Ampliar al máximo el radio de actuación del ingreso mínimo vital (IMV). Ese es el objetivo permanente que persigue el Gobierno, y especialmente el Ministerio de Seguridad Social, desde que esta renta mínima básica se puso en funcionamiento a mediados del mes de junio de 2020, hace casi año y medio, en pleno azote del coronavirus. La última medida que maneja el departamento de José Luis Escrivá para continuar con la expansión de esta prestación tiene que ver con la creación de un registro de mediadores que acrediten la idoneidad de algunos potenciales beneficiarios a los que no les estaba llegando el IMV. Este registro estará compuesto por Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y gracias a su intervención el ministerio pretende alcanzar a 40.000 personas. Este cambio normativo entrará en vigor por medio de un real decreto y estará en funcionamiento antes de que acabe el mes.
“Desde hace meses venimos acreditando que hay personas a las que no les estaba alcanzando el ingreso mínimo porque les resultaba muy complicado acreditar algunos de los requisitos”, señalan fuentes de Seguridad Social. Es el caso, por ejemplo, de la necesaria presentación del certificado de empadronamiento, que resulta un obstáculo insalvable para las personas sin hogar. Del mismo modo, determinar la existencia de la unidad de convivencia —mediante el libro de familia— también impide que los inmigrantes accedan a la prestación y que aquellos núcleos familiares que comparten el mismo hogar con otro puedan reclamarla por separado.
Con la intervención de las ONG se busca realizar un trabajo de campo con el que llegar hasta estas situaciones y aligerar al mismo tiempo los cuellos de botella que han obstaculizado su tramitación en muchos casos. Este reconocimiento del que dispondrán tendrá carta de veracidad, por lo que aquellas personas o familias inspeccionadas serán inmediatamente receptoras del IMV si las organizaciones consideran que cumplen con los requisitos. El papel de las ONG será, por tanto, trascendental, y por ello Seguridad Social delimitará cuáles pueden ejecutar este papel y cuáles no.
Las condiciones básicas para que estas puedan inscribirse en el registro será que posean carácter estatal; que dispongan de la estructura, capacidad administrativa y técnica suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines; y que cuenten con puntos de atención directos repartidos por todo el territorio. Junto a todos estos requisitos deberán acreditar también una experiencia de al menos tres años de acompañamiento y asistencia a personas en riesgo de exclusión social.
Una vez que las ONG realicen sus escrutinios y los trasladen al Ministerio de Seguridad Social, podrán acompañar en todo el proceso de solicitud de la prestación a los potenciales beneficiarios, aunque no tendrá por qué ser obligatoriamente así.
Paliar muchas situaciones
Los últimos datos de Seguridad Social cifran en 800.000 las personas beneficiarias del IMV a partir del abono de 337.000 prestaciones, que equivalen al 27,1% de las que se han tramitado. Este impacto está muy lejos de los objetivos que se determinaron en su creación: 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas. En la presentación de la medida, el Gobierno señalaba: “El ingreso mínimo vital es toda una política social que se engarza alrededor de una prestación, de forma que, más allá de la ayuda monetaria incluye estrategias de inclusión, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que permitan a las personas en vulnerabilidad transitar a una situación mejor”.
Fuentes del ministerio señalan que se trata de una “prestación viva” y que no es sencillo delimitar su alcance. Por ello, buscan nuevas fórmulas con las que alcanzar a los más vulnerables, y evitar que la pandemia los arrastre hasta la exclusión social. “Las ONG pueden hacer este trabajo de selección y paliar de esta manera muchas situaciones que no se estaban cubriendo”, indican desde Seguridad Social.
El último informe presentado en octubre por Cáritas y la Fundación Foessa como resultado de un sondeo a más de 7.000 personas en España concluye que solo uno de cada cinco hogares pobres que han pedido el ingreso mínimo vital lo está percibiendo. Con la entrada de las ONG se pretende mejorar estadísticas como esta.
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