Habían llegado a Ruanda buscando protección desde la vecina República Democrática del Congo, pero lo que hallaron el 22 de febrero de 2018 fue la muerte a manos de la policía ruandesa. Según Human Rights Watch (HRW), 12 refugiados congoleños fueron abatidos a tiros ese día mientras se manifestaban ante la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Karongi, en el este del país. Los refugiados protestaban desarmados —según los testigos— porque la ONU preveía reducir las raciones de comida que les distribuía. Al día siguiente, un comunicado de la policía ruandesa reconocía cinco muertos y 20 heridos. Un portavoz policial precisó luego que los refugiados “estaban advertidos”.
Ninguno de los agentes que ese día apretó el gatillo ha pagado por ello. Por lo sucedido aquel día en el país al que el Reino Unido iba a enviar este martes a un primer grupo de solicitantes de asilo (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo bloqueó a última hora), los únicos que han pagado han sido los refugiados. En 2019, Amnistía Internacional y HRW elevaron a 60 y 63, respectivamente, los asilados condenados a entre varios meses y 15 años de cárcel por participar en esa manifestación.
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A Victoire Ingabire, de 53 años, la llaman la Mandela ruandesa. En 2010, tras anunciar su candidatura a una presidencia que lleva desde 2000 en manos de Paul Kagame, la presidenta del partido Desarrollo y Libertad para Todos (DALFA-Umirinzi), acabó en la cárcel, donde permaneció ocho años. Por teléfono desde Kigali, esta opositora opina que las muertes de los 12 congoleños en 2018 son “un ejemplo” del trato real que Ruanda podría dispensar a otros refugiados. “¿Un Gobierno que mató a tiros a personas que pedían comida va a respetar los derechos de otros refugiados?”, se pregunta. Si los refugiados no están satisfechos, “ni siquiera van a poder manifestarse”, sostiene.
El trato dispensado a esos refugiados parece estar a años luz de lo que el Gobierno ruandés describió este martes en una rueda de prensa, retransmitida en directo desde Kigali, con relación a los que entonces se preveía que aterrizasen un día más tarde desde el Reino Unido. En ella, tres portavoces ofrecieron un retrato idílico de lo que les aguardaba en Ruanda. Estas personas “no estarán encerradas en centros de detención”, se les facilitará asistencia legal y traducción a su llegada y se les permitirá trabajar. Sus derechos “serán respetados”, Ruanda no acogerá a menores no acompañados y si la solicitud de protección internacional de los aspirantes se les deniega, se les ofrecerá “una alternativa para que residan legalmente en el país”. Si deciden partir, se respetará su “libertad de movimiento” y se les ayudará para que lo hagan. “El objetivo”, precisó una de las portavoces, “es integrarlos en la sociedad ruandesa, no mandarlos fuera”. “Nosotros no consideramos que vivir en Ruanda sea un castigo”, afirmó otra de las portavoces en tono amable, profesional, casi dolido, en alusión al escándalo suscitado por este proyecto en las organizaciones humanitarias y parte de la sociedad británica, incluida la Iglesia anglicana.
Cuando los 60 refugiados congoleños fueron detenidos por manifestarse en 2018, uno de los cargos por los que acabaron en prisión fue el de haber perjudicado “la imagen internacional de Ruanda”. En los casi 30 años transcurridos desde 1994, cuando Ruanda vivió un genocidio en el que 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados por fanáticos hutus, el cambio de imagen propiciado por el país se ha convertido en una baza exitosa de su política exterior.
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Pese a que las organizaciones de derechos humanos deploran el autoritarismo del régimen del presidente Paul Kagame, Ruanda ha logrado presentarse a ojos de Occidente como la encarnación de un milagro. La realización de la utopía de que un país otrora presa de una violencia atroz creciera un 7% anual durante la pasada década y redujera la pobreza del 77% de la población en 2001 al 55% en 2017, según datos oficiales ruandeses que evaluaciones independientes —como una efectuada por el Financial Times en 2019— han puesto en duda. Ruanda es un país pequeño, densamente poblado por 13 millones de almas y sin salida al mar; con pocos recursos naturales, pero lleno de verdes colinas donde pacen vacas frisonas. Las distancias son abismales, pero la comparación acuñada por los admiradores del régimen ruandés era casi obvia: la Suiza de África.
Esta comparación halagadora oculta un reverso terrible: el del historial de ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, detenciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas y juicios sin garantías, entre otros atropellos de los derechos humanos de los que el propio Reino Unido ha dejado constancia en el pasado. En enero de 2021, durante el examen periódico del país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Londres instó a Kigali a investigar y procesar a los autores de algunos de estos abusos. El texto precisaba incluso que, en los centros de tránsito para migrantes del Gobierno ruandés, podía haber retenidas víctimas de trata. En mayo, una vez firmado el pacto, el Ejecutivo de Boris Johnson divulgó una nueva evaluación sobre Ruanda en la que señalaba que no había “razones de peso” para temer que los refugiados sean maltratados.
A la cárcel por un libro
Entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, Ingabire asegura haber perdido a cuatro de sus colaboradores “asesinados o desaparecidos”. Nueve miembros de su partido están encarcelados por haber leído un libro titulado Cómo hacer la revolución —“sin violencia”, puntualiza la opositora—. Se les acusó de haber intentado derrocar a Kagame. El presidente ruandés fue reelegido con el 98,63% de los votos. En 2018, la financiación del Banco Mundial a Ruanda se duplicó: 521 millones de euros.
¿Por qué Occidente parece obviar en el caso de Ruanda unos abusos similares a los que a otros países les valen el oprobio? Ingabire cree que la reputación de Kagame de haber detenido el genocidio y el “sentimiento de culpa de la comunidad internacional por no haber hecho nada” explican lo que llama el “cheque en blanco” al presidente ruandés. Para el abogado Jordi Palou, el acuerdo migratorio entre Ruanda y el Reino Unido obedece en realidad a algún tipo de “contraprestación” entre los dos Estados, más allá de los 144 millones de euros de ayudas británicas que prevé el texto. Este letrado representó a víctimas españolas, congoleñas y ruandesas en una querella de 2005 por genocidio ante la Audiencia Nacional, que emitió órdenes de detención contra 40 altos cargos del partido de Kagame, el Frente Patriótico Ruandés.
Los vínculos del Reino Unido con el país africano abarcan distintos ámbitos. Ruanda, receptor de cooperación británica —957 millones de euros entre 2000 y 2019, según datos del Reino Unido— patrocina desde 2018 un equipo de fútbol de ese país, el Arsenal, del que Kagame es hincha. El ex primer ministro Tony Blair trabaja para Kigali como consultor, mientras que el diputado conservador Andrew Mitchell, presidente del Grupo Parlamentario de Amigos de Ruanda, asesora al banco SouthBridge, cuyo fundador es Donald Kaberuka, exministro de Finanzas ruandés. En 2015, cuando el jefe de los servicios secretos de Kigali, Karenzi Karake, fue detenido en Londres a petición de la Audiencia Nacional —luego fue liberado— entre sus abogados figuraba Cherie Blair, la esposa del expremier.
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