Desde la cárcel de Nueva York, el general Salvador Cienfuegos escuchó el 6 de noviembre cómo la juez Carol B. Amon le leía por primera vez los cargos que se le imputaban: narcotráfico y lavado de dinero. Se declaró inocente y volvió a la celda a esperar la siguiente audiencia. El viernes 13, la defensa del exjefe máximo del Ejército mexicano solicitó una ampliación del plazo previo a la apertura del juicio. Una petición habitual en este tipo de casos, complejos y con montañas de documentación, con la que las partes suelen buscar ganar tiempo para preparar sus estrategias procesales.
Aquella solicitud de su abogado, Edward V. Sapone, un letrado privado pero con vínculos con el consulado mexicano en Nueva York, arroja ahora sin embargo nuevas lecturas tras conocerse que antes incluso de las primeras vistas con la juez, México había arrancado ya en paralelo una cruzada diplomática sin precedentes para traer de vuelta al general. De hecho, el mismo día de la primera audiencia, la Fiscalía mexicana recibía en sus oficinas la investigación íntegra de la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Y antes de celebrarse la segunda, ya tenía en su poder también todas las pruebas recabadas por la Fiscalía estadounidense. Cuatro días después, se anunciaba el acuerdo conjunto entre los dos fiscalías: Cienfuegos volvía a México libre de cargos.
Fruto de una negociación insólita en la relación entre ambos países, una victoria mexicana de la política sobre el derecho estadounidense. Una batalla fraguada durante 33 días frenéticos en los que la maquinaria diplomática mexicana desplegó toda la artillería en sus manos. México consideró desde el primer momento una grave violación de los acuerdos bilaterales en seguridad la nula comunicación y la actividad unilateral de las autoridades estadounidenses. La DEA llevaba investigando a Cienfuegos desde 2013 y en agosto de 2019 la Corte de Nueva York ya había librado una orden de detención. Sin embargo, la Cancillería mexicana solo fue avisada más de un año después, el mismo día del arresto. Pasado el huracán, fuentes del servicio de Exteriores interpretan lo sucedido durante este mes de vértigo como la demostración de que México “es capaz de marcar la agenda, hacer respetar su soberanía y generar confianza en sus instituciones”.
33 días frenéticos
Cienfuegos, 72 años, fue detenido la tarde del jueves 15 de octubre cuando aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles para lo que iba a ser un viaje familiar. Ahí se produce la primera llamada por parte del embajador estadounidense. Christopher Landau descuelga el teléfono y comunica al canciller mexicano la existencia de la Operación Padrino. Según su investigación, así llamaban en el mundo del hampa a quién había sido secretario de Defensa de México hasta hace poco menos de tres años. Cienfuegos estaba acusado de trabajar para el crimen organizado; de traficar con miles de kilos de heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas; de proteger y colaborar con un cartel en concreto (los Beltrán Leyva) y de lavar el dinero de los sobornos millonarios.
La respuesta de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, fue solicitar una reunión urgente con el embajador. La cita se produce el miércoles 21 de octubre en la sede de la Cancillería, donde Ebrard le manifiesta “su sorpresa y descontento” por no haber sido avisado antes. Mientras tanto, Cienfuegos ya había pasado por la Corte Federal de California, que le había negado una fianza de 750.000 dólares para continuar el proceso en libertad. La Fiscalía incidió entonces en la gravedad de los cargos y el riesgo de que el general utilizara su influencia en México para escapar.
El viernes 23, el detenido es trasladado bajo custodia de agentes federales hasta la corte de Brooklyn, el mismo foro que juzgó a El Chapo Guzmán. Tres días después, la Cancillería se pone en contacto con el fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr. De nuevo, subrayan su descontento: “en virtud de la alianza que tenemos contra la delincuencia organizada, no es entendible que no se hubiera notificado en tiempo a la parte mexicana”.
La presión sigue aumentando y tan solo dos días después, el miércoles 28, la Cancillería eleva el tono mediante el uso de los canales formales y envía a sus homólogos una nota diplomática mostrando su “profundo extrañamiento”. Durante la ofensiva, México llega incluso a amenazar con restringir la operación de los 50 agentes de la DEA repartidos al sur de río Bravo. Unas presiones que matizó el jueves el propio López Obrador: ”Nosotros no amenazamos de expulsión a los agentes, dijimos que queremos que se nos informe y que se respeten los acuerdos de cooperación”. Pero que a la postre parece que fueron efectivas.
