La violenta irrupción de la Policía Nacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima el pasado sábado lejos de amedrentar ha fortalecido a quienes reclaman la destitución de la presidenta peruana, Dina Boluarte. Ocurrió sobre todo con los colectivos universitarios ya no de la capital, sino de las regiones. Grupos de estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco partieron este lunes por la mañana hacia la ciudad. Este martes a primera hora lo harán también delegaciones de la Universidad Nacional del Centro de Huancayo, en el departamento de Junín, en el centro del país. Mientras tanto, en Arequipa, alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín desfilaron por la Plaza de Armas y las principales avenidas de la ciudad blanca pidiendo el cese del conflicto que ya lleva medio centenar de fallecidos, en su mayoría por los excesos de los uniformados, y más de 900 heridos.
Para las primeras horas de la tarde de este martes los convocantes de las movilizaciones han llamado a una gran marcha bajo el lema “Universitarios de todo el Perú, unidos” en la Plaza Dos de Mayo, en el centro de Lima. Pero no serán los únicos a unirse. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) también ha hecho un llamado a todas sus bases para la que se espera que se convierta en la protesta más robusta de los últimos días. Al mismo tiempo, la capital espera un grueso de manifestantes de las regiones de Cajamarca, Apurímac, Lambayeque y Puno, uno de los departamentos más golpeados por la represión de las fuerzas de seguridad.
Agentes de la policía y detenidos, dentro del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el sábado 21 de enero.JUAN MANDAMIENTO (AFP)
El estallido social de las regiones, que comenzó el pasado 7 de diciembre tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo, no cesa. Alrededor de 80 personas atacaron a tres empresas agroexportadoras en Ica, en la costa sur. Quemaron garitas de control y paralizan las actividades laborales. Son 39 entidades públicas, privadas y policiales las que han sido dañadas entre diciembre y enero. Según la Defensoría del Pueblo ayer se registraron movilizaciones, paralizaciones y bloqueo de vías en 27 provincias. Esto es, casi el 14% de provincias a nivel nacional.
En Lima, se registraron momentos de tensión en la avenida Grau, donde se produjo una gran represión de las fuerzas policiales. Se ha conocido a través del diario La República que la Policía Nacional ha realizado un requerimiento inmediato de 665.000 artículos antimotines, entre los que se encuentran granadas y cartuchos con gases lacrimógenos, bombas de estruendo y destello, y perdigones de goma.
Una manifestante afectada por gas lacrimógeno yace en el asfalto, durante una protesta, este lunes.ERNESTO BENAVIDES (AFP)
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Esta situación, que ha colocado a Perú bajo la mirada del mundo, ha despertado la preocupación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya Comisión Permanente se reunirá con la presidenta Dina Boluarte el próximo miércoles. Todo indica que la mujer que sustituyó a Pedro Castillo en el poder participará de la reunión por videollamada.
Respecto a los casi 200 detenidos en el campus universitario de San Marcos que fueron liberados el domingo y que han denunciado una serie de maltratos, el ministro del Interior, Vicente Romero, ha negado que el operativo que contó con más de 300 policías, tanques y un helicóptero se haya desplegado por orden del Gobierno. Es más, dijo que ni siquiera estaba enterado de ese operativo, en un hecho que ha despertado la indignación de un gran sector de la población. “No hubo la decisión política porque esa fue una decisión netamente de la Policía que ha tenido. Yo me he enterado cuando he estado viendo la intervención por televisión. Por delito de flagrancia lo han realizado”, se excusó el ministro. Mientras tanto, los manifestantes están decidido a redoblar el pulso al Gobierno.
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