Es la primera ocasión que un implicado reconoce que la campaña de EPN sí se financió de forma ilegal, anotó Alfredo Figueroa.
Emilio Lozoya quiere pasar de denunciado a denunciante, cuando lo que presentó ante la FGR es una confesión de delito que demuestra una red de corrupción en el sexenio pasado e incluso un pacto de impunidad transexenal que debe ser investigado, coincidieron Gabriel Reyes Orona, Alfredo Figueroa y Paulo Díez.
En la mesa de análisis de Aristegui en vivo, Orona expuso que “debemos dejar muy claro que cuando un sujeto hace declaraciones respecto a hechos que le son propios, no se trata de una denuncia sino de una confesión que debería agregarse a la carpeta de investigación abierta en su contra”.
Calificó como “absurdo” que Lozoya sea denunciante en los hechos que él mismo participó, por lo que “debe recibir trato no de denunciante sino que ha admitido la comisión de diversas conductas contrarias a la ley”.
Lamentó que con esto “se sigue tergiversando el procedimiento” en su contra, el cual ha sido “desordenado y desarticulado”, con una “defensa mañosa, dolosa, con el ánimo de tergiversar y lesionar el procedimiento”.
“Lozoya está tratando de obtener los derechos de un denunciante para desarticular un procedimiento en su contra”, anotó.
Pero esto no excluye el que se cite al ex presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y legisladores mencionados por Lozoya, aclaró.
Lo que tiene que hacer el ex director de Pemex, indicó, es aportar elementos esenciales y eficaces, pues hasta hoy consideró que no existen los suficientes para que su confesión le dé beneficios a su propio proceso.
Ven posible sanción a partidos
El ex consejero electoral, Alfredo Figueroa, visualizó por su parte una posible sanción al PRI y PVEM por el financiamiento ilegal (100 millones de pesos) a la campaña de Peña Nieto, según declaró el propio Lozoya.
“Es la primera ocasión que hay expresamente por parte de un implicado, un receptor, el hecho de que sí se financió la campaña de forma ilegal. Este elemento no se denuncia a partir de hoy, esta información existe en la autoridad electoral desde diciembre de 2017″, anotó.
“Esto no ha preescrito y puede constituir sanciones muy relevantes al PRI y al PVEM que fueron quienes fondearon y financiaron la campaña de EPN”, sostuvo.
Detalló que esta queja abierta “está viva” y podría terminar estableciendo una sanción al PRI y al PVEM.
Se trata, dijo, de un caso paradigmático de cómo se financian campañas y luego desde el gobierno se reciben los favores y se actúa en favor del interés de una empresa.
El caso muestra un “panorama amplio de cómo funciona el ciclo de corrupción política“.
Sobre los sobornos denunciados por Lozoya, Figueroa dijo que “no es una investigación cualquiera, está poniendo en la escena un proceso de corrupción en red, un acto continuado en prácticamente un sexenio”.
Se puede atacar sofisticada red
El abogado Paulo Díez dijo que lo declarado por Lozoya confirma una denuncia que interpuso desde 2018, a la cual pidió que la FGR le dé seguimiento.
Con la confesión de delito por parte del ex director de Pemex, consideró que existe la “posibilidad de atacar una muy sofisticada red de corrupción”.
“No se trata de Meade, Videgaray o Lozoya como personas aisladas… son redes de corrupción”, explicó.
“No podemos empezar el análisis a partir de si ya prescribieron o no ciertas conductas. Primero tenemos que investigar y determinar en qué casos la acción legal pudo ya haber preescrito”, agregó.
“No podemos perder la oportunidad de hacer de esto una investigación de la magnitud que las circunstancias exigen”, mencionó.
En el caso de Etileno XXI, refirió que “se puede ver con mucha claridad cómo beneficia a los participantes el pacto de impunidad transexenal”, en lo que representó un quebranto millonario para la Hacienda pública federal.
Ve la mesa de análisis de este miércoles:
