Georges Balandier sostenía que el laberinto no es únicamente un recinto con múltiples entradas y salidas, sino un espacio delimitador entre lo visible –supuesto, conocido, regulado– y lo invisible –velado, desconocido, sujeto a otras regulaciones–. Precisamente, Ecuador parece estar en ese umbral entre las certezas que supuso un más que exitoso plan de vacunación, que según la Cepal ha convertido a Ecuador en el tercer país latinoamericano con la tasa más alta de población inoculada; y lo que se vislumbra, por otro lado, como un terreno de inestabilidad e incertidumbre institucionales. La política transita así entre el encuentro prometido por el Gobierno y el conflicto político y social.
El ascenso de Guillermo Lasso: claves del ‘encuentro’
La elección de 2021 trastocó estructuralmente el escenario de polarización y grieta construido con tanto afán por los sectores correístas y anti-correístas en los últimos 14 años. La irrupción de Yuku Pérez (del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, PK) y de Xavier Hervas (de Izquierda Democrática, ID), acumulando entre ambos un 35% del electorado en la primera vuelta, muestran que la fractura o el binarismo ya no logra explicar la integralidad de la política en Ecuador, evidenciando que el ciclo de polarización puede haber llegado a su ocaso.
Precisamente en la primera vuelta electoral celebrada el 7 de febrero de 2021, el binomio Lasso-Borrero, de la alianza conformada por el Movimiento Creando Oportunidades (CREO) y el Partido Social Cristiano (PSC), obtuvo el 19,74% de los votos, frente al 32,72% del binomio Arauz-Rabascall de la alianza Unión por la Esperanza (UNES). Con este resultado, el triunfo de la opción de derecha en el balotaje era un escenario poco esperado. Los consultores presagiaban que, a menos que operara un cambio radical, que ensanchara el discurso y diversificara las ofertas electorales de Lasso, no habría manera de ganar al adversario de Revolución Ciudadana que debía crecer en un 17% frente al más del 30% que debía escalar el binomio Lasso-Borrero.
Fue aquí donde el hoy primer mandatario dio un giro a su campaña mediante una estrategia centrada en el diálogo con diferentes sectores bajo el lema del encuentro que, al mismo tiempo que buscó modernizar la imagen de un candidato conservador y banquero, intentó proyectarlo como el hacedor de un proceso de concertación que podía poner fin a la confrontación y a la fractura.
Lo que hizo posible el triunfo de Lasso (52,36% frente al 47,64% de su contrincante) no fue precisamente la sola adhesión del electorado a su plan de gobierno, sino sobre todo la estrategia de correr su posición ideológica hacia el centro con la incorporación de otras demandas y reivindicaciones que lo alejaron discursivamente de la propuesta inicial y lo acercaron a un electorado que no quería votar más por una fórmula que proviniera de la Revolución Ciudadana liderada por el expresidente Rafael Correa.
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Sin embargo, en sus primeros meses de gobierno Lasso no cimentó su legitimidad lograda en la segunda vuelta, pues lejos de incorporar una pedagogía que tradujera en políticas gubernamentales las propuestas planteadas cuando candidato, especialmente en lo referente a atender las necesidades de poblaciones históricamente excluidas, se ha retrotraído a su vieja posición de conservadurismo fiscalista, provocando una temprana desafección con su propia base electoral. El súbito desplome de su credibilidad, que en menos de tres meses habría pasado del 70% al 28%, muestra que, además de la certeza de un más que exitoso plan de vacunación, la debilidad del Gobierno se acentúa.
Des-encuentro inevitable como consecuencia del ajuste
Dos de los primeros pasos que el Gobierno dio en la arena legislativa fueron la presentación de una proforma presupuestaria de 2021 con recortes en materia social (reducción de las transferencias a favor de la seguridad social de los 2.336 millones de dólares en 2020 a los 2.107 millones en 2021) así como la presentación del proyecto bandera gubernamental, denominado Creación de Oportunidades para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. En él se incluye una mayor laxitud en el ámbito laboral mediante la creación de un régimen paralelo al vigente Código de Trabajo. Los sindicatos han sostenido que la propuesta creará más empleo precario en lugar de aumentar el digno.