Otros dos días después del envío de la nota diplomática, la oficina del director general para América del Norte, Roberto Velasco, recibe un oficio firmado por el Administrador interno de la DEA, Timothy Shea, con un anexo de más de 700 páginas que contiene la investigación integra de la agencia antidroga contra el Padrino durante casi una década. El viernes 6 de noviembre, Ebrard vuelve a llamar a Barr para comunicarle que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene en su poder los documentos. Ese mismo viernes, Cienfuegos se declara inocente ante la Corte de Nueva York. La semana siguiente, la FGR solicita formalmente a Washington que le sean enviadas también las pruebas recabadas, por ejemplo, los supuestos miles de mensajes cruzados entre el Blackberry de Cienfuegos y el narcotraficante conocido como el H-2.
La petición también es aceptada y el miércoles 11 de noviembre México recibe la totalidad de las pruebas mediante valija diplomática. Dos días después, el jueves 13, el abogado de Cienfuegos pedirá más tiempo para preparar su defensa. El martes, cuatro días después, se anunciará el acuerdo por el que la Fiscalía estadounidense retira todos los cargos contra el general. Al día siguiente, el exsecretario de Defensa ya está México. Tras ser informado a su llegada de que la FGR tiene abierta una investigación en su contra, Cienfuegos queda libre.
“Consideraciones de política exterior delicadas e importantes”
Antes de hacer pública la bomba pactada entre las dos fiscalías, el Departamento de Justicia de EE UU ya había comenzado la ruta formal para la retirada de cargos. En el documento presentado a la juez este lunes se lee que la justificación es la existencia de “consideraciones de política exterior delicadas e importantes que pesan más que el interés del gobierno [de Estados Unidos] para perseguir y enjuiciar al acusado”.
Estas palabras han dado mucho que hablar en México, sobre todo por lo que esconden: ¿Se trata de una cortesía de Trump con López Obrador? Para Arturo Sarukhan, embajador de México en Estados Unidos durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), la decisión trasciende a los dos presidentes. “Parecen ser dos los factores determinantes. El primero, que el actual Gobierno mexicano parece haber descubierto que sí tiene dentadura a ejercer en la relación bilateral y ha amenazado con medidas de represalia en términos de la cooperación antinarcóticos y particularmente con respecto a la presencia y reglas de operación de los agentes de la DEA”, argumenta el diplomático. “Y segundo, que es altamente probable que la DEA se fue en banda sin consultar la decisión de arrestar al general al interior del proceso interagencias en el Gobierno estadounidense”. Sarukhan matiza que “paradójicamente, la decisión demuestra algo que no es evidente ni palpable en sectores amplios de la opinión pública de ambos países: la enorme importancia estratégica que México juega para EE UU. Y eso estaba hoy en riesgo”.
Para Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), es importante subrayar que “el llamado establishment de política exterior estadounidense se caracteriza por no hacer nada que pueda poner en peligro la estabilidad y los equilibrios de la relación con México, incluso a costa un dejar de lado un caso robusto como el de Cienfuegos”. El también profesor en la universidad de Nueva York y autor del reciente libro sobre las relaciones bilaterales entre ambos países, Estados Unidos: en la intimidad y a la distancia (Debate, 2020), comparte también la idea de que el origen del caso es el ímpetu “de dos fiscales que tienen fama de cowboys y que seguramente sí avisaron a sus superiores pero no pasaron los procesos interinstitucionales de análisis y reflexión a los órganos de política exterior e inteligencia”.
Uno de esos cowboys, como los llama Castañeda, es el fiscal en funciones en Brooklyn, Seth DuCharme, quien admitió también en la audiencia del miércoles que la marcha atrás buscaba proteger “la relación de Estados Unidos con México”. DuCharme afirmó a la vez que su despacho seguía manteniendo la certeza sobre la solidez de su investigación. Y ante las preguntas de la jueza, admitió que la decisión de retirar los cargos contra Cienfuegos provenía del “más alto nivel del Departamento de Justicia”. La propia jueza Amon señaló también que “aunque estos son unos cargos muy serios contra una figura realmente significativa y el viejo refrán de ‘pájaro en mano’ viene a la mente, no tengo razones para dudar de la sinceridad de la decisión del Gobierno”.
Sarukhan añade que “el arresto y eventual juicio ponía en potencial jaque una relación militar entre ambas naciones que venimos construyendo de manera cuidadosa en las últimas dos décadas. Es altamente probable que haya sido el propio Pentágono el que puso el grito en el cielo y presionó para que el Departamento de Justicia diese una vuelta en U”.
Otra de las hipótesis que sobrevuela sobre la insólita negociación es si México ofreció algún tipo de contrapartida al regreso de Cienfuegos. “En caso de haberlo habido, podría tratarse de un compromiso mayor en acelerar extradiciones pendientes, nuevos esfuerzos en cooperación o nuevas capturas”, añade Castañeda. Una interpretación en sintonía con la información publicada este viernes por Reuters, que apunta a que México se comprometió con la Fiscalía estadounidense a la inminente detención de un capo de alto nivel.
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