Alejandro Fernández, fundador de bodegas Pesquera y el hombre que revolucionó los vinos de Ribera del Duero, falleció el pasado 22 de mayo a los 88 años sin haberse reconciliado con tres de sus cuatro hijas, Olga, Mari Cruz y Lucía, ni con su exesposa, Esperanza Rivera, de 86 años. Desde 2015 y más intensamente desde 2017, las desavenencias entre estas tres hijas y la hermana pequeña, Eva, unida a la separación de los progenitores después de décadas de matrimonio, propiciaron un conflicto familiar que terminó retratándose públicamente con dos bandos diferenciados y un padre pleiteando contra tres de sus descendientes. La versión que el bodeguero dio a EL PAÍS en abril de 2019 fue que sus tres hijas le habían retirado de todos los órganos directivos de las empresas que había creado y que por este motivo reclamaba en los juzgados su parte, que consistía en el 49,72% de la sociedad Bodega Tinto Pesquera que comenzó a crear en 1975.
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Tras su fallecimiento, llegó primero una filtración del testamento y después su apertura oficial. En él, Alejandro Fernández desheredaba a Olga, Mari Cruz y Lucía incluso del tercio de legítima forzoso salvo causa justificada, y dejaba como heredera única y universal a Eva, la única de las cuatro hijas que se posicionó a su lado. También estableció que las nietas que pertenecen a las tres ramas de las desheredadas sean legatarias de la estricta legítima que le hubiera correspondido a sus progenitoras. Él habló del dolor y la estupefacción que le causó este proceso, pero la otra parte, erigida en mayoría para dirigir los negocios de la familia, decidió continuar reestructurando el conglomerado, mejorando la calidad de los vinos y limitando el enfrentamiento contra su padre y su hermana a los juzgados, sin pronunciarse sobre el fondo del mismo.
El impacto que ha provocado que se hayan conocido públicamente los detalles del testamento y la incertidumbre que ha generado en los 120 empleados y en la red de más de 300 distribuidores de los vinos Pesquera les obliga a exponer cuál será su postura respecto a las disposiciones de su padre y a reafirmarse en las declaraciones que hicieron llegar a clientes y amigos a través de un comunicado el 23 de junio de este año: “La continuidad del actual equipo de gestión, así como de los distintos proyectos que venimos desarrollando, están garantizados. A pesar de la profunda tristeza por la que estamos pasando, las políticas empresariales, comerciales y de cualquier índole seguirán el curso de las actividades habituales de nuestra compañía. (…) Queremos aclarar que el único Tinto Pesquera del que podemos garantizar la trazabilidad es el realizado en las instalaciones, viñedos, instalaciones de nuestro grupo empresarial, y por el equipo técnico del grupo de familia Fernández Rivera”.
Respecto al testamento, una fuente solvente próxima a esta parte de la familia afirma que, a su juicio, “es nulo”. Aseveración que tendrá que decidirse por vía judicial, pero que las tres hermanas basan en que no se puede desheredar a los hijos sin motivo (el padre alegó maltrato para hacerlo, una de las causas legales de desheredación) y, sobre todo, en que sus padres se separaron legalmente pero no realizaron el cuaderno particional de la separación, por lo que consideran que no puede legar lo que oficialmente no sabe que le pertenece.
En este punto, la fuente que adelanta la respuesta frente al testamento paterno señala que en el fondo del conflicto hay una “actitud machista de Alejandro Fernández hacia su mujer y sus hijas”. Según este relato de parte, el padre, al que las hijas desheredadas aseguran adorar, era “un hombre de su época, de campo de Castilla, que pensaba que todo era suyo” a pesar de que su esposa, con quien estaba casado en régimen de gananciales, se encargó desde el principio de la gestión empresarial: desde etiquetar botellas a mano cuando comenzaron hasta dirigir el funcionamiento de la bodega, la parte comercial o las decisiones organizativas necesarias en el campo. Las hijas también han participado desde su adolescencia en las tareas de la bodega: “Allí no había vacaciones hasta que se hacía la poda en verde y eso incluía a sus hijas”, detalla una persona que conoce esta parte de la historia. Mientras, Alejandro Fernández elaboraba el vino y también cubría ese lado lúdico de relaciones públicas que en los años ochenta y noventa le convirtió en una figura conocida a la que era frecuente ver retratada al lado de famosos artistas y políticos.
Según expertos jurídicos, un pleito de este tipo puede prolongarse 10 o más años. A los que habría que añadir los de una posible impugnación una vez se establezca el cuaderno particional de la separación del matrimonio y se ejecute la herencia del padre. Tiempos y pleitos a los que se puede sumar la herencia de la madre si fallece durante el proceso, teniendo en cuenta su avanzada edad. En definitiva, litigios que pueden durar varias décadas si no llegan a un acuerdo, pero también un tiempo en el que la parte que dirige ahora la empresa, la madre y las tres hijas que se enfrentaron al padre, podrá continuar con sus proyectos de expansión y mejora de la marca, ya que suman mayoría de las participaciones del negocio.
Respecto al aspecto personal que está en el trasfondo de este enfrentamiento las personas que conocen el sentir de las tres hermanas desheredadas aseguran que “nunca impidieron a su padre la entrada en las bodegas”. “Eva, la hija pequeña y enóloga en aquel momento, fue despedida por mala praxis en la elaboración del vino”, aseguran esas mismas fuentes, “y desde entonces influyó en Alejandro, a quien se llevó a vivir con ella y le fue diciendo que sus otras hijas le querían quitar el negocio. Ella sí tenía prohibida la entrada y, como Alejandro no volvió a presentarse en la junta de accionistas durante dos años, se vieron obligados a destituirle como presidente y nombrar a Esperanza, la madre”, afirman.
Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con Eva Fernández a través de correo electrónico y no ha recibido respuesta. El llamado Falcon Crest de Ribera del Duero parece que será un conflicto de largo recorrido y, de momento, el destino de los 150 millones en los que se valoró el patrimonio familiar —que además de la sociedad vitivinícola incluye propiedades inmobiliarias, olivos, ganado e inversiones fotovoltaicas, entre otras— continuará dirimiéndose en los juzgados salvo que se llegue a un acuerdo similar al que las partes estuvieron a punto de firmar en noviembre de 2020. Una historia familiar cada vez más complicada que, para tranquilidad del futuro de los vinos que tanto amó Alejandro Fernández, parece transcurrir en paralelo al trabajo de la empresa, que continúa centrada en mejorar sus procesos e instalaciones y seguir sacando nuevas referencias, según afirman desde su agencia de comunicación.
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