A la fecha, se han recuperado para el fisco cerca de 30 mil millones de pesos, hay otros casos de grandes empresas que están en proceso y algunos cerca de firmar acuerdos reparatorios, dice Carlos Romero Aranda.
Las autoridades han recuperado a la fecha cerca de 30 mil millones de pesos de los grandes contribuyentes, incluidos 2 mil millones pagados por siete empresas del ramo acerero que en diciembre llegaron a un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda, señaló Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación.
“Las riendas del fisco federal se habían soltado totalmente, lo que estamos haciendo es tomarlas, haciendo lo que dice la ley”, dijo Romero Aranda en entrevista con Aristegui en vivo.
El funcionario negó que los acuerdos con grandes empresas mexicanas y extranjeras, como Wal-Mart, Femsa, IBM, Toyota y otras que le han permitido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuperar cantidades inusualmente altas en México por concepto de adeudos fiscales, constituyan terrorismo fiscal
.
Que los contribuyentes no cumplan o no acaten las disposiciones legales es algo que las autoridades fiscales no pueden permitir, señala, así que la petición es cumplir con lo que dice la ley, y eso, por el contrario, da certeza a cualquier inversionista y contribuyente.
Romero Aranda dijo que estas acciones para acabar con la defraudación fiscal son una instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene que ver con un cambio legal que se hizo en el inicio del sexenio para equiparar la defraudación fiscal con los delitos que vulneran la seguridad nacional y el de delincuencia organizada.
“El Presidente nos ha instruido presentar querellas contra los esquemas de planeación fiscal defraudatorios, es lo que hemos estado haciendo, y los resultados que hemos obtenido han sido considerables”.
Indicó que el delito más común es el uso del engaño o aprovechamiento de errores para omitir total o parcialmente el pago de una contribución, y que se comete con frecuencia cuando se produce la venta de una empresa o de una de sus unidades, en la que se registra un precio de venta menor al real.
“Al momento de hacer un avalúo se encuentra que el precio es 100 veces mayor y se determina el precio omitido”, ejemplifica.
También hay casos de compañías que no registran todas las operaciones que realizan, muchas de las cuales están sujetas al pago del IVA, o están los empresarios o inversionistas que llevan su dinero a paraísos fiscales y no pueden acreditar que pagaron las contribuciones respectivas en ese lugar.
Autoridades coordinadas
El funcionario dijo que en el combate a la defraudación fiscal la Procuraduría Fiscal tiene comunicación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, el SAT que dirige Raquel Buenrostro y la Consejería Jurídica de la Presidencia a cargo de Julio Scherer Ibarra.
“Caminamos perfectamente orquestados”, indicó.
Comentó que había firmas internacionales que simplemente hacían planeaciones agresivas y en sexenios pasados simplemente se sentaban en una mesa, les decían las autoridades fiscales cuánto tenían que pagar, no lo hacían, se iban a juicio y ahí se terminaba todo.
“El presidente nos ha instruido cambiar la cultura tributaria”, expresó Romero Aranda.
Ahora el SAT inicia las auditorias y, si observa que hay omisiones fuertes, se da un primer acercamiento con el contribuyente para invitarlo a pagar, pero si no acepta se le da vista a la Procuraduría Fiscal, que se encarga de formular las querellas respectivas.
Cuando eso ocurre, comenta, los contribuyentes se acercan a decir que mejor sí pagan, y en ese momento se hacen los acuerdos reparatorios, como en los casos de grandes empresas que se han hecho públicos.
Los pagos más altos, de más de 8 mil millones de pesos cada uno, los han hecho Femsa y Wal-Mart.
“Nosotros cumplimos con un principio, no presentamos querellas infundadas, sino solamente cuando tenemos acreditado perfectamente el delito, (por eso) los porcentajes de asuntos ganados son muy altos”, señala el procurador.
Romero Aranda señala que los acuerdos reparatorios se dan hasta que se presentan las querellas penales, es decir, son la solución alterna a una controversia penal.
Las empresas aceptan estos acuerdos porque una vez que son aprobados por el Ministerio Público, tienen como efecto la extinción de la acción penal, sólo que, una vez presentada la querella, ya no solamente tienen que pagar lo que dice la misma, sino todos los adeudos fiscales que tenga el contribuyente.
Por ello, los montos pagados son muy superiores a los que están en la querella, explica.
Otra consecuencia que tienen los acuerdos reparatorios es que se pueden hacer por única vez, añade, lo que significa que si, en otro ejercicio, el mismo contribuyente vuelve a cometer defraudación fiscal, por la cantidad que sea, no puede volver a tener el beneficio de la extinción de la acción penal.
Tendría que ir hasta la sentencia, reparar el daño y llegar a prisión en dado caso, advierte Romero Aranda, y agrega que hasta ahora ninguno de los grandes contribuyentes a los que se han detectado anomalías ha llegado a la cárcel.
“Lo grave de esto es que a partir de 2020 los delitos fiscales por defraudación fiscal califican en términos del artículo 108 del código fiscal para prisión preventiva oficiosa, es decir, si no hay acuerdo reparatorio los contribuyentes tienen que llevar todo el proceso prisión, y ya en la sentencia se ve qué resuelve el juez”.
El Procurador Fiscal agrega que están trabajando varios casos de relevancia como los de las empresas señaladas, y que con algunos están cerca de firmar acuerdos reparatorios.
Contra los despachos
Otro cambio importante que, asegura, es que en lugar de ir solamente contra el Consejo de Administración de la empresa o por quien tuviera la titularidad de la firma electrónica, como se hacía habitualmente, ahora van contra la persona moral o empresa.
Si lo condenan en una sentencia definitiva el efecto es el aseguramiento de la empresa o, en su caso, su disolución o liquidación, es decir, que las consecuencias son mucho mayores. “Es algo novedoso que estamos implementando en las querellas”, destaca.
Dice también que en las estrategias legales incluyen a grandes firmas de abogados dedicados exprofeso al diseño de esquemas defraudatorios para las grandes empresas, llamados eufemísticamente planeaciones fiscales.
“El código fiscal nos permite ir contra los despachos, lo mismo que el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos que abarcar no sólo al contribuyente, sino también a quien hizo todo este tipo de planeaciones fraudulentas”, dice Romero Aranda.