Esta política de recortes, así como la flexibilización laboral, han provocado una reacción del Legislativo y de la población en general. El neoliberalismo tradicional, caracterizado por la retirada del Estado de la actividad económica, la restricción de la agenda social, la liberación de precios y el establecimiento de tasas impositivas preferentes para los grupos económicos, entre otras, no parece ser la mejor vía para la consolidación institucional y la garantía de derechos en un momento de alta precariedad social.
El Gobierno aún no ha logrado dimensionar su propia realidad y, sobre todo, sus propias limitaciones derivadas, en buena medida, de tener minoría en el Legislativo, con sólo 12 de los 137 asambleístas. El discurso de un Ejecutivo a-histórico, a-político y exento de conflicto empieza a ser una retórica muy lejana a la realidad de turbulencia, vértigo y disputa política.
Por ello, no parece sensato que, teniendo la pretensión aún incierta de una consulta popular o de muerte cruzada (anticipar elecciones presidenciales y legislativas), el presidente Lasso ponga su capital como escudo para persistir en políticas de ajuste estructural. Aquella concatenación de equivalencias que llevaron a Lasso a la Presidencia se está resquebrajando aceleradamente, pues la promesa de un Gobierno de “concertación” y de “diálogo” está disolviéndose al calor del ajuste.
Un gran laberinto de inestabilidad y conflicto
En medio del debate público sobre los trasfondos de las propuestas de reforma laboral y tributaria, salió a la luz la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij) llamada ‘Papeles de Pandora’, que relacionan al presidente Lasso con la constitución de 14 sociedades financieras en paraísos fiscales (Panamá y Estados Unidos). Más allá de la legalidad o no de estos movimientos, esta investigación ha provocado que el mandatario pierda credenciales éticas para liderar una eventual reforma tributaria en medio de cuestionamientos sobre una eventual evasión fiscal. A esto se suma la crisis humanitaria que se vive en las cárceles del país, y que recientemente cobró la vida de 118 internos en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.
Estas matanzas, en particular, y el contexto económico que vive Ecuador, en general (seis millones de personas bajo los niveles de pobreza y más de dos millones y medio en situación de pobreza extrema) colocan en el debate público el propio carácter del Gobierno para reaccionar frente a una crisis. Naomi Klein sostiene que la doctrina del shock ideada por Milton Friedman se despliega con la existencia de una crisis (real o percibida) sobre la cual operaría un “cambio verdadero”. Justamente, Lasso ha sido especialmente enfático en posicionar la magnitud del problema económico, al admitir que sólo tres de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal y enfatizando que la mayoría vive en el desempleo, el sub-empleo y la informalidad. La solución planteada por el Gobierno radica en la aprobación de la reforma tributaria, laboral y de atracción de inversiones; una alternativa que, bajo la doctrina del shock, buscará mantenerse latente hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable.
Sin embargo, una política vertical de imposición gubernamental será asumida por los actores políticos y sociales como una clausura deliberada de las instancias de diálogo y acuerdos ofrecidas; un escenario complejo si se considera que los nudos críticos del estallido de octubre de 2019 no fueron procesados o desactivados, sino únicamente dispersados a consecuencia de la Covid-19 y de una dinámica pre-electoral que aplazó un tratamiento contencioso del conflicto que hoy empieza a instalarse. Frente a ello, y a pretexto de combatir la delincuencia, la reacción del gobierno ha sido la expedición del Decreto Ejecutivo N. 224 que declara el estado de excepción en todo el territorio nacional por grave “conmoción interna”, una medida dirigida a extender y relegitimar el uso de la fuerza para controlar el “orden público” a través del despliegue de las Fuerzas Armadas, lo cual prefigura que la aplicación del plan económico se sostendrá con represión y no con diálogo.
Finalmente, las medidas implícitas en el plan económico del Gobierno no provienen de su sola inspiración, sino que obedecen a las condiciones marcadas por el Fondo Monetario Internacional, algunas de las cuales deberían cumplirse este mismo año y que incluyen al menos cinco condiciones: reforma tributaria, reforma laboral, reducción del gasto público, racionalización del gasto corriente y recortes del gasto por subsidios. El tránsito hacia la consecución de estos propósitos dará paso, sin duda, a una nueva etapa para el Gobierno marcada por la inestabilidad política y la revuelta social, en el contexto de una compleja crisis económica. En suma, el gobierno está ya ocupando el espacio laberíntico donde prima lo aleatorio y lo incierto.
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