El instructor de la causa del procés en el tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dado el primer paso para pedir a la justicia europea que se pronuncie sobre el alcance de la euroorden dictada contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros tres líderes independentistas fugados de la justicia española (Lluis Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí). Llarena pretende así poner coto a la capacidad de Bélgica de denegar las euroórdenes, como hizo hace unas semanas con la dictada contra Puig. El magistrado del Supremo considera que las razones alegadas por Bélgica para rechazar la entrega discrepan de la interpretación de las normas europeas que hacen los tribunales españoles, por lo que se plantea consultar al Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) sobre las razones válidas para denegar una euroorden.
Lo que ha hecho este jueves Llarena es dictar una providencia en la que pregunta a la Fiscalía, el resto de acusaciones y los abogados de Puigdemont, Puig, Comín y Ponsatí si consideran necesario que el juez se dirija a la justicia europea planteando una cuestión prejudicial. El instructor pretende que el TJUE fije “las posibilidades de petición” y “las razones de denegación” de una orden detención y entrega europea con el fin de que establezca “criterios estables” que conduzcan “la decisión de mantener, retirar o emitir” nuevas órdenes europeas de detención contra todos o algunos de los procesados en rebeldía por el procés.
El instructor quiere avanzar rápido ante el temor de que la justicia belga se le adelante una vez que el Parlamento europeo haya dado esta semana el primer paso para levantar la inmunidad del expresidente catalán, por lo que el juez emplaza a las acusaciones y las defensas a contestarle en un plazo de tres días. Si Llarena acude finalmente al TJUE, el proceso quedará paralizado y Bélgica no podrá decidir si entrega o no a los fugados hasta que el tribunal europeo responda.
Llarena ha tomado esta decisión tras el rechazo de Bélgica a entregar a Puig y ante el temor de que esa negativa se mantenga para los otros tres acusados, incluido Puigdemont, a quien la justicia española reclama por sedición y malversación. Llarena no comparte los argumentos esgrimidos por Bélgica (entre otros, la falta de competencia del Supremo para juzgar a los líderes del procés) y considera que la interpretación del derecho europeo y de las normas que regulan las euroórdenes que ha hecho Bélgica “discrepa” de la que sostiene el Supremo. La interpretación definitiva de la norma, recuerda Llarena, no solo afecta a las decisiones de entrega que deban tomarse en un futuro, “sino que condiciona la subsistencia de unas medidas que impactan directa y permanentemente en el derecho a la libertad de los afectados, no solo respecto a su libertad de movimientos en el actual país de ejecución, sino todos aquellos otros Estados de la Unión donde hoy opera su orden de detención y que puedan restringir su libertad en un futuro”.
El rechazo a entregar al exconsejero Puig es el último de los varapalos asestados por la justicia belga a la española en la causa del procés. Hasta ahora, Bélgica se ha opuesto a facilitar la entrega de los líderes independentistas, aunque en el caso de Puigdemont, ese país no ha tenido que pronunciarse todavía porque el expresidente fue detenido en Alemania, que aceptó entregarlo por malversación, pero no por rebelión. Tras la vuelta del expresident a Bélgica y la condena por sedición del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas juzgados en España, Llarena dictó una nueva euroorden contra Puigdemont por ese delito, pero su tramitación quedó paralizada cunado Europa le reconoció inmunidad como eurodiputado.
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