunca ha podido ver hasta el final el vídeo de las cámaras de seguridad de uno de los minisupermercados de la familia que muestra cómo, dos días antes del sepelio de su esposo, un cliente habitual llega al establecimiento acompañado de dos sicarios.

Aquella madrugada de marzo de 2013, la caravana de camionetas de los Ponce emprendió la huída por caminos secundarios. Cuando hizo su primera parada, los más jóvenes de la familia googlearon “lugares más seguros para vivir en México”, una búsqueda que hoy arroja más de 76 millones de resultados en un país donde, en menos de quince años, 300.000 personas han muerto asesinadas y más de 60.000 están desaparecidas. Los Ponce se dirigieron a cualquier lugar lejos de casa. Los descendientes de aquellos ‘vencedores del desierto’ se convirtieron en desplazados por la violencia. La familia comenzaba su segunda travesía.

‘Olvídate de los demás’

‘El Sueño’ es hoy un rancho con un portón oxidado. Sobre el pasto, en lugar de vacas, están los restos de dos coches calcinados. En la cocina de Dora Ponce, la mujer que se encargaba de las facturas del teléfono y la luz en Estación Conchos, cuelgan, raídos, los almanaques de las tiendas hasta 2012. La fachada blanca del supermercado de Víctor Ponce todavía está manchada por el hollín de un incendio y agujereada de balas de alto calibre. El rancho de Víctor, como el de su padre, está abandonado. El día que mataron a su hermano Sigifredo, los sicarios llegaron hasta allá y asesinaron a cuatro trabajadores. Mientras en su pueblo natal el apellido Ponce se convertía en ruina, cada uno de los 75 familiares exiliados empezó a vivir en un limbo legal y emocional. El duelo por la muerte de Sigifredo quedó eclipsado por la supervivencia y la impunidad.

“Lo que se perdió ya no se puede recuperar, pero lo material es lo de menos. Ya no hay paz mental. Y no te pueden hacer una transfusión de paz”, dice Jacob Ponce, que perdió a dos hijos.

Siete años después de que se refugiara en un hotel de carretera, la familia que huyó unida se ha desperdigado por el centro y el norte del país. Hay quien cruzó por un tiempo a Estados Unidos para limpiar casas, otros vendieron chorizos de puerta en puerta, alguno intentó restablecerse en la ciudad y volvió al campo para trabajar en una tierra ajena. Los que tenían ahorros para un futuro tranquilo los gastaron en las urgencias del presente: abrir una pequeña tienda de ropa o de abarrotes, alquilar un techo bajo el que sobrevivir.

La violencia arrancó a los Ponce de su lugar en el mundo como lo ha hecho con decenas de miles de mexicanos, pero ni siquiera son una estadística. Aunque el Gobierno ha reconocido el desplazamiento interno forzado en México en abril del año pasado, todavía no existe una cifra oficial. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización no gubernamental que acompaña jurídicamente el caso de la familia Ponce, calcula, a través de un recuento de desplazamientos masivos, que desde 2006 se han desplazado al menos 338,405 personas. Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública son muchos peores: entre 2011 y 2018, en promedio, más de un millón 300 mil personas al año han cambiado de lugar de residencia para protegerse de la delincuencia.

Las autoridades federales les ofrecieron a los Ponce cambiar de identidad y, aunque se negaron a borrar su apellido, inventaron una vida. En un país marcado por el relato del narcotráfico, unos rancheros del norte que se mueven en camionetas son sospechosos: Ana Luisa les aconsejó a sus tres hijos que, si les preguntaban por su padre, dijeran que era divorciada. Porque si sabían que su padre había sido asesinado, las habladurías de que eran familia del Chapo Guzmán no pararían. Jacob Ponce solicitó una audiencia con Javier Corral, entonces senador por el Estado de Chihuahua, pero nunca fue recibido. Años después, cuando Corral se convirtió en Gobernador de Chihuahua, los Ponce le preguntaron: “¿Por qué no nos atendiste?”. Jacob recuerda que les respondió: “Porque pensaba que sí estaban involucrados”. A los Ponce los investigaron minuciosamente. Después de sufrir tres asesinatos, un secuestro, amenazas y el exilio forzado, sólo una persona que cometió delitos en contra de la familia cumple condena.

Con el paso de los años, el miedo se convirtió en trauma. La familia no solo se alejó geográficamente. Aunque exigen justicia unidos, aquellas carnes asadas que reunían a más de cien personas en el pueblo se convirtieron en llamadas de teléfono esporádicas. “Tu familia ahora son tus padres y tus hermanos. Olvídate de los demás”, le dijo una prima a la hija de Víctor Ponce, el hermano que vive más aislado. Una noche en su exilio en un pequeño pueblo fronterizo entre dos estados, Víctor culpaba a los narcotraficantes y al Estado. Pero en un momento de la conversación se levantó de la mesa llorando, preguntándose si quizá, si él hubiera hecho algo diferente, los Ponce todavía vivirían en su pueblo.

