Los ciudadanos extranjeros que viven en Rusia tendrán que ceder su huella dactilar y someterse cada tres meses a un chequeo médico para controlar si han contraído el coronavirus, la tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual como el VIH y la sífilis, o también si consumen estupefacientes. La nueva ley, que entrará en vigor el 29 de diciembre, ha sido tachada de racista por la embajada estadounidense, mientras que las empresas europeas temen el éxodo de sus expatriados de un país donde la legislación se ha encaminado a hacer más difícil la estancia del ciudadano foráneo.
La iniciativa establece que todo extranjero con visado de trabajo o estancia superior a 90 días debe hacerse estos exámenes médicos, con la única salvedad del personal diplomático o representante de organizaciones internacionales. “Es la peor ley en la esfera migratoria en 20 años”, subraya por teléfono Timur Beslangurov, socio del despacho legal Vista Inmigration, uno de los más importantes de este sector en el país eslavo. “Llevo dos décadas en esto y ha habido leyes malas para ciertas categorías de inmigrantes o de visados, y también sucedió la marcha masiva de 2014 (por el hundimiento del rublo por la guerra de Ucrania y las sanciones), pero esto es lo peor que he visto”, agrega.
El portavoz de la embajada de EE UU en Rusia, Jason Rebholz, alertó en Twitter “de una nueva regulación xenófoba que está implementando el Gobierno ruso para hacer más difícil a los extranjeros vivir en el país”. Por su parte, una decena de plataformas empresariales, entre ellas la Asociación de Empresas Europeas y la Cámara de Comercio de EE UU, se dirigieron a principios de esta semana a las autoridades para pedir que suspendan la iniciativa, según una carta a la que tuvo acceso The Moscow Times.
El resultado de estas presiones para revertir la ley es aún incierto. La Asociación de Empresas Europeas ha declinado hacer comentarios a este periódico hasta que el Ministerio de Salud clarifique la situación de los expatriados, pues un portavoz del organismo ruso dijo al diario RBK que no será necesario hacerse exámenes médicos “de forma regular”. Sin embargo, la ley promulgada es muy clara en este punto y establece una validez máxima de 90 días para los resultados del chequeo.
“No hay una justificación sanitaria. En Moscú habría que llevar los documentos al centro de migración de Sajárovo, a sesenta kilómetros de la ciudad. Y en las clínicas, las colas también son enormes y duran todo el día para 30 minutos de pruebas. Al final pierdes ocho días al año, dos por trimestre, solo en esto”, afirma Beslangurov.
Empresas y trabajadores expatriados, aunque muchos prefieren no pronunciarse públicamente, están preocupados por la legislación, que además consideran discriminatoria. “La ley complicará los casos de inmigración, y los extranjeros se verán más afectados por tener que hacer visitas personales a las autoridades y clínicas”, ha advertido, por ejemplo, una consultora en un correo a sus clientes.
La nueva norma recuerda a una reforma de 2018. Antes de ese año, los extranjeros ya tenían que registrar el hotel de estancia o el hogar de quienes les invitaban. Sin embargo, el Kremlin endureció la normativa el año del Mundial de Fútbol para facilitar que los rusos pudieran expulsar a sus inquilinos extranjeros, y desde entonces sanciona severamente la falta de registro en la vivienda habitual o demoras en el cambio de alojamiento. El pasado verano, el periodista holandés Tom Vennink fue expulsado por ese motivo.
Una opinión extendida en Rusia es que la reforma de los registros y el nuevo chequeo médico han tratado de imponer barreras especialmente al inmigrante de Asia Central, que al buscar piso se encuentra muchas veces con la aclaración “solo eslavos” en el anuncio. Sin embargo, la política migratoria de las autoridades es contradictoria. Al mismo tiempo que Moscú admite tener un déficit de 200.000 trabajadores de la construcción por la pandemia, su alcalde, Serguéi Sobianin, ha ordenado recortar la presencia de extranjeros en los servicios. En una entrevista concedida a la agencia Ria Novosti, Sobianin presumió de ello: “No tenemos prácticamente inmigrantes en las grandes constructoras y servicios comunales urbanos. Se quedaron al nivel del servicio en viviendas, donde hay bastante trabajo de limpieza en negro y mal pagado”.
Además de perder varios días de trabajo, los chequeos también tendrán un coste prohibitivo para este colectivo. El proceso costaría unos 4.200 rublos (unos 50 euros), mientras que el salario medio de los trabajadores de Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán ronda los 47.000 rublos al mes (562 euros), según una encuesta reciente de la Federación de Migrantes de Rusia.
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