Sepultado bajo casi una década de violencia, el caso Tlatlaya sigue su camino en los tribunales, entre denuncias de inacción contra la Fiscalía, que a ocho años de la matanza aún no ha conseguido una sola sentencia. Tres militares están presos por el caso, el asesinato de al menos ocho personas en el Estado de México, en 2014, civiles armados que los soldados habrían ajusticiado después de un enfrentamiento a balazos. Las dudas rodean, sin embargo, el proceso, sobre todo en lo que respecta a los jefes militares y su papel en el actuar de la tropa.
Un documento ha condensado dudas y sospechas estos años, un escrito que en la jerga castrense se denomina “orden general de operaciones”, pero que en México la opinión pública conoce como “orden de abatir”. El documento, divulgado un año después de la matanza, señala las directrices bajo las que debían actuar los soldados que patrullaban por la zona del tiroteo en esa época. Una de ellas decía: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Documentos en poder de prueban que la “orden de abatir” no fue una excepción o un error. Las directrices bajo las que actuaron los militares vinculados al caso se repitieron al menos dos veces en esos años. La comandancia del 102 Batallón de Infantería, cuartel al que estaban adscritos los soldados, emitió las mismas instrucciones en junio de 2013 y un año después, en junio de 2014. Estos documentos, que integran el expediente de uno de los procesos por el caso Tlatlaya, nunca se han hecho públicos.
Clara Gómez, testigo y superviviente del caso Tlatlaya. Su hija fue asesinada en la masacre del 30 de junio de 2014.Saúl Ruiz
La mera existencia de instrucciones de este tipo, deudoras de los peores años de la Guerra Sucia, interpela a la totalidad del Ejército. Después de más de una década de operaciones militares contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, ciudadanos, activistas y opositores han denunciado en infinidad de ocasiones mala praxis de las Fuerzas Armadas. Hay decenas de militares y marinos presos, procesados y condenados por tortura, asesinato, desaparición forzada…
En todos estos años, el Estado ha respondido a críticas y denuncias con el argumento de las manzanas podridas. Son hechos aislados, situaciones que no respondían a la misión de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, la orden de abatir sembraba una duda. ¿Se había usado más veces esta directriz en el 102 Batallón de Infantería, cuartel al que pertenecían los soldados? ¿Se había empleado en otros? ¿Había o ha estado vigente en situaciones parecidas a la de Tlatlaya en otras regiones del país, en otro momento? En definitiva, ¿mandos del Ejército mexicano ha animado a sus elementos a matar presuntos delincuentes?
Desde hace tiempo, los abogados de Clara Gómez, víctima indirecta del caso -la hija adolescente de Gómez murió en el enfrentamiento de Tlatlaya- asumían que existían más órdenes de este tipo, sobre todo por la declaración ante la Fiscalía en 2016 del teniente coronel Sandro Díaz. Comandante suplente del 102 Batallón, Díaz era el mando que había firmado el documento, la orden de operaciones del 11 de junio de 2014, con la directriz de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, que regía el actuar de militares vinculados al caso Tlatlaya.
En su declaración ante la Fiscalía, Díaz mencionó que la orden de operaciones era en realidad una plantilla, un documento cuyo contenido se había empleado en otras ocasiones, “un machote”, como él mismo aseguró. El mando dio incluso tres ejemplos de órdenes de operaciones idénticas, una de 2013 y dos de 2014. Él, aseguró, se había limitado a firmar los papeles, ignorando que su redacción implicara problema alguno.
Clara Gómez González en 2015 durante una conferencia de prensa en el Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos.Saúl López (Cuartoscuro)
Este diario posee copia de dos de esas tres órdenes, que integran una de las investigaciones abiertas por el caso Tlatlaya, en la que Clara Gómez figura como víctima. Pese a la mención de Díaz, el tercero no figura en el expediente. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha informado de que “no se localizó”.
