El Estado de Arkansas ha aprobado este año una ley que prohíbe prácticamente cualquier aborto, salvo aquel necesario para salvar la vida de la madre en una urgencia médica, y no contempla excepciones para víctimas de violación o incesto. También se ha convertido en el primero que impide los tratamientos hormonales o de reasignación de género a menores de edad. Y el segundo en vetar a estudiantes transgénero para los equipos femeninos deportivos. Antes lo había hecho Misisipi, que también tiene su propia batalla contra el aborto pendiente en el Tribunal Supremo, y está pendiente de hacer lo propio Texas. Mientras, Oklahoma ha dado luz verde a una norma para garantizar inmunidad a los conductores que maten o hieran a un manifestante si alega que huía de un disturbio. Y Montana, Iowa y Tennessee, entre otros, han lanzado otra para llevar armas encima sin licencia.
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En las elecciones del pasado noviembre, los demócratas recuperaron la Casa Blanca y el control fáctico del Senado, pese al empate numérico, gracias al voto de desempate que corresponde a la vicepresidencia, que en este caso ocupa Kamala Harris. También, aunque perdieron escaños, mantuvieron la mayoría de la Cámara de Representantes. Y pusieron en marcha la agenda más progresista en décadas.
Al mismo tiempo, en esos mismos comicios, los republicanos reforzaron su poder en las Cámaras estatales y han lanzado desde entonces una ofensiva legislativa que puede revertir derechos sociales que parecían consolidados.
En un país eminentemente federal como Estados Unidos, viajar de un territorio a otro se asemeja a cambiar de galaxia en algunos terrenos. Un total de 19 Estados han impulsado restricciones al aborto este año, según un recuento del Instituto Guttmacher; otra decena apuntan al colectivo transgénero, esencialmente por su participación en el deporte estudiantil; casi una veintena han introducido leyes que endurecen los requisitos para votar y cinco han aprobado límites en el modo de enseñar la historia del esclavismo en Estados Unidos, entre otros frentes.
Miles M. Coleman, analista del Centro de Política de la Universidad de Virginia, señala que este es el tipo de asuntos que puede movilizar al electorado republicano independientemente del momento que atraviese la economía. “Para los republicanos, con los demócratas gobernando [en Washington], es una manera de demostrarle a los votantes que pueden conseguir que se hagan cosas”, apunta. Mucho de lo ocurrido en las urnas en 2020 le recuerda a la victoria de Barack Obama en 2008 y la revancha republicana en las elecciones legislativas de 2010. A su juicio, “los demócratas se volvieron complacientes, creyeron que habían derrotado a los republicanos para siempre. Esta vez, los republicanos pueden sentirse decepcionados de las derrotas a nivel nacional pero han recuperado escaños en la Cámara baja y han aumentado su poder en los Estados”.
Los demócratas no consiguieron cambiar el color político de ninguna de las Cámaras legislativas estatales. Los republicanos controlan tanto la alta como la baja en 30 de ellos (frente a los 18 demócratas) y en 23 gobiernan las tres patas del poder (la gobernación, la asamblea y el Senado), según los datos de Ballotpedia, una base de datos de referencia. Antes de noviembre tenían dos menos de estos tridentes, mientras que los demócratas se mantuvieron con 15.
Buena parte de las leyes nacen ya con un destino seguro: los tribunales. La de Arkansas contra el aborto ha sido bloqueada de forma cautelar por un juez este mes de julio mientras se resuelve el pleito sobre su constitucionalidad. La gran organización en defensa de los derechos y libertades civiles en Estados Unidos (conocida habitualmente por sus siglas en inglés, ACLU) ha impulsado infinidad de demandas en diferentes Estados para tratar de frenar esta ola conservadora, desde las restricciones de voto en Georgia o Tennessee, el veto de los tratamientos transgénero en Arkansas y la mayor parte de legislaciones que limitan el acceso al aborto.
Arizona, por ejemplo, acaba de aprobar una ley que prohíbe el aborto cuando el motivo es alguna malformación o problema genético, como el síndrome de Down, y Texas a partir de las 20 semanas de gestación. Los políticos que impulsan las normas más radicales son conscientes de que acabarán contestadas ante los jueces y el objetivo de fondo es lograr que el Tribunal Supremo vuelva a pronunciarse sobre este derecho. Lo bendijo por primera vez en 1973, con la famosa decisión del caso Roe contra Wade, pero bajo un argumento, el del derecho de la mujer a la “privacidad”, que abre la puerta a volver a discutirlo.
La máxima autoridad judicial ha aceptado analizar la constitucionalidad de la ley de Misisipi, que prohíbe el aborto después de 15 semanas de gestación, y la decisión puede alterar casi 50 años de jurisprudencia en la materia.
El guion se repite en múltiples frentes. Estados de legislatura monocolor aprueban leyes detestadas por la oposición con el rodillo de su mayoría y estas acaban dirimidas ante los jueces. Rick Tyler, analista republicano y antiguo estratega del senador texano Ted Cruz, señala un cambio de estrategia electoral de fondo: “Los republicanos creen más fácil ganar las elecciones movilizando con fuerza a sus bases que tratando de ganar a los indecisos o moderados del partido contrario”, señala. De ahí la efervescencia de las llamadas guerras culturales, que consisten, en ocasiones, en reabrir el debate sobre derechos adquiridos.
Un gobernador demócrata -o simplemente un republicano moderado- puede tratar de frenar una iniciativa de los legisladores conservadores de su Estado, como ha ocurrido en Luisiana. El gobernador, el demócrata John Bel Edwards, vetó en julio el proyecto de ley de sus legisladores para vetar a niñas transgénero en los equipos de deportes femeninos de la escuela. En Arkansas el gobernador, Asa Hutchinson, es republicano, pero más moderado, y trató de impedir esa misma norma, pero las Cámaras anularon su veto con una nueva votación.
Estados Unidos, que vive en una permanente campaña electoral, ya mira hacia los llamados comicios de medio término, las legislativas de noviembre de 2022, que resultan decisivas para estas batallas. Rick Tyler advierte de que no está claro quién gana la apuesta: “Son asuntos que pueden movilizar mucho a la base conservadora, pero también la reacción del resto de votantes, en ese dilema se deciden las cosas”.
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