Alfredo Figueroa refirió que el problema central radica en la corrupción y que en el caso mexicano reside en los enormes márgenes de impunidad que se tienen en el país.
Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal, y Alfredo Figueroa, ex consejero electoral del IFE, coincidieron en que la Ley de Amnistía que se prevé sea aprobada por el Senado este año no derivará en la pacificación del país.
En la Mesa de Análisis de Aristegui en Vivo, Reyes Orona y Figueroa sostuvieron que, hasta que no sea eliminado el sistema de “injusticia” que impera en México, la crisis de inseguridad no será resulta.
La aprobación por parte del Senado de la Ley de Aministía, así como la regulación del uso lúdico del cannabis y reformas como la judicial, electoral y financiera, son algunos de los asuntos legislativos que Ricardo Monreal anunció en un tuit a finales de diciembre como las prioridades de la Cámara alta en el 2020.
Pendientes para el próximo periodo legislativo: amnistía; fuero; cannabis; outsourcing; reformas judicial, electoral, financiera; economía circular; bienestar animal; derecho al olvido y a la verdad; libre desarrollo de la personalidad y leyes secundarias al art. 19, entre otros.
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 28, 2019
Reyes Orona consideró que Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), está capitalizando algunas propuestas legislativas que tienen un impacto electoral en un año tan importante como lo será el 2020.
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Añadió que, si bien la razón de ser de cualquier ley de amnistía es evitar la criminalización que no tiene una relación delictiva propiamente; en México su causa es diferente, ya que esta tiene que ver con la saturación de cárceles.
“Ciertamente en las cárceles existen muchas personas que son víctimas de todo un proceso de violencia que se dio en el país en la que el crimen organizado utilizó y abusó de personas para distribuir sustancias entre la población. Pero también se tiene que ver que hay miles de personas que se encuentran recluidas sin sentencia de culpabilidad o inocencia y eso es reconocer que México es un país injusto y tiene una mala o inexistente política carcelaria”, dijo durante la Mesa de Análisis de Aristegui En Vivo.
Reyes Orona manifestó que la Secretaría de Gobernación (Segob) ha sido incapaz de establecer un mecanismo de readaptación, ya que no existe una correcta inversión ni planificación del sistema penitenciario.
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Por lo anterior, advirtió que el problema de fondo no se resolverá liberando personas que han sido víctimas del crimen organizado hasta que no se evite que México sea un país injusto. Acusó que el problema central está en el Poder Judicial que sigue sin un Consejo de la Judicatura Federal eficaz e imparcial.
“Las cárceles se hacinan porque muchas personas no tienen sentencia o son condenadas injustamente, porque no hablan el idioma en el caso de indígenas…”, acusó.
Al respecto, Figueroa expresó que el proyecto de Ley de Amnistía ha sido poco explicado y no se sabe con suficiencia lo que el gobierno pretende atajar o atender.
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“Me parece insuficiente suponer que el problema de la paz en el país puede resolverse a la luz de esta circunstancia. Me parece que el tema fundamental para poder atajar el este asunto es una reforma integral, la reforma al Poder Judicial”, apuntó.
Para Figueroa la Ley de Amnistía debe integrarse a un conjunto de transformaciones que muestren una clara estrategia para atender el tema de la paz y de la injusticia en la que muchos mexicanos se encuentran, “particularmente aquellos que se encuentran en la cárcel porque no han tenido derecho a una debida defensa, porque han estado o entrado a la cárcel por condiciones de exclusión y desigualdad”.
“Si no incorporamos el concepto de construcción de un proceso de justicia transicional será imposible que con estas leves medidas podamos estar en un proceso de transformación auténtica de la República”, expuso.
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De acuerdo con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, los beneficiarios de la Ley de Amnistía serían mujeres que aborten y los médicos, cirujanos, comadronas, parteras, u otro personal autorizado de servicios de salud.
También personas en situación de pobreza de exclusión, extrema vulnerabilidad, discriminación, de discapacidad, cuando el delito contra la salud se haya cometido por indicación del cónyuge, pariente o la delincuencia organizada.
Drogadictos que no son delincuentes, pero que tenían hasta el doble de la dosis máxima autorizada, sin fines de venta. A personas que cometan robo simple y sin violencia que no amerite cárcel por más de 4 años, y a quienes incurran en el delito de sedición, siempre que no se trate de terrorismo.
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Reyes Orona aseguró que la Ley de Amnistía no evitará que estas personas sigan cayendo en esa situación, ya que a su parecer, “simplemente harán limpia, sin embargo nada se hace para que estas personas no caigan en esa situación en los años venideros”.
“Ley de Amnistía va a ser un alivio, un mejoral para un problema mucho mayor, el estado de injusticia es el que no se va a reparar”, subrayó.
Por su parte, Alfredo Figueroa refirió que el problema central radica en la corrupción y que en el caso mexicano reside en los enormes márgenes de impunidad que se tienen en el país, “una corrupción que no es castigada”.
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“Cuando el Estado falla en su capacidad de castigar a aquellas personas que se encuentran al margen de la ley, lo que hace ese favorecer a un sistema en donde hay un estado de impunidad en el país”, acotó.
Ante esto, indicó que hay tres aspectos en los que se debe trabajar: un proyecto de fiscalía suficientemente sólido desde el punto de vista legal y presupuestal; una reforma al Poder Judicial para que no exista un CJF que sea juez y parte, sino independiente y un proyecto integral que valore cómo es que el país está encarando el problema de la violencia en todos los territorios que se encuentran secuestrados por el crimen organizado.
Reyes Orona agregó que la Ley de Amnistía no tiene razón de ser y que en su lugar deben modificarse las Causas Excluyentes de Responsabilidad.
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“Esa es una modificación al código penal, es decir, la justicia. Si la tuviéramos, lo que tendrían que hacer los órganos jurisdiccionales es analizar cuándo no debe aplicarse responsabilidad porque hay situaciones o circunstancias que excluyen de responsabilidad al sujeto. Lo mismo sucede con la cannabis, si nos metemos a una guerra de sustancia no vamos a acabar jamás porque hoy es la cannabis y luego será otra droga lúdica que sea diseñada en un laboratorio. Se tiene que hacer el análisis por la vía de las causas no por una ley de amnistía, no por despenalización de una sustancia que ahora se considera lúdica porque la intención del sujeto es subjetiva nunca se sabe cuando se consume de manera lúdica o no”, finalizó.