El reloj del Nissan rojo de Vicente aún no marca las seis de la seis de la mañana y el guardia civil enfila ya el coche hacia la bodega del ferri que cubre la ruta Ceuta-Algeciras. Al agente, de 56 años, le acompaña su mujer, una marroquí de 23. Pero al aparcar en la bodega del buque, en el Nissan se abren tres puertas. Las cámaras ahora le graban a él, a su joven esposa y a un chico de rasgos árabes. Es 10 de marzo, España está a punto de paralizarse por el virus y Vicente aún no sabe que será el último viaje que organiza —y cobra— para pasar a un inmigrante irregular desde Melilla a la Península.
Tres meses y nueve días después de aquel viaje, el guardia civil, destinado en la Compañía Fiscal de Ceuta, acaba detenido junto a su mujer y dos colaboradores más, acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y organización criminal. Los investigadores del propio instituto armado creen que el agente repitió la operación de transportar en su coche a inmigrantes sin papeles al menos en 23 ocasiones desde febrero de 2019, según fuentes cercanas al caso. El matrimonio conservaba en su casa los cuadrantes con los turnos de sus compañeros y de la policía que habitualmente trabajan en el puerto ceutí desde aquel mes.
La Guardia Civil ha conseguido reconstruir al detalle cuatro de estos viajes. En todos, él y sus compinches repitieron el modus operandi. El agente creía aprovechar la ausencia de sospechas que generaba su embarque, al alba y en un coche acompañado de su mujer, para esconder a un polizón en la parte de atrás del vehículo. En todos los casos, la mafia escogía a migrantes de procedencia magrebí y en situación irregular que querían salvar el Estrecho en el ferri que une Ceuta con la Península y evitar el peligroso viaje en una patera.
“Evidentemente, no era algo altruista, era a cambio del correspondiente pago”, explica un agente ceutí. En las escuchas telefónicas queda patente cómo dos de los colaboradores del guardia discuten por cómo se van a repartir el dinero de uno de los pases. Aunque la Guardia Civil no ha detallado cuánto podrían llegar a cobrar a cada inmigrante, fuentes cercanas a las pesquisas aseguran que estas mafias exigen habitualmente “entre 5.000 y 6.000 euros” por cada viaje.
En ese montante estaba incluido un transporte que comenzaba siempre en la parte de atrás del coche de Vicente y su mujer. Nada más ser embarcados en el ferri, los tres subían a la zona de pasajeros donde les esperaba uno de sus dos colaboradores habituales con una maleta, que le era entregada al polizón. Una vez en Algeciras, el matrimonio abandonaba la terminal sin levantar sospechas y el inmigrante era trasladado a otro punto de la ciudad gaditana. Desde allí, el cliente subía en otro vehículo conducido por terceras personas en el que era trasladado en dirección a Málaga.
La Guardia Civil ha demostrado que su compañero supuestamente participó de cuatro pases ilegales en los meses de enero a marzo, mes en el que realizó hasta dos viajes. El último lo preparó apenas cinco días antes de que se decretase el estado de alarma por la crisis del coronavirus. Los investigadores han conseguido recrear cada paso dado por la mafia gracias a vigilancias, escuchas telefónicas y el visionado de las cámaras de seguridad del puerto y de los buques, en los que se aprecia siempre cómo el inmigrante se situaba siempre entre Vicente y su mujer.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta decretó el pasado 19 de junio prisión eludible bajo fianza de 6.000 euros para los cuatro investigados, a petición de la Fiscalía. Unos días después, dos de los acusados, cuya identidad no ha trascendido, han salido en libertad tras depositar el importe. Por ahora, el guardia civil continúa en prisión, tal y como apunta un agente conocedor del caso. Cuando salga, se enfrentará a un expediente disciplinario que podría culminar con su expulsión del cuerpo.
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