El Gobierno de Boris Johnson está convencido ahora de que nunca debió firmar el Protocolo de Irlanda del Norte, el documento anejo al Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE que más costó sacar adelante y que retrasó las negociaciones hasta el último minuto. Downing Street exige ahora a Bruselas, presionado sobre todo por sus aliados unionistas norirlandeses, una revisión drástica del Protocolo, empezando por la retirada de una de sus disposiciones fundamentales: la supervisión judicial de la aplicación del tratado en la región por parte del Tribunal de Justicia de la UE.
“No se trata únicamente del tribunal en sí mismo. Es el sistema mismo del que el tribunal es su vértice, un sistema por el que se aplican en Irlanda del Norte leyes sin ningún tipo de escrutinio democrático o de discusión”, ha advertido este martes David Frost, ministro británico para el Brexit, desde Lisboa, tras su reunión con la secretaria de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno portugués, Ana Paula Zacarías. “Incluso ahora que la UE considera posibles soluciones al problema, su comportamiento tiene un aire de sugerir ‘hemos decidido lo que es mejor para vosotros, y vamos a hacer que se cumpla”, ha dicho Frost.
El Protocolo de Irlanda del Norte estableció que esa región británica, situada en el noreste de la isla de Irlanda, seguiría integrada dentro del mercado interior de la UE después de que el Brexit entrara en vigor. Era el modo de evitar el establecimiento de una nueva frontera interior, entre la República y el territorio británico, que habría excitado los ánimos de los más radicales y puesto en peligro el acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998, que acabó con décadas de violencia sectaria. A cambio, Londres y Bruselas acordaron la creación de una nueva “frontera” aduanera en el mar de Irlanda. Los controles efectivos de mercancías se llevarían a cabo en los puertos norirlandeses e ingleses, por parte de personal del Reino Unido y de la UE.
Los partidos unionistas del Úlster, especialmente el Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés) consideraron desde el primer minuto que el Protocolo era una “traición” que quebraba por primera vez la integridad territorial del Reino Unido. Pintadas con amenazas de muerte en los puertos de Belfast y Derry / Londonderry forzaron la suspensión durante varios días, a principios de febrero, de los controles aduaneros.
A mediados de abril, estallidos de violencia juvenil, principalmente en los barrios protestantes de Belfast y Derry, recordaron los peores años del conflicto sectario. Los políticos unionistas culparon al Protocolo firmado con la UE del creciente malestar en la región, y desde entonces el Gobierno de Boris Johnson culpa, paradójicamente, al Protocolo, de ser el principal motivo desestabilizador de la región.
Guerra de las salchichas
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Pero fue sobre todo un conflicto comercial más prosaico, la llamada “guerra de las salchichas” entre Londres y Bruselas, la que aceleró el distanciamiento entre las dos capitales. Los controles aduaneros y fitosanitarios de productos que viajaban desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte provocaron retrasos y escasez en los supermercados. Las salchichas británicas, junto a otros productos cárnicos, no llegaban.
En medio de la pandemia, determinadas farmacéuticas veían cómo se complicaba el transporte de sus productos entre las islas. El Gobierno de Johnson ha prorrogado unilateralmente hasta tres veces la entrada en vigor de los controles que estaba obligado a imponer por el Protocolo, mientras la UE decidía mirar para otro lado para que la tensión no aumentará.
Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea y principal interlocutor de Frost, lleva meses preparando una suavización de los controles del Protocolo que presentará este miércoles. Pero la UE ya ha dejado claro que la supervisión judicial del Tribunal Europeo es innegociable. Es parte fundamental de la estructura jurídica que sostiene el mercado interior. Londres ha descubierto ahora que esa supervisión judicial atenta, aparentemente, contra su soberanía, y persigue más bien una solución de arbitraje internacional.
El nuevo líder del DUP, Jeffrey Donaldson, ha amenazado con retirarse de las instituciones de Gobierno norirlandesas si no desaparece la frontera en el mar de Irlanda. Católicos y protestantes comparten Ejecutivo y Parlamento autónomo, y esta correponsabilidad es parte crucial del acuerdo de paz.
Frost ha vuelto a esgrimir la amenaza de invocar el artículo 16 del protocolo, que permite a una de las partes suspender parte del tratado ante “dificultades económicas, sociales o medioambientales graves”, y que supondría en la práctica reventar un tratado que el Gobierno de Johnson se comprometió a cumplir hace apenas un año.
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