Una niña brasileña de 10 años que quedó embarazada tras ser agredida sexualmente por su tío en São Mateus, estado de Espírito Santo, inició el procedimiento de aborto este domingo, después de que el Tribunal de Justicia de dicho estado le concediera ese derecho, previsto por la ley. Al tratarse de una niña que sufría abusos desde que tenía seis años, el caso debería estar bajo secreto de sumario, como tantos otros en Brasil, para preservar a la víctima y por ser un asunto delicado, como lo es el aborto. Pero el proceso de la niña se ha convertido en un juego político después de que se filtrase a la prensa y la ministra de la Mujer, Damares Alves, lo comentase en sus redes sociales.
Cientos de niñas violadas se ven obligadas a recurrir a un aborto legal en Brasil sin necesidad de una autorización de la Justicia y sin que la opinión pública lo sepa. Pero la repercusión ha obligado al estado de Espírito Santo a buscar una solución en Recife.
Acompañada de su abuela y sus muñecos de trapo, la niña se encontraba serena mientras esperaba el inicio de la primera etapa del procedimiento, según cuentan testigos. La víctima y su familia han perdido la privacidad inherente a casos tan violentos como este. En la entrada del Centro Integrado de Salud Amauri de Medeiros (Cisam), donde se realizará el aborto, un grupo de personas cogidas de la mano le gritaban “asesino” al médico Olympio Moraes Filho director de la clínica. La abuela de la niña está segura de la decisión que han tomado, siguiendo la petición de la nieta.
El caso tuvo repercusión después de que la ministra Damares Alves lo difundiera en las redes sociales y enviara a un equipo de funcionarios a la ciudad del estado de Espírito Santo. Este sábado, Alves se manifestó en su página de Facebook, lamentando la decisión de la Justicia de autorizar el aborto. La también bolsonarista Sara Giromini, que se hizo famosa por sus protestas delante del Tribunal Supremo Federal, y que llegó a ser detenida, expuso los detalles del caso en las redes sociales. Damares ya había enviado a emisarios de la Secretaría a São Mateus para seguir la evolución del caso.
El gesto de la ministra generó un clima de terror y de caza de brujas en la Justicia de São Mateus, una ciudad de 130.000 habitantes, a 183 kilómetros de Vitória, capital de Espírito Santo. El asunto se ha convertido en una disputa política, según fuentes próximas al caso, y en una “crueldad cínica” para la víctima, que es negra y vive con su abuela, una vendedora ambulante. La sensación de que ella podría soportar una violencia de tal calibre mostró signos de racismo e indiferencia por su clase social entre quienes la atendieron en el servicio público, dicen. La muchacha vive una situación común para millones de niños pobres en Brasil. Su madre se marchó, su padre está en la cárcel, y el tío que la violó —al que la Policía busca— es un expresidiario.
En cambio, a su abuela se le conoce por preocuparse por la educación de la pequeña. Solo se separaba de ella cuando tenía que irse a trabajar. Tanto ella como su nieta le dejaron bien claro a la Justicia que querían ser amparadas por la legislación brasileña e interrumpir el embarazo. La reacción de la niña era de desesperación cuando se le insinuaba la opción de continuar con el embarazo, según varios testigos. Ya está de 22 semanas, plazo límite para interrumpir la gestación, según la norma técnica del Ministerio de Salud.
Para Fagner Andrade Rodrigues, fiscal de la Infancia y Juventud de São Mateus, la interferencia externa, en este caso, es inadmisible. “La difícil elección íntima a cargo de la familia de la víctima de violencia no puede sufrir interferencias políticas, religiosas ni de cualquier naturaleza”, asegura. “Se trata de una vulneración abominable de los derechos humanos”, agrega. El aborto en los casos de violación de persona vulnerable (cuando la víctima tiene menos de 14 años o alguna discapacidad intelectual) está recogido en el Código Penal Brasileño desde hace 80 años.
El médico Olympio Filho encaró la presión sin miedo a represalias. No es la primera vez que el obstetra se ve ante un caso que genera conmoción pública. Hace doce años, la Iglesia de Pernambuco llegó a excomulgarle por haber interrumpido el embarazo de una niña de nueve años que fue violada por su padrastro. Ahora, sufre las presiones de los evangélicos del Estado. Es él quién va a examinar el caso de la niña embarazada que llega de Espírito Santo para obedecer al procedimiento y al deseo de ella.
“Mantener el embarazo es un acto de tortura, es abusar de ella de nuevo, es que el estado abuse de ella igual o más de lo que ya ha sido”, afirma Olympio Filho. Hay, también, un riesgo obstétrico, de hemorragia, además de una falta de estructura psicológica para asumir una maternidad fruto de una violencia, advierte. “Primero es necesario preservar a la niña [víctima de la violación]; y, después, darle el apoyo psicológico para que lo supere. El daño es mucho mayor si se le obliga a continuar con el embarazo”, completa.
Uno de los puntos a los que se aferran los conservadores es el hecho de que el embarazo haya llegado a las 22 semanas. Esa sería la razón por la cual el hospital que atendió a la pequeña se habría negado a apoyar la interrupción del embarazo. “¡Cuánto sufrimiento!”, escribió la ministra Damares Alves, en su cuenta de Facebook. “Los médicos del estado de Espírito Santo entienden que el aborto a esa edad puede poner en riesgo la vida de la madre o dejarle con secuelas permanentes, como el útero perforado”, dice ella, algo que contradice la propia norma técnica del Ministerio de Sanidad.
La norma prevé que en caso de violación se pueda realizar el aborto con hasta 22 semanas de gestación, o cuando el feto pese menos de 500 gramos. La ministra, sin embargo, apeló a su lado religioso al abordar la cuestión. “Tengo el corazón en un puño. Desde el pasado domingo rezo por esta niña, para que toda su vida se preserve y para que se ponga bien”, dijo, afirmando que confía en el poder Judicial para solucionar el caso.
Los expertos garantizan que no hay restricciones para los abortos en los que la vida de la madre está en riesgo, como es el caso de la niña. Al cumplir la ley y realizar el procedimiento, el caso se vuelve pedagógico para los hospitales públicos de ciudades más pequeñas que se deparan con casos de esta índole.
Cada hora, se viola a cuatro niñas brasileñas de hasta 13 años, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, y la mayoría de los delitos los comete un familiar. En 2018, último dato disponible, se registraron más de 66.000 violaciones en Brasil, el 53,8% de niñas menores de 13 años. La ofensiva de los conservadores, incluido el bloque evangélico, se ha intensificado los últimos años, siguiendo el modelo de la derecha radical en otros países.
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