La muerte de Javier Ordóñez bajo custodia policial en Bogotá, el episodio de brutalidad que detonó la ira ciudadana contra la fuerza pública, comienza a concretarse en consecuencias penales. Después de las múltiples protestas, pacíficas y violentas, que dejaron al menos 13 civiles muertos la semana pasada en la capital colombiana y el vecino municipio de Soacha, las autoridades capturaron este jueves a los dos uniformados que detuvieron a Ordóñez, lo sometieron a incesantes descargas eléctricas y después lo llevaron a un Comando de Acción Inmediata (CAI) donde fue golpeado antes de llegar sin signos vitales a una clínica cercana.
La fiscalía anunció a primera hora del viernes que imputará a los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda los delitos de tortura y homicidio agravado, la más reciente de una serie de medidas en los días de vértigo que han sacudido a Bogotá. La Procuraduría ya los había citado a juicio disciplinario por acto arbitrario e injusto y homicidio, la justicia penal militar había renunciado a llevar el caso al considerar que no corresponde a un acto de servicio y la fiscalía desde un primer momento decidió priorizarlo. El ministerio de Defensa también ha suspendido a otros cinco uniformados para investigar si tuvieron responsabilidad “por acción u omisión”.
“Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución”, señaló el propio ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, durante un debate en el Congreso en el que reiteró su pedido de perdón por las actuaciones de los agentes en ese episodio. El Gobierno, sin embargo, ha hecho una defensa cerrada de la policía como institución en el marco de las protestas, y defendido que la responsabilidad de los crímenes perpetrados por uniformados en esas confusas jornadas —con más de 70 ciudadanos heridos por arma de fuego— debe ser individualizada. El propio presidente Iván Duque visitó el martes un CAI y se fotografió con una chaqueta de la policía en unas imágenes que le valieron una lluvia de críticas por ignorar a las víctimas de abusos.
El video del momento, el pasado miércoles 9 de septiembre, en el que los dos patrulleros descargan en repetidas ocasiones sus pistolas taser contra Ordóñez en la zona de Engativá, en el occidente de Bogotá, inundó las redes sociales y conmocionó al país. En las imágenes, los agentes se arrodillan encima del ingeniero y abogado, padre de dos hijos, a semejanza del episodio de la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Durante más de dos minutos, varias personas graban la escena, en la que se escucha a Ordóñez suplicarles que se detengan. “Me ahogo”, afirma, agitado, en medio de los electrochoques. “Les está diciendo que por favor, los estamos grabando”, les advierten los testigos a los patrulleros, que no se detienen hasta que llegan más uniformados a llevarse a Ordóñez y uno de sus amigos a un CAI cercano.
Esas imágenes, que desataron dos tensas jornadas de protestas y enfrentamientos entre policías y manifestantes, son apenas una parte de los agresiones que al parecer provocaron la muerte de Ordóñez. A diferencia de ocasiones anteriores, la fiscalía ha alegado que la necropsia del cuerpo tiene reserva legal y no será revelada por ahora, pero tanto el abogado de la familia como varias versiones de prensa hablan de múltiples fracturas y golpes que apuntan a una feroz golpiza.
“Nos esposan a Javier y a mí, nos suben a una van de la Policía Nacional, y al interior de esa van sigue la tortura de mi amigo Javier”, relata Wilder Salazar, amigo de Ordóñez que es considerado el testigo clave en el caso, en un testimonio en video conocido esta semana en el Congreso. “Nos trasladan rápidamente al CAI de Villa Luz (…) ahí lo siguen golpeando, lo empujan y lo botan al piso. Él ya se encontraba esposado, estaba totalmente inmovilizado, él no podía hacer absolutamente nada”, prosigue. “Y lo botan a mis pies, esposado, lo siguen agrediendo física y verbalmente. Javier ya casi no se quejaba, hablaba muy poco y yo alcanzaba a escuchar que él tenía mucha dificultad para respirar”, cuenta sobre los instantes previos al traslado a la clínica.
En las 48 horas de caos y disturbios desatadas por la muerte de Ordóñez, que tuvieron como principal blanco los CAI de Bogotá, la alcaldía documentó 119 denuncias de abuso policial. La alcaldesa, Claudia López, entregó al presidente Duque y al procurador, Fernando Carrillo, una hora y media de vídeos como evidencia de que varios policías dispararon indiscriminadamente contra los ciudadanos. El Ejecutivo, que denuncia la infiltración de organizaciones criminales en las protestas, ha subrayado el vandalismo contra más de medio centenar de instalaciones policiales y las lesiones de dos centenares de uniformados.
El uso excesivo de la fuerza y los abusos policiales han irrumpido en el debate público en Colombia desde la oleada de manifestaciones contra el Gobierno a finales del año pasado, convocadas en torno a varias jornadas del llamado paro nacional. Durante esas protestas, un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía mató durante una marcha pacífica en el centro de Bogotá a Dilan Cruz, un joven manifestante que se convirtió en un símbolo. Después de un semestre durante el cual la movilización social quedó relegada por la pandemia del coronavirus, el Comité Nacional de Paro, conformado por sindicatos y movimientos estudiantiles, convocó una nueva jornada para protestar contra la brutalidad policial el próximo lunes.
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