El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Ley minera, aprobada el pasado fin de semana por senadores morenistas, solo afectará a nuevas concesiones y no a las empresas que ya están instaladas.
“Esta nueva ley aplicaría para las nuevas concesiones. Ya ni siquiera es para lo que las que ya estaban”, declaró este jueves durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
El mandatario afirmó que la reforma se detuvo en Senado de la República para revisión. Relató que algunas compañías estaban inconformes con tiempo de concesiones, el cual se reduce a 30 años la duración de los permisos, con una prórroga de 25 años. Sin embargo, aclaró que esta fue finalmente aprobada.
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Durante el pasado fin de semana, senadores morenistas y aliados aprobaron la reforma a la legislación minera del país, que incluye limitaciones a las concesiones y reduce sus plazos, endurece permisos de extracción de agua y fija la devolución de algunos beneficios.
México es el primer productor mundial de plata y uno de los mayores de cobre y oro. Desde que AMLO asumió el cargo a fines de 2018, se ha negado a ofrecer nuevas concesiones mineras, argumentando que los gobiernos anteriores dieron demasiadas.
Mientras que la ley otorgaba las concesiones mineras por 50 años con derecho a prórroga, la nueva legislación, reduce a 30 años la duración de los permisos, con solo una prórroga de 25 años, tras la que las empresas deben volver a concursar. No obstante, suaviza las expectativas del proyecto original impulsado por López Obrador, que preveía solo 15.
Además, las reformas obligarían a las compañías del sector a devolver al menos el 10% de los beneficios a las comunidades y a revelar el impacto de sus operaciones.
También prohibe la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.
Por último, permite que el Gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante un concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de facilitar la revocación de la licencia por daños al medioambiente.
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