La aparición de la covid-19 ha obligado el Gobierno a desplegar medidas de distinta naturaleza para evitar un derrumbe mayor de la economía. Hasta noviembre, las acciones lanzadas en ámbito tributario restaron 1.227 millones a Hacienda, según el último informe de recaudación de la Agencia Tributaria.
Este importe, sin embargo, se ha ido reduciendo mes tras mes, ya que en su mayoría responde a aplazamientos en la presentación de las liquidaciones y ampliación de plazos para abonar deudas tributarias. Unas cuotas que autónomos y pymes han ido ingresando. Hasta noviembre, estos dos capítulos restaron unos 790 millones a la recaudación, una cifra muy inferior al máximo de abril, cuando el retraso en la presentación autoliquidaciones y los aplazamientos sumaron 6.818 millones. A finales de diciembre, el Gobierno aprobó un nuevo aplazamiento de las deudas tributarias de hasta 30.000 euros.
A estas medidas fiscales se han ido sumando otras que sí tendrán efectos duraderos. Una de ellas es la rebaja del IVA al 0% para el material sanitario necesario a luchar contra la pandemia, que se mantendrá hasta abril. A esta decisión, que restó 291 millones a la recaudación hasta noviembre, habrá que añadir en el futuro el impacto de la disminución del IVA al 4% para las mascarillas quirúrgicas aplicada en noviembre y la fijación de un IVA del 0% para PCR y vacunas contra la covid-19 aprobada el mes pasado.
También tiene impacto permanente el cambio aprobado en el régimen de módulos. Hacienda flexibilizó para estos autónomos —que tributan en función de determinadas características de su negocio— la posibilidad de pasar a estimación directa, que tiene en cuenta los ingresos y recoge mejor el golpe de la crisis. Esta medida, que se ha ampliado de cara al año que viene, restó hasta noviembre 68 millones a la recaudación, a los que se añaden otros 74 por la decisión de no computar los días de estado de alarma y cierre obligado a los autónomos que siguen en régimen de módulos.
El último informe de la Agencia Tributaria también recoge cambios normativos que no tienen relación con la pandemia pero que han igualmente afectado la recaudación. Entre ellos, un reciente fallo del Constitucional que ha llevado a Hacienda a devolver hasta noviembre 356 millones a las grandes empresas. El alto tribunal anuló en julio de 2020 el decreto que incrementaba los pagos fraccionados del impuesto de sociedades para las compañías con volumen de negocio superior a los 10 millones. Este cambio, aprobado por el Gobierno del PP en 2016, tenía el objetivo de reducir el abultado déficit público. El Constitucional, que no entró a valorar el contenido de la medida, anuló el decreto al considerar que la herramienta utilizada —un decreto ley— no era válida para modificar elementos esenciales de la tributación.
La Agencia Tributaria puso en marcha en septiembre las devoluciones, básicamente los intereses generados por retener de más. En septiembre los reintegros ascendieron a 115 millones, a los que su sumaron 167 en octubre y 74 en noviembre.
Pero lo que de verdad ha mermado la recaudación en 2020 es el golpe que la crisis ha infligido a los principales impuestos. Los ingresos hasta noviembre siguen un 9% inferiores a los de 2019, con fuertes caídas en sociedades, IVA y especiales. El Gobierno estima que en 2021 la recaudación crezca un 13%, al calor de una intensa recuperación cuyo vigor podría perder fuelle por la situación sanitaria, lejos de estar bajo control.
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