El Gobierno mexicano da por cerrada la crisis con la Policía Federal. Tras varios días de protestas y bloqueos de carreteras en la capital, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado este martes un acuerdo que pone por escrito, entre otros puntos, el compromiso de no despedir a aquellos uniformados que rechacen formar parte de la recién creada Guardia Nacional. Pese al anuncio, un grupo de disidentes se ha desentendido de lo firmado y el lunes mantuvo las protestas en las oficinas centrales de la corporación.
El punto central del acuerdo es el reacomodo de aquellos policías que no quieran ser trasladados a la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad con el que el mandatario busca frenar la sangría de violencia que sacude el país y que contará con 100.000 efectivos. Los policías podrán trabajar en otras dependencias como el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Es un compromiso que ya había expresado el Gobierno la semana pasada, pero que ahora queda por escrito. “Los que no puedan participar en la Guardia Nacional van a tener otras ocupaciones, lo que hablábamos de la vigilancia en oficinas públicas y otras tareas, pero no se despide a nadie”, ha dicho López Obrador este martes.
A cambio, los firmantes se comprometen a hacer un llamado a sus compañeros a desistir de las acciones de protesta que durante una semana han puesto en jaque el arranque de la Guardia Nacional. “No fue bien visto”, ha asegurado el mandatario sobre las manifestaciones. Además, los uniformados aceptan que se les retire el llamado bono de operatividad, que recibían durante los desplazamientos a otras regiones y podía suponer hasta 9.000 pesos -450 dólares- mensuales.
Un grupo de disidentes, que se estima en varios cientos de agentes, acusó a los firmantes de no representar a la mayoría e insistió en la petición de indemnizar a los efectivos que no quieran ni integrarse a la Guardia Nacional ni aceptar un empleo en otras dependencias federales. El acuerdo cierra la puerta a esa posibilidad, al no contemplar el despido de ningún uniformado. “Dicha solicitud es inviable”, reza el documento.
El descontento trasciende el aspecto laboral. Las protestas sacaron a relucir las fuertes tensiones entre militares y policías dentro del nuevo organismo, un ente híbrido que pese a su carácter civil está dominado por el Ejército –el comandante es un general y también son militares buena parte de los mandos medios-. Los policías resienten esta pérdida de peso y se han quejado de la falta de comunicación entre el Gobierno y el cuerpo a la hora de poner en marcha la transición.
Si bien ha reconocido la existencia de una “preocupación legítima” por parte de los policías, López Obrador ha insistido este martes en su tesis de la “mano negra” detrás de las manifestaciones. “[Hubo] miles de bots, de cuentas hechas por empresas que tienen esa ocupación, que se dedican a eso, como mercenarios de las redes”, ha declarado el mandatario.
Source link