Las principales empresas tecnológicas y de comunicación de España han solicitado este miércoles al Congreso que rechace el cambio del sistema de tarifas de los derechos de autor, introducido en un enmienda que el Grupo Socialista del Senado el pasado día 15, durante los trámites para modificar el anteproyecto de ley por el que se modifica el decreto ley 17/2020, de medidas de apoyo al sector cultural para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia.
La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) y UTECA (que agrupa a las empresas de televisión en abierto) consideran que la citada enmienda socialista modifica un punto clave de la ley de Propiedad Intelectual y deja en manos de un órgano adscrito al Ministerio de Cultura (la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual) el determinar las tarifas “sin ajustarse a una metodología previa desarrollada mediante orden ministerial”, como prevé la citada ley. Por ello piden que se rechace dicha enmienda y que la retire del texto que va a ser ratificado en el Congreso este jueves.
Las entidades consideran que la enmienda, aprobada por el procedimiento de urgencia, “nada tiene que ver con la pandemia ni con el objeto de la norma” y suprime un artículo de la ley de Propiedad Intelectual (el 164.4 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,), que “implica eliminar la previsión de que, para la determinación de las tarifas generales de las entidades de gestión, se deba aprobar una Orden Ministerial sobre metodología, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos”.
Las tres asociaciones –que representan a práctica totalidad de las emisoras de titularidad privadas, a las principales empresas de tecnología e innovación digital y a las televisiones comerciales en abierto– sostienen que la potencial modificación del método para fijar las tarifas de los derechos de autor debería canalizarse “a través de un procedimiento legislativo ordinario”, a fin de garantizar un debate parlamentario pleno y “ofrezca a todos los sectores concernidos la oportunidad de participar en un trámite de consulta o información pública”, para lograr “unos principios básicos de equilibrio, equidad y proporcionalidad”.
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