Trece años después de la tragedia, los 63 cadáveres de los 65 mineros sepultados en una mina al norte de México en 2006 serán rescatados. Así lo ha prometido el presidente López Obrador esta semana y lo ha reafirmado este sábado, añadiendo que pedirá ayuda a Estados Unidos, China y Alemania —”ya que son los principales productores de carbón”— para la recuperación de los restos. Un rescate que no logró la empresa, Grupo México, liderada por el empresario Germán Larrea, después de 14 meses de intentos. En la madrugada del 19 de febrero de 2006, decenas de trabajadores del carbón quedaban sepultados y sus familias no han podido todavía enterrar sus cuerpos. Ahora López Obrador promete cumplir una promesa que les hizo desde 2012 —en plena campaña electoral— y aprovecha para tender la mano a uno de los sectores que pretende recuperar.
El anuncio se dio a conocer esta semana, después de que el lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio un plazo de cuatro meses al Estado mexicano para responder las demandas de los familiares de las víctimas, que por años han exigido el rescate de los cuerpos y justicia y no han obtenido respuesta. Las fechas de inicio de los trabajos, de momento, se desconocen.
La tragedia de Pasta de Conchos alcanzó a todos los niveles de Gobierno. Desde al entonces gobernador, Humberto Moreira —del PRI e implicado en varios casos de corrupción—, a la empresa Grupo México y su presidente Germán Larrea, al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos —encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, acusado de desvío de dinero y después absuelto, hoy senador por Morena— y hasta el Gobierno federal, presidido en esos años por el panista Vicente Fox. Ninguna de estas dependencias se hizo cargo entonces del dolor de las familias y las asociaciones los acusaron de omitir información y complicar las investigaciones.
El dueño de la empresa que tenía la concesión de explotación de la mina, Germán Larrea, se convirtió durante la campaña electoral del año pasado, en uno de los principales enemigos de López Obrador al hacer pública una carta a sus empleados en la que recomendaba no votarlo. Larrea ahora le ha enviado otra carta al presidente para comunicarle su intención de “colaborar” en el rescate de los cuerpos. Una tarea que le llevó a su empresa, Grupo México, 14 meses, según ha declarado, y que no tuvo ningún éxito. “Si ayuda, bienvenido; si no ayuda, nosotros vamos a seguir”, le respondió López Obrador al empresario en una conferencia de prensa esta semana.
Alrededor de las 2 de la madrugada del 19 de febrero de 2006, una capa de polvo y humo que salía del conducto de ventilación de la mina hacía esperar lo peor. Pocas horas más tarde, las familias de los trabajadores ya se habían desplazado a las puertas de la mina. Empezaron a correr los rumores de que había habido un derrumbe y había obreros atrapados. Las familias, alarmadas junto a la puerta, exigían a gritos información. Durante cinco días recibieron información contradictoria, que les hizo mantener la esperanza. Hasta que a finales de esa semana, les informaron de que ninguno de sus familiares había sobrevivido a la explosión de metano que había desactivado el ventilador de oxigenación. Solo dos de los 65 cuerpos pudieron ser rescatados.
La tragedia de Pasta de Conchos, uno de los accidentes más graves de la historia de la minería en México, marcó a la industria extractiva de Coahuila. Y colocó en el punto de mira la importancia de la producción de carbón en esta entidad. El anterior gobierno de Enrique Peña Nieto (del PRI) había firmado ya en 2013 su sentencia de muerte: para 2026 las centrales carboeléctricas mexicanas, las principales compradoras de los productores locales, debían cerrar. Reducir las emisiones de una de las formas de generación de energía más contaminantes era obligado para cumplir con los objetivos climáticos a los que México se había comprometido, una tendencia que acompañan la mayoría de los países. La reforma energética impulsada por el Gobierno priista pasaba, en buena medida, por reemplazar la electricidad que genera el carbón —el 9% del mix eléctrico nacional— por energías limpias.
Pero todo esto ha dado un vuelco con la llegada de López Obrador al poder en diciembre pasado. Las primeras gestiones del Gobierno federal han reverdecido el optimismo en la región carbonífera. La nueva Administración quiere que “las centrales que actualmente están trabajando con carbón se sostengan hasta el término de su vida útil”, según afirmó el director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Carlos Morales Mar. Y en el Presupuesto de este año, México ha destinado 7.352 millones de pesos (390 millones de dólares) para la mejora del rendimiento de las tres carboeléctricas, casi cuatro veces más que en 2018.
Este sábado, el presidente insistía en su apoyo a esta industria. Y ha prometido, en la misma rueda de prensa desde Sabinas (Coahuila), en la que reiteró su misión de rescatar los cuerpos de Pasta de Conchos, que suscribirá un acuerdo para comprar carbón para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los productores de este Estado. “Quiero aquí, en la zona carbonífera, decirles que siempre vamos a apoyar a los productores de carbón de esta zona, la CFE le va a comprar siempre el carbón, nada más es cosa de que se llegue a un buen acuerdo”, ha planteado.
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