Para Artículo 19, en México, la realidad social, política y económica es, incluso, cruenta. Y hoy, la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información no es mejor que ayer…
La Oficina para México y Centroamérica de este organismo defensor de la libertad de expresión presenta hoy en redes su informe anual, Distorsión: El discurso contra la realidad.
En el informe, Artículo 19 defiende la libertad de expresión como clave para el desarrollo, la dignidad y la realización de cada individuo.
“Las personas pueden comprender su entorno y el mundo al intercambiar ideas e información con otras y otros en plena libertad. En cuanto a las identidades colectivas, permite reafirmarlas y poner en el espacio cívico las necesidades y demandas históricas de los grupos sociales, particularmente los vulnerados por todo tipo de violencias”, señala el documento.
Las personas, individual y colectivamente, se sienten más seguras y respetadas si pueden decir lo que piensan, agrega.
En el ámbito gubernamental, la libertad de expresión garantiza la rendición de cuentas, al permitir que la ciudadanía debata y plantee libremente a las autoridades sus preocupaciones, incluidas la protección y promoción de otros derechos humanos. También permite realizar un escrutinio popular sobre la cosa pública.
“En el año de la pandemia, la degradación del debate público y los mecanismos de censura se mantienen y agudizan. La emergencia sanitaria mundial desnudó nuestras desiguales y excluyentes sociedades”, dice. “Los anclajes autoritarios se reactivaron y tomaron formas más sutiles, pero no por ello menos dañinas para el espacio democrático”.
En 2018, señala el informe, tuvo lugar un hecho histórico en México. Mediante el ejercicio del derecho al voto, la ciudadanía optó por un cambio radical en la manera de hacer política y en el proyecto de país que queremos. Fue un “¡no!” pacífco, digno, contundente y hasta festivo al pacto de silencio e impunidad. Fue un rechazo a la corrupción como forma de gobernar y a la opacidad como escenario acostumbrado del quehacer institucional.
“Ese día se configuró un mandato que, en su discurso, prometió acabar con la desigualdad y la exclusión, las violencias estructurales que padecemos desde hace siglos”.
Para lograr lo anterior, los derechos de libertad de expresión y acceso a la información se erigían, y lo siguen haciendo hoy día, como derechos instrumentales, básicos y primordiales.
“Es evidente que la realidad contrasta con las declaraciones triunfalistas de que ‘ya no se violan derechos humanos’, cuando el hecho es que siguen ocurriendo violaciones graves, con su secuela de consecuencias nocivas para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación“, sostiene el documento. “El gobierno federal se ha dedicado a acotar la reparación del daño a las víctimas de tales violaciones al aspecto simbólico”.
El informe da cuenta de cómo se mantienen las preocupantes tendencias evidenciadas en 2019. Los derechos de libertad de expresión e información fueron vulnerados de diversas formas, condicionando así el ejercicio de otros derechos humanos. Durante la pandemia —pero como responsabilidad directa del quehacer gubernamental a distintos niveles—, se consolidaron en el segundo año de la actual administración el miedo, la opacidad, la impunidad y la negación de la atrocidad.
La desinformación, proveniente de diversas fuentes (incluso gubernamentales), abonó a una polarización que intoxica el debate público, explica.
“Este año también vimos cómo el virus SARs-CoV-2 mostró la cara más dolorosa de la precariedad laboral, la falta de garantías institucionales del derecho a la salud, la ausencia de información pertinente para comunidades y pueblos indígenas, y el recrudecimiento de la violencia doméstica contra las mujeres”.
Es aquí donde opera la distorsión, afirma. Con la deformación de la realidad a través del discurso. Una realidad escurridiza, cruda y dura, que pretende someterse a los contornos de una retórica que la tergiversa y manipula.
Leopoldo Maldonado, Artículo 19
A lo largo del informe, muestra cómo los dichos de quienes encabezan un gobierno que promete una gran transformación de la vida pública son la estrategia para no aceptar, corregir y encauzar un proceder que garantice y proteja de manera plena y robusta la libertad de expresión y el derecho a la información.
La obsesión por la disputa en el terreno narrativo tiene consecuencias severas sobre tales derechos, dice.
“Es así que revisamos la tergiversación de un ejercicio plausible, como las conferencias de prensa matutinas del presidente, convertida ya en un arma de gobierno. Con el tiempo, la ‘mañanera’ se ha alejado de ser un verdadero espacio informativo, de transparencia y rendición de cuentas, para convertirse en uno donde se concentra y posiciona la agenda del Ejecutivo a cualquier costo, incluso sacrificando la verdad sobre el desempeño gubernamental”, sostiene.
Prácticamente, se persigue que en la arena pública la única voz que se escuche sea la del primer mandatario, afirma, y la información que contrasta y desestima sus dichos es negada mediante artilugios legales.
📣 ¡NO TE LO PIERDAS!
¿Cuál fue el escenario para el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información en 2020?
Conócelo en la presentación de #Distorsión, el discurso contra la realidad.
🗓️ 23 de marzo | 10:00 h
🎦 Redes de A19 pic.twitter.com/9DTD1Vqz7W— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) March 17, 2021
Al lado de esta nueva forma de comunicar, de concentración y clausura de la información, se mantienen resabios de ese autoritarismo al que se dijo: “¡no más!” en 2018, por ejemplo, la asignación opaca de publicidad oficial como censura sutil y los cuestionables acuerdos para condonar tiempos fiscales a las empresas de radio y televisión.
“Con 692 agresiones contra periodistas, una cada 13 horas, es difícil creer que estamos en la circunstancia óptima para el ejercicio de la libertad de prensa. Por ello, la caracterización negativa que el presidente y algunos integrantes de su gabinete hacen de la prensa tiene un peligroso efecto en cascada, que se reproduce y recrudece a nivel local a manera de hostigamiento, amenazas y uso ilegítimo del poder público en contra de las y los periodistas”.
En este contexto, dice, el año pasado asesinaron a seis periodistas debido a su profesión, que en total suman 17 en el presente sexenio.
Por otra parte, agrega, la pandemia agudizó la desigualdad que lastima al país. En lo que respecta a la información, el Estado fue excluyente y de necesidad ésta se convirtió en algo escaso, de unos cuantos.
Observamos un factor de violencia estructural en contra de la prensa, de por sí asediada por múltiples actores públicos y privados para acallarla: la precariedad laboral. Casi cien periodistas murieron de Covid-19 hasta el momento de escribir estas líneas. Ello da cuenta de la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país.
La brecha digital y la falta de información asequible y culturalmente adecuada para poblaciones en situación de vulnerabilidad evidencian la política de exclusión del gobierno para enfrentar una de las peores crisis. Y, de nuevo, las y los periodistas se enfrentaron a otra cara de la violencia, una más cruda y poco visible: la precariedad laboral y el riesgo de informar sin tener seguridad social, afirma.