En esta indagatoria, Gómez y sus abogados han empujado para que se investigue la cadena de mando del caso. No solo a Díaz, sino al comandante titular del batallón, además de los jefes de la zona y la región militar de las que dependía el cuartel. A lo largo de estos años, la Fiscalía ha tratado de cerrar la investigación en varias ocasiones, privilegiando una paralela, en la que Gómez no figura como víctima. En ese otro proceso, los fiscales ni siquiera han investigado la cadena de mando.
“La Fiscalía prefiere olvidar la investigación en que se pide indagar a la cadena de mando. Prefiere centrarse en otra en la que no escala la responsabilidad más allá de los tres elementos de tropa detenidos”, critican Ivette Galván y César Contreras, abogados de Gómez.
Castro y la redacción
La existencia de esta directriz, más allá del caso Tlatlaya, abre grandes interrogantes sobre el actuar de los militares en la zona en esa época, sobre la interpretación que la tropa le dio a lo largo de los años, además del posible alcance de la orden de abatir en otras regiones del país. Todavía más, el uso de una orden así obliga a preguntarse si ha habido otras parecidas y cuándo y dónde se habrían usado. Finalmente, exige conocer el origen de la orden de abatir, quién la ideó, de dónde salió.
Oficialmente, el Ejército ha evitado pronunciarse al respecto estos años. A reiteradas peticiones de información de este medio, la Sedena ha contestado indistintamente que la información no existía. Por ejemplo, en una solicitud de 2017 se pedía “copia de todos los documentos (…) que contengan (…) la orden citada en el oficio SIIO 10582 (…) orden que (…) contiene, entre otras, las siguientes fracciones: ‘Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Ante la negativa y los posteriores recursos, el caso acabó en un tribunal federal, que acabó dando la razón a la Sedena.
Fotografía de archivo de un rastro de sangre en el lugar de los hechos del Caso Tlatlaya.B. RODRIGUEZ
De manera particular, los mandos vinculados al caso Tlatlaya han tratado de explicar que todo es cosa de un error de transcripción. En el proceso por el caso en el que Gómez es víctima, el comandante titular del 102 Batallón, Raúl Castro, superior jerárquico de Sandro Díaz, declaró que la expresión abatir delincuentes no era correcta, que la correcta era “abatir el índice de delitos”. Castro nunca ha aportado evidencia alguna que prueben sus dichos.
Resulta extraña la declaración de Castro, pues es su firma la que aparece en las dos órdenes de abatir que hasta ahora no se conocían. En ambas, la redacción es idéntica a la que aparece en la orden de operaciones de Tlatlaya: abatir delincuentes y no índices delictivos. Una data del 23 de junio de 2013 y Castro ordena a un subordinado que asuma el control de un “puesto de Mando móvil”. El comandante firmó la siguiente el 29 de junio de 2014, un día antes de la matanza. En esa orden, Castro ordenaba a un subordinado que relevara precisamente al teniente a cargo de los soldados que horas más tarde participaron en el enfrentamiento en Tlatlaya, y la posterior matanza.
Todos son dudas y sospechas alrededor del caso Tlatlaya, la actuación de los mandos y las órdenes que dieron. Ya no es solo el caso en sí, sino todo lo que ocurrió en los meses en que las órdenes de abatir conocidas estuvieron vigentes. Así, entre la emisión de la primera, el 23 de junio de 2013, hasta el 30 de junio de 2014, fecha de la matanza de Tlatlaya, militares y civiles se enfrentaron en al menos 18 ocasiones en el Estado de México, según datos de la propia Secretaría de la Defensa. En los choques, 40 civiles murieron, entre ellos los 22 del 30 de junio en Tlatlaya, y uno más resultó herido.
Aunque no todos los enfrentamientos ocurrieron en el área de influencia del 102 Batallón de Infantería, la mayoría sí. Por ejemplo, uno que ocurrió el 22 de septiembre de 2013 en Luvianos, municipio vecino de Tlatlaya, que dejó tres civiles muertos. U otro que tuvo lugar el 6 de diciembre de 2013, en el mismo Tlatlaya, un municipio muy extenso, puerta de entrada a la región de Tierra Caliente. Ese día, el choque dejó cuatro civiles muertos.
Suscríbase aquí a la newsletter y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
Source link