A seis días de los comicios, la cifra de agresiones contra políticos y candidatos llegó a 782 casos a lo largo del proceso en curso, por lo que ya rebasó la cifra de hechos violentos registrada en el proceso 2017-2018, según el Quinto Informe de Violencia Política en México realizado por Etellekt. En el mismo reporte, se informa que la cifra de víctimas mortales alcanzó ya 89 personas, 35 de ellas aspirantes o candidatos.
En 2018, señala la firma, se registró un total de 774 agresiones o hechos delictivos contra políticos.
Sin embargo, el saldo mortal sigue siendo más alto en los pasados comicios, con 152 personas políticas asesinadas, 48 de ellas aspirantes o a candidatos.
El informe comprende del 7 de septiembre de 2020, cuando dio inicio del proceso electoral, hasta el pasado 30 de mayo del 2021.
Las 782 agresiones o delitos globales registrados hasta ahora, han arrojado un total de 737 víctimas, de las cuales 260 eran mujeres. Por cargo de responsabilidad, de esas 737 víctimas, 518 eran aspirantes o candidatos; 120, militantes de partidos políticos y 99 eran autoridades o representantes electos.
De los agredidos, 518 eran aspirantes y candidatos a diversos puestos de elección de los tres niveles, de esta cifra 202 eran mujeres.
Las agresiones o delitos globales se han registrado en las 32 entidades federativas y en 460 municipios del país (19% del total).
De los 35 aspirantes que perdieron la vida en atentados, 13 contaban con registros como candidatos ante sus partidos. Etellekt destaca que de las 89 víctimas mortales, 14 eran mujeres, siete de ellas aspirantes o candidatas a puestos de elección.
De los 89 políticos asesinados desarrollaban su actividad en 22 entidades del país, mientras que los 35 aspirantes a puestos de elección asesinados competían en 16 estados de la República y en 33 municipios.
El 89% de los fallecidos eran personas políticas que pertenecían al ámbito municipal de gobierno, un 8% desarrollaba su actividad en el nivel Estatal y sólo 3% eran personajes de la Esfera Federal, señala el reporte.
Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón por el partido Movimiento Ciudadano, fue asesinada el 25 de mayo.
De los 35 aspirantes y candidatos asesinados, 30 de ellos competían por cargos municipales, 4 por diputaciones estatales y uno más por una diputación Federal. De esos 35 asesinados, 7 eran mujeres.
Según Etellekt, opositores a los gobiernos de los estados han sido el principal blanco de la violencia en esta contienda, pues de los 737 políticos y candidatos víctimas de agresiones o delitos globales el 75% eran opositores a los gobiernos de los 32 estados en donde se registró el ataque.
Destaca que en este proceso electoral, el 75% de los 89 políticos asesinados eran opositores a los gobiernos estatales. Tendencia que se incrementó con respecto a lo ocurrido en el proceso 2017-2018, pues de los 152 políticos asesinados en dicha elección, el 69% eran opositores a los gobernadores de sus respectivos estados.
De los 89 políticos asesinados, 35 buscaban cargos de elección: 30 contendían por alcaldías, regidurías o sindicaturas. Además de esos 30, el 90% era al mismo tiempo opositor a los alcaldes de los municipios en donde competían
Con estas cifras, señala Etellekt, el proceso electoral 2020- 2021, es el segundo más violento en homicidios dolosos contra políticos desde el 2000.
Sin embargo, la cifra de 89 políticos asesinados es 41% inferior a los 152 políticos (48 de ellos aspirantes y candidatos) asesinados en el ciclo 2017-2018, por lo que se sitúa como la segunda más violenta en este rubro, desde el proceso federal concurrente del año 2000.
La firma destaca que en la violencia letal contra políticos disminuyó.
“La estrategia Federal de protección a candidatos y, en especial, las mesas de seguridad instaladas en las 32 entidades han obtenido resultados en lo que respecta a la violencia letal contra políticos y candidatos, pues durante mayo se reportan sólo nueve políticos asesinados (de los cuales 4 candidatos). En comparación con los 15 políticos asesinados en abril (cuatro candidatos)
Y en este recuento, Veracruz se colocó como epicentro de la violencia política, pues de las 782 agresiones o delitos globales, 117 se dirigieron en contra de políticos aspirantes y candidatos veracruzanos; de las 89 personas políticas asesinadas, 16 desarrollaban su actividad política en Veracruz.
En cuanto a los 35 aspirantes y candidatos asesinados, ocho eran veracruzanos que buscaban cargos de elección en esa entidad (23% del total).
“Sin embargo, desde el arranque de las campañas políticas en Veracruz, no se tienen más casos de candidatos con registro entre sus partidos que hayan perdido la vida en atentados mortales”, dice.
Otro detalle que destaca en este recuento es que la mayoría de políticos asesinados pertenecían a la alianza opositora al Gobierno Federal; de los 89 políticos asesinados, 39 estaban afiliados a los partidos que conforman la alianza Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD (44% del total), mientras que 25 de las víctimas mortales militaban en los partidos que integran la Alianza Juntos Haremos Historia, compuesta por Morena PVEM y el PT, con el 28% del total.
La consultora registró también en este periodo el asesinato de 99 servidores públicos sin militancia o aspiraciones políticas; además de los 89 políticos asesinados, han perdido la vida 11 colaboradores de políticos y 35 familiares de políticos.
“De forma paralela, fueron asesinados otros 99 servidores públicos de todas las jerarquías, de los tres niveles de gobierno y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sin militancia partidista o aspiraciones políticas, la mayoría de ellos mandos de seguridad pública del ámbito municipal y estatal”, señala el informe.
De estos 99 servidores públicos, agrega, sólo dos contaban con una relación directa con el proceso electoral en curso, se trata de dos funcionarios electorales asesinados en los estados de Zacatecas, un capacitador del INE asesinado en Fresnillo, y Tlaxcala, un consejero electoral municipal.
En total, concluye el informe, durante el presente ciclo electoral suman 234 víctimas fatales relacionados con la política o el servicio público.
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