’Ellos todo lo saben’

Cuando era niño, Víctor Ponce dormía con Sigifredo en la misma cama. “Éramos como gemelos”, recuerda. Pero no pudo acudir al funeral de su hermano. El día que la familia huyó en caravana, él ya se encontraba lejos.

La historia de violencia de los Ponce comenzó en 2010 con el secuestro de su hijo, que lleva el mismo nombre que él, pero al que todos llaman “el Gordo”. Un domingo, sus padres le pidieron que tirara la basura de la tienda porque habían observado que algunos empleados ponían mercancía en las bolsas para robarlas camino al basurero. Antes de que pudiera cumplir con el encargo, unos hombres lo subieron a una camioneta. Horas después, Víctor Ponce recibió una llamada en la que le pedían un rescate de 10 millones de pesos (casi medio millón de dólares).

Los días siguientes, cuando Víctor Ponce estaba en casa, se encerraba en un cuarto con una negociadora de la policía. Cuando salía, iba a preguntar a sus conocidos en el narcotráfico. “Ellos todo lo saben”, dice. En aquel año de secuestros y balaceras, si alguien necesitaba información, la mejor fuente era el propio crimen. Aunque Víctor Ponce estaba convencido de que alguno a los que les pedía ayuda tenía a su hijo. En las llamadas, los secuestradores daban detalles de la zona que solo un lugareño conocería. Víctor y la negociadora consiguieron negociar un rescate menor y al Gordo lo liberaron al tercer día, descalzo, a seis kilómetros de la casa familiar.

No sería la última vez que una camioneta de hombres armados se cruzaría en su camino. El pueblo criminal ya había colonizado al pueblo ranchero. En 2010 se cumplía el cuarto año de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Mientras el entonces presidente militarizaba el país y hablaba de carteles, la violencia en Estación Conchos tenía apellidos: Pichones, Arreola, Gandarilla. El pueblo, como muchas partes de México, vivía a merced de las disputas y pactos entre criminales y autoridades, bajo unos códigos muy alejados del discurso de buenos y malos de Calderón.

Víctor Ponce es uno de los muchos mexicanos provenientes de zonas violentas que, en comparación con la situación actual, tiene cierta nostalgia de los ‘viejos narcos’. Él fue compañero de escuela de los Arreola y admite que su relación era “fuerte, fuerte” antes de que se convirtieran en los “meros meros”. Recuerda que fue en una celebración de un 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, auspiciada por los Arreola, cuando empezó a sentir miedo. En medio de la fiesta se enteró de que habían matado a un hombre del pueblo por tener la misma camioneta que un enemigo. Los sicarios, que disparan antes de preguntar, confundieron el objetivo.

La relación de los Ponce con los Gandarilla, en cambio, era poco amistosa. Unos representaban los viejos valores de los colonos del desierto; los otros, el ascenso rápido de los nuevos tiempos. Los Gandarilla llegaron a la región en los años 70 y desde entonces empezaron las tensiones. Los problemas arrancaron con pequeñas peleas de bar y acabaron con los Ponce expulsados del pueblo. De lo que más se arrepiente Víctor Ponce es de haber hecho un negocio con Félix Gandarilla. Un día, cuenta, un sicario se le acercó para decirle que Félix Gandarilla lo esperaba en su rancho. Allí, este le ofreció un negocio: le pidió que le prestara unos 50,000 dólares y le dijo que se los pagaría con unas 200 cabezas de ganado. Pero pasado el tiempo, lo único que recibió a cambio Víctor Ponce fue una jaula de ganado robado. Cuando protestó, un sicario le amenazó con una pistola para que se callara. El siguiente año y medio, los Ponce hicieron su vida siempre mirando por los espejos retrovisores de su camionetas. Hasta que llegó el 2013.

El 8 de febrero de ese año, el Gordo consiguió escapar de un segundo intento de secuestro cuando viajaba en su camioneta. Su primo Jonathan, que estaba en el asiento del copiloto, murió en ese incidente. Víctor Ponce todavía conserva la camioneta de su hijo con los impactos de bala. Jonathan acabó tan desfigurado que lo enterraron en un ataúd cerrado. Víctor comenzó a hablar con las autoridades: señaló los puntos que, como todo el mundo sabía en el pueblo, eran de almacenamiento y venta de droga. Pero un sábado, el 16 de febrero, recibió una llamada de un amigo: “Los Gandarilla van por ti, te van a matar”. Su familia hizo las maletas inmediatamente. Antes de marcharse, Víctor Ponce llamó a Sigifredo: “¿Sabes qué? Pienso que este pedo es conmigo. A lo mejor retirándome yo se va a calmar toda esta cosa”.

Tres semanas después mataron a Sigifredo.

‘¿Por qué todo me quitan, mamá?’

