La Federación Suiza de Abogados ha abierto un expediente penal-administrativo a Dante Canonica, el director de la fundación panameña Lucum, a cuyo nombre se abrió la cuenta de Juan Carlos I en la banca ginebrina Mirabaud & Cie en la que el entonces jefe del Estado recibió 64,5 millones de euros del Gobierno de Arabia Saudí en 2008. El expediente determinará si el letrado y creador de la estructura en la que se ocultó la fortuna del rey emérito cumplió las normas que se exigen a los abogados que actúan de intermediarios financieros.
La iniciativa de investigar la actuación de Canonica en la gestión de los 64,5 millones donados por el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí la ha tomado el Organismo de Autorregulación de la Federación Suiza de Abogados (OAR-FSA), señalaron a EL PAÍS fuentes próximas al caso. Este organismo se creó en el año 2000, agrupa a más de 11.000 abogados suizos y asume las funciones previstas por la ley en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Sus investigaciones están sujetas a la supervisión de la FINMA, autoridad federal que regula y supervisa el mercado financiero de Suiza (entidad similar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, en España). Los expedientes concluyen en la mayoría de los casos en sanciones económicas, pero sobre todo provocan un daño reputacional a los despachos afectados.
Canonica no se desplazó a Arabia Saudí ni hizo gestiones para comprobar por qué el Ministerio de Finanzas de ese país envió, el 8 de agosto de 2008, a nombre de la cuenta de Lucum, los 64,5 millones a Juan Carlos I. El director de Lucum confió en la palabra del gestor externo de la cuenta, Arturo Fasana, cuando este le comunicó que el dinero era un “pure gift” (”puro regalo”) del rey Abdalá Bin Abdelaziz a su “hermano” español, sin hacer comprobación alguna. No intentó hablar con Al Jubeir, el entonces embajador de Arabia Saudí en Washington, que supuestamente comunicó a Fasana la llegada del dinero. Tampoco informó de la operación a ninguna de las instituciones que persiguen en Suiza el blanqueo de capitales. Canonica sabía, además, que el dinero no se había declarado a la Hacienda española.
Durante tres años Dante Canonica fue imputado por el fiscal Yves Bertossa por un presunto delito agravado de blanqueo de capitales, que finalmente se archivó. El representante del ministerio público reprochó al letrado su actuación como director de la fundación Lucum y en su escrito de archivo de la investigación destacó “el ánimo de ocultación” de los principales actores del caso. De Arturo Fasana, gestor externo de la cuenta del rey emérito; de Corinna Larsen, la expareja de Juan Carlos, a la que transfirió el dinero a una cuenta en Nassau (Bahamas); y del propio Canonica. “El uso de una fundación (Lucum) y de empresas domiciliadas por parte de los distintos protagonistas demostraban una voluntad de ocultación”, destacó Bertossa en su resolución.
El abogado suizo, además de constituir la pantalla panameña de Lucum, informaba a Juan Carlos I sobre los movimientos de la cuenta, viajaba a Madrid a despachar con su beneficiario y fue informado de la donación de los 65 millones que el entonces jefe del Estado hizo a Larsen, en junio de 2012, poco después de estallar el escándalo de la cacería de elefantes en Botsuana. Según su declaración, fue Juan Carlos I quien le pidió durante una reunión en el palacio de La Zarzuela que creara una estructura para recibir “una donación” de Arabia Saudí.
El letrado es especialista en derecho financiero, societario y administración de fortunas. Él mismo constituyó varias de las 12 sociedades instrumentales en paraísos fiscales que empleó la consultora alemana para adquirir propiedades millonarias.
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La OAR obliga a los letrados y notarios independientes de Suiza que trabajen en la intermediación financiera a tener en sus despachos un reglamento interno de actuación que apruebe esta institución. Cada abogado marca su nivel de riesgo y sus exigencias en función de los perfiles de los clientes. Así, son criterios determinantes si la persona es o no un PEP (Persona Políticamente Expuesta), las cantidades que se van a administrar o el puesto que ocupa el país del cliente en la lista de corrupción en el mundo. Son los abogados adscritos a la OAR los que examinan a sus compañeros y determinan si se han cumplido los criterios establecidos.
El fiscal suizo investigó por qué antes del cierre de la cuenta de Juan Carlos I se transfirieron 3,5 millones a la cuenta de la sociedad Dolphin de Canonica en el banco suizo Pictet & Cie en Nassau (Bahamas), el mismo paraíso fiscal donde se ocultaron los 65 millones que el rey emérito envió a Larsen. “He regularizado mi situación ante la Hacienda de Ginebra”, respondió el abogado cuando le interrogó Bertossa acerca de ese ingreso que, según él, le autorizó el entonces jefe del Estado.
Tanto Canonica como Fasana, al que asesoraba el primero en su empresa de gestión de patrimonios Rhône Gestion, cobraban sus honorarios de la cuenta de Lucum. El primero por gestionar la fundación y el segundo por administrar los activos. En los movimientos de la cuenta, desde su apertura en 2008 hasta su cierre en 2012, aparecen los conceptos y las cantidades que cobraron ambos por sus servicios. Canonica no ha respondido a las preguntas remitidas por este periódico.
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