Los detalles de la participación de 18 militares colombianos en el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse, así como su situación, siguen en la sombra. Un mes y diez días después ninguno de ellos tiene asistencia legal, ni han sido repatriados los cadáveres de dos hombres abatidos en una operación de la policía haitiana. “Estamos desesperados, no hemos tenido comunicación directa y sabemos que nuestros familiares corren peligro allá, pedimos el debido proceso y que nos den razón de los cuerpos”, dice a EL PAÍS Nataly Andrade, esposa del coronel Giovanni Torres, detenido en Puerto Príncipe.
El Gobierno de Iván Duque también ha manifestado preocupación por el proceso jurídico de los detenidos y ha enviado este lunes a Haití al viceministro de relaciones exteriores, Francisco Echeverri, para reunirse con las autoridades de la isla “e insistir en asistencia legal para que puedan defenderse”, ha dicho la canciller Marta Lucía Ramírez. La Defensoría del Pueblo, que los visitó a comienzos de agosto, también aseguró que aunque han sido interrogados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la policía haitiana, a los colombianos “no les han permitido hablar con un abogado, ni han sido presentados frente a autoridad judicial”.
La esperanza de los familiares, que se han unido para protestar en la plaza de Bolívar de Bogotá, era un viaje a la isla que quedó en pausa por el terremoto. “La delegación de familiares aplazó su viaje, por ahora, a pesar de que les conseguimos permiso de ingresar”, dijo Ramírez mientras ellos aseguran que Colombia aún no conseguía el acceso a sus parientes. Se sabe que ninguno de ellos resultó afectado por el sismo.
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“Hasta el momento solo hemos recibido una carta que nos trajo la Defensoría del Pueblo y pudimos enviarles algo de ropa, dos camisas, ropa interior y dos pantalones”, dice Andrade. Como otros familiares, cuenta que habló con su esposo un día después del asesinato de Moïse, mientras se refugiaban en la embajada de Taiwán, en Puerto Príncipe. “La última llamada fue aterradora. Se despidió, me dijo que me amaba y que lo iban a matar. Otros de sus compañeros me pedía que los despidiera de sus familias”, cuenta.
Torres sobrevivió pero otros como el exsargento Duberney Capador y el sargento primero, Mauricio Romero cayeron en el operativo y aún no es claro dónde se encuentran sus cuerpos. Según CNN, varias de sus fuentes dicen que los cadáveres fueron movidos.
El informe de la Defensoría también alerta sobre el estado de salud de los capturados a quienes encontró con pérdida de peso; muñecas enrojecidas y arañazos debido al roce con el metal de las esposas, que tienen 24 horas. “Uno de ellos cojeaba y otro no podía sostenerse y tuvo que ser ayudado por su compañero”, se lee en el documento conocido por EL PAÍS. “No cuentan con antibióticos; varios tenían puntos de sutura en sus cabezas que, según manifestaron, se los pusieron cuando llegaron y pasados más de 20 días no se los han retirado. Asimismo, tres de ellos presentaban lesiones de consideración que, por su apariencia, deberían ser tratadas en un establecimiento médico especializado”, indica el informe.
En esa visita, gestionada por la Organización de Estados Americanos (OEA), varios de los exmilitares les dijeron a los funcionarios colombianos que estaban siendo sometidos a torturas. “El temor a perder la vida o ser torturados en una cárcel de Haití se funda en elementos objetivos sobre la situación carcelaria de ese país”, dice el documento firmado por el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Tras el informe, que indicaba que estaban detenidos en un espacio sin luz, los exmilitares fueron trasladados a la penitenciaría nacional de Haití y recibieron atención médica. “Se encuentran en mejores condiciones de salud y están aislados del resto de la población carcelaria en un lugar adecuado”, aseguró la Canciller.
A más de un mes del magnicidio, la investigación sigue llena de incógnitas. Hay al menos 26 detenidos y diez prófugos, en una trama que involucra varios países de América Latina. Los más visibles son los mercenarios colombianos, cuyas familias insisten en que fueron engañados. Según la policía colombiana, al menos dos de ellos sabían del magnicidio y fungieron como reclutadores, el resto, al parecer, creía que prestaría seguridad como guardaespaldas. “Independientemente del nivel de conocimiento que se tuviera, lo que queda en evidencia es que hay una participación de todo ese grupo en ese magnicidio”, ha dicho el presidente Iván Duque.
Los colombianos fueron reclutados por la empresa CTU Security, en cuya sede en Miami se habría realizado una reunión clave para planear el asesinato.”Nosotros esperamos que la empresa nos ponga un abogado para defenderlos”, dice Nataly Andrade, líder de los familiares de los exmilitares. En la isla, fue detenido Christian Emmanuel Sanon, un médico que aspiraba a sustituir a Moïse en el poder, varios policías y miembros de la guardia presidencial y son buscados varios personajes de la política haitiana. Uno de ellos es Joseph Félix Badio, exfuncionario del ministerio de justicia de Haití, que según las pesquisas fue quien dio la orden a los exmilitares para asesinar al presidente; el exsenador haitiano John Joël Joseph, que habría entregado las armas a los mercenarios; el informante de la DEA, Jaar Rodolphe (Dodof); los empresarios haitianos, Desir Gordon Phenil y Ashkard Peter Joseph; así como la jueza de la Corte Suprema, Windelle Coq Thelot.
Sin embargo, para muchos aún faltan claridad sobre las conexiones de los buscados y quien pagó el asesinato. “Solo los oligarcas y el sistema podían matarlo”, dijo a The New York Times Martine Moïse, esposa del presidente y sobreviviente del ataque. En la misma entrevista, aseguró que los mercenarios colombianos “no fueron a jugar a las escondidas” y que ella quiere saber quién puso los recursos y dio la orden. El de los exmilitares, que aún no tienen defensa legal, es apenas uno de los capítulos de la trama judicial y política que envuelve a Haití.
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