Un mediodía de noviembre de 2018, Jaime Ponce apuraba una lata de cerveza en el cementerio de Estación Conchos. Su rostro fibroso parecía inexpresivo: se quedó un momento en silencio, pensativo, mirando la tumba de su hermano Sigifredo. “Nos faltó malicia”, murmuró unos segundos después, en su primera visita en cinco años al lugar, “nos faltó malicia”. Al lado está enterrado su padre. Uno de los pocos consuelos de los Ponce en los últimos tiempos es que el patriarca de la familia murió antes de que tuvieran que huir del pueblo. La matriarca sí se desplazó y, antes de morir, pidió que la sepultaran lejos porque no quería descansar en una tierra que ya no sentía suya. “Lo peor es que después de toda una vida de trabajo, de que la gente sepa quién eres, de ayudar, la palabra de un malandro (delincuente) vale más que la tuya”, se lamentaba Jaime.

Unas horas antes, sentado en la cocina de su casa entre fotos familiares, decía que desde el asesinato de su hermano ha vivido con el piloto automático. Primero fue a El Paso, Texas, para pedir asilo político. Después fue al centro del país y de ahí al sureste para acompañar a uno de sus hijos, pero se volvió a mudar cuando se enteró de que ahí, en el centro neurálgico del turismo de masas, muchos negocios también estaban extorsionados. Hace un tiempo regresó a Chihuahua, donde pasa los días sentado delante de la tienda de su hija haciendo guardia. “Yo no me recupero, ya perdimos. Pero ellos (los hijos) tienen que aprender a vivir en la derrota”.

A los Ponce, como a muchos de los desplazados por la violencia en México, les traumatiza la comparación entre el pasado y el presente, entre lo que pudo ser y lo que es. Pero esto no les afecta a todos de la misma manera.

Los más viejos, como Jaime, conviven con la sensación de derrota, de un esfuerzo de toda una vida sin recompensa final. Les queda la fe en la vida eterna, la resignación y una vaga esperanza de justicia. (En marzo de 2019, a partir de un amparo presentado en el caso de la familia Ponce, un tribunal se pronunció sobre la facultad que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para reconocer y registrar a la familia como víctimas de violaciones a derechos humanos debido a su situación de desplazamiento).

Los del medio han rebobinado su vida para construirla nuevamente desde donde habían empezado siendo jóvenes. Ana Luisa, por ejemplo, ha abierto una pequeña tienda de abarrotes en una ciudad en el centro del país, donde lo único que le recuerda a la de Estación Conchos son los frijoles norteños que vende en el mostrador.

Los veinteañeros han tenido que dejar la despreocupación de una vida cómoda y la ambición de crecer el legado de las generaciones anteriores: una de las hijas de Sigifredo ahora es maestra de escuela y su hijo trabaja en la construcción. Los niños preguntan por qué y sus padres no saben cómo explicarles por qué abandonaron su casa, ni por qué mataron a su abuelo y a sus primos. “¿Por qué todo me quitan, mamá?¿Por qué?”, recuerda Claudia Ponce que le preguntó su hija un día en el que uno de sus hermanos le había quitado un carrito de juguete. “Nunca había hecho un berrinche así. Yo pensaba ‘¿Qué le está pasando a mi hija? Esta no es mi hija’”.

Lo que sí saben los adultos es que, cuando el crimen organizado se apodera de una comunidad en México, para salvar la vida solo hay tres opciones: huir, unirse a ellos o armarse. La denuncia, muchas veces, acaba en tragedia, como ocurrió el 4 de noviembre del año pasado cuando nueve miembros de la familia Lebarón, tres mujeres y seis niños, fueron asesinados en la frontera entre el estado de Chihuahua y Sonora. “En un principio yo quería matarlos a todos con mis manos, pero reflexioné y dije: ‘No puedo hacerlo, porque ellos están bien protegidos y nosotros no somos así’. Y entonces dije: ‘Tengo todavía tres hijas, nietos y un hijo’”, recordó Jacob Ponce en su exilio.

El día que lo entrevistamos, una parte de la familia se había reunido para visitarlo en el pequeño pueblo donde ha conseguido un trabajo de funcionario. Vive solo en una casa modesta, sin apenas decoración, donde se refugia cada noche porque, igual que en su pueblo de origen, al atardecer es terreno de sicarios. En la cocina Jacob ayudaba a Noemí, una de sus sobrinas, a preparar la comida. Había ido al mercado y preparado con esmero la reunión familiar, que no se producía hacía demasiado tiempo. Cuando estaba con su familia Jacob bromeaba y sonreía, pero en su cuarto, en soledad, languidecía al hablar del pasado:

“Ahorita acaban de escuchar a Noemí decir que podemos celebrar aquí Navidad y eso le calienta un poquito el corazón a uno. Pero yo no soy de festejar nada. A Gerardo lo mataron a garrotazos como a un perro, luego a Jonathan. Gerardo nació el 24 de diciembre, Jonathan el 23. ¿Y Sigi? También el 23. Yo lo que quisiera es borrar diciembre del calendario”.