El subsecretario Alejandro Encinas consideró que la liberación de El Gil “sentará precedente para que se le aplique sentencia absolutoria a los demás implicados”.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, reveló que 53 de los 142 presuntos delincuentes que se detuvieron por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ya se encuentran en libertad. Entre ellos se encuentra Gildardo López Astudillo, alias El Gil, presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos, quien era señalado de ordenar el levantamiento y asesinato de los estudiantes; quedó libre el pasado 2 de septiembre.
Durante la conferencia matutina, detalló que esto se debe a que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, desestimó 63 de las 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones previas que abrió la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Señaló que se acreditaron una serie de violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad, al detectarse: 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia; 29 casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes; 26 casos de exceso en el cumplimiento de una orden de presentación; 22 detenciones ilegales por haber sido ordenadas de forma irregular; 13 casos de dilación indebida en la puesta a disposición; 6 casos de violación al derecho a la defensa adecuada; y 1 caso de incomunicación.
Sobre El Gil, Encinas explicó que Samuel Ventura Ramos, juez primero de Distrito en procesos penales federales en Tamaulipas, denegó 44 pruebas que buscaban acreditar delito de secuestro, ya que consideró que se habría aplicado el delito de tortura. Esto, dijo, “a pesar de que la PGR de entonces hizo el examen médico, conocido como Protocolo de Estambul, que acreditaba que no había sido torturado”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que este es un antecedente muy grave porque se trata de una sentencia absolutoria a favor de un de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada.
“Y lamentablemente no es el único caso, sentará precedente para que se le aplique sentencia absolutoria a los demás implicados y fortalece una tendencia que ya se había registrado con otros detenidos”.
En cuanto a las 142 personas que habían sido arrestadas por este caso, Encinas declaró que 67 eran civiles que presuntamente pertenecían a Guerreros Unidos, 55 eran policías de Iguala y 20 eran policías de Cocula. Los principales delitos por los que habían sido acusados eran delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud, delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos previstos en la Ley General de Secuestro.
Encinas exhortó a la Fiscalía General de la República a redirigir la investigación, subsanar las omisiones y permitir una investigación diligente “para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición”.
Y adelantó que el gobierno federal iniciará ante la FGR y el Consejo de la Judicatura Federal los recursos legales correspondientes para que comiencen procesos e investigaciones correspondientes contra los jueces, ministerios públicos y los funcionarios responsables de haber alterado el debido proceso en esta investigación.
Cuestionado sobre si estas indagatorias llegarían hasta Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, Encinas indicó que “en el momento que se acrediten no solamente las violaciones al debido proceso, sino la fabricación o sembrado de pruebas en la formulación de la “Verdad Histórica”, va a alcanzar a todos los responsables de este dictamen que emitió la PGR”.
En las averiguaciones tampoco se descarta a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ni al propio juez Samuel Ventura Ramos, de quien dijo “tendrá seguramente una gran interpretación de la ley, pero no podrá explicar este acto de injusticia con las víctimas”.
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