La tragedia se consuma con cada vez más frecuencia en las aguas entre Güiria, en el extremo oriente de Venezuela, y la playa de Chaguaramas en la nación insular vecina de Trinidad y Tobago. Son menos de 100 kilómetros que se han convertido en un activo corredor de traficantes de migrantes venezolanos, forzados a irse por la cada vez más dura crisis económica, política y social en un país petrolero que tiene indicadores de hambre, pobreza y devastación propios de una situación de guerra, sin estarlo.
La marea llevó a las costas venezolanas 19 cuerpos este fin de semana. Este domingo, 11 de ellos ya habían sido trasladados del muelle del puerto de Güiria a la morgue del hospital de Carúpano, el más cercano a este poblado, a casi tres horas en carretera. Eran cuatro hombres, cuatro mujeres y tres niños, uno de ellos un bebé de meses. La fotografía de los cadáveres hinchados y visiblemente descompuestos, colocados sobre el piso de cemento de la marina de Güiria corrió por las redes sociales al final del sábado, un día en el que una parte del país seguía con la resaca de la abstención en unas elecciones parlamentarias rodeadas de acusaciones de fraude que atornillaron a Nicolás Maduro en el poder y otra parte se aferraba a la consulta popular promovida por Juan Guaidó.
Residentes de Güiria cuentan que la noche del domingo de elecciones dos embarcaciones, Mi esperanza y Mi recuerdo, habían zarpado de las costas venezolanas, cada una con más de 20 pasajeros. Las dos balsas se reportaron desaparecidas el mismo día. Una semana después, por los tatuajes de uno de los cuerpos hallados, el de Gabriela Subero, presumen que el barco que tuvo problemas fue Mi esperanza, donde ella viajaba. Este domingo, algunos familiares esperaban en el muelle más noticias sobre los otros pasajeros. Xioleimar Mata se acercó a la instalación para averiguar sobre dos de sus amigos que se montaron en Mi recuerdo. “Hablé con la esposa de uno de ellos que está en Trinidad, pero allá las autoridades no les dan información. No saben nada. Ellos presumen que están presos, ojalá, y que no hayan naufragado”, cuenta la mujer por teléfono.
Algunas informaciones indican que los migrantes que iban en Mi recuerdo avisaron de que ya habían tocado tierra, pero siguen desaparecidos. Reporteros locales han señalado que familiares descartaron que los cuerpos hallados correspondieran a los de algunos de los que iban en ese bote, donde 11 de los pasajeros pertenecen a una misma familia que emigraba junta. Mata también lo descarta, pues dice que sus amigos son altísimos, miden más de dos metros, y no hay ningún cadáver con esas características entre los encontrados. Son dos tragedias que se cruzaron en las peligrosas aguas de Boca de Dragón.
La pareja de Mata, Isidro Villegas, perdió a su hijo el año pasado en uno de esos viajes. Andy había emigrado a Trinidad y Tobago y regresó a Güiria en diciembre de 2018 para recoger a su esposa y su hijo e instalarse definitivamente en el país insular. Los pasaportes no salieron y la reunificación de la familia tuvo que postergarse. El joven que hoy debería tener 33 años partió de vuelta a la isla el 16 de mayo de 2019 en el bote Ana María, que desapareció sin dejar rastro. Es parte de más de un centenar de venezolanos que la Organización Internacional para las Migraciones reportó como migrantes desaparecidos en el Caribe en 2019. Villegas se integró con otras familias en un comité para denunciar la presencia de redes de trata de personas que actúan con complicidad de autoridades venezolanas y de los países vecinos como Trinidad y Tobago y las ex Antillas neerlandesas de Aruba y Curazao. Ante el estancamiento en los tribunales venezolanos del caso de su hijo y de otros dos barcos más que desaparecieron el año pasado, las familias han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Esto es algo que no ha dejado de pasar, porque en Venezuela la gente está escapando, porque hagas lo que hagas no te alcanzará siquiera para poder comer”.
A la deriva
Villegas dice que la salida por Güiria se ha convertido en la más económica y rápida. Los migrantes pagan 300 dólares por el viaje (unos 247 euros). Al poner un pie en la playa de Chaguaramas, les toca correr para escapar de la policía de Trinidad. El mayor riesgo, además del naufragio o la deportación, es caer en una balsa de traficantes de personas para su explotación. “Esta zona siempre ha sido usado por contrabandistas de todo tipo. Sacan droga, combustible, materiales estratégicos como cobre, aluminio, minerales, uranio, y ahora también sacan gente”.
De todas partes de Venezuela llegan migrantes para salir en los zarpes ilegales que ocurren casi de forma diaria en las costas de Güiria, Irapa o Delta Amacuro, denuncia el diputado opositor Robert Alcalá, representante en el Parlamento del estado oriental de Sucre. Mata dice que la semana pasada conoció a dos muchachos, una chica y un chico, en la panadería del pueblo, que esperaban por una de esas salidas. “No sé si ahora ellos estarán en ese naufragio”.
El Gobierno de Trinidad ha puesto un cerco a la migración venezolana, que alcanza ya más de 40.000 personas. A finales de noviembre un grupo de venezolanos entre los que había 16 niños fue deportado en dos balsas y dejado a la deriva un día. Por una orden de un tribunal, los niños fueron regresados pero permanecen detenidos en Trinidad. Las denuncias de maltratos y detenciones son frecuentes en la isla. Y en la política de deportaciones parecen haber encontrado en Venezuela un aliado. Después de este incidente que fue condenado internacionalmente, al menos 160 venezolanos regresaron al país en una operación de deportación coordinada por las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Los Gobiernos de Nicolás Maduro y del primer ministro trinitense Keith Rowley han sostenido encuentros cordiales para hablar de temas en torno a la movilidad humana y la seguridad, incluso después de que Rowley considerara “un asalto” la llegada de migrantes y refugiados a su país y amenazara con más deportaciones para venezolanos sin papeles y para quienes, aún con estatus legal, colaboraran con ellos. El líder opositor David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis migratoria de Venezuela, ha denunciado que Trinidad y Tobago viola el principio de no devolución que protege a los migrantes y refugiados venezolanos. Aseguró que el peñero que naufragó a seis millas de la costa venezolana había llegado a su destino y fue devuelto. Es el único país de la región que no le ha permitido entrar para evaluar la situación de sus connacionales.
Hasta ahora, ni Maduro ni Rowley se han pronunciado sobre los muertos del naufragio. Tampoco se sabe si se ha activado en la zona una búsqueda aérea y marítima de sobrevivientes u otros cuerpos. Alcalá dice que tras las deportaciones desde Trinidad, en suelo venezolano continúa el maltrato. “Los dejan detenidos en unos contenedores oxidados en la sede de la Guardia Costera de Güiria para cumplir la cuarentena, unas estructuras que se convierten en un horno por el sol. A algunos los procesan si les consiguen antecedentes penales”. Un delito puede ser ir con un familiar menor de edad sin los permisos de salida correspondientes.
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