Los alcances de la reforma laboral | Artículo

Por Octavio Cantón J.

Hemos presenciado los últimos días un acalorado debate en torno a la propuesta de reforma del modelo de subcontratación en México. Es claro que el abuso de esta figura ha lastimado las condiciones de vida de los trabajadores y los derechos de estabilidad en el empleo tutelados por nuestra Constitución Política. Lo anterior, aunado al viejo modelo de control sindical que ha impedido sistemáticamente el libre ejercicio del derecho de asociación, la existencia de sindicatos autónomos auténticamente defensores de los derechos de sus agremiados y otros vicios, entre los que destaca por ejemplo la falta de un salario mínimo suficiente y remunerador como señala la propia ley, ha causado el progresivo deterioro económico y social del asalariado; sus efectos, sobra que lo diga, están a la vista: mayorías empobrecidas y una sociedad dividida, desigual, resquebrajada. Si la igualdad como principio rector de la democracia se vuelve inexigible, las necesidades de las mayorías se ven insatisfechas y el proyecto político resulta ineficaz.

A fines del siglo pasado, el modelo económico liberal, que en el terreno del trabajo se sostiene precisamente sobre las ideas del consenso general entre sectores, flexibilidad, control sindical y subcontratación, entre otras; fue aceptado como un dogma sin alternativa, volviendo de hecho obsoleta, la tradicional oposición política entre derecha e izquierda. El derecho del trabajo se adecuó al quehacer económico, a las políticas de austeridad, libre comercio y limitación de derechos colectivos. Como señala la profesora Mouffé, el liberalismo económico fue visto como destino final inevitable y las cuestiones políticas reducidas a matices técnicos. La social democracia de la posguerra fue perdiendo sus principales instituciones, formalmente o de facto, reduciendo las diversas propuestas políticas sustancialmente a una sola, con diferente color y diferentes candidatos pero al fin, a una sola, neutra, todas de “centro”, apenas con alguna variación superficial en sus agendas y sus discursos, para lograr distinguirse entre sí. Como bien afirma Chris Hedges, a quienes detentan el poder económico y político hoy por hoy en nuestras democracias les gusta hablar de raza, de identidad sexual, de patriotismo, de religión, de género, de migración, etc. como parte del debate “democrático”, pero evitan hablar de la desigualdad de clases porque ello supone cuestionar los fundamentos mismos del sistema económico hegemónico actual.

Lo cierto, sin embargo, es que en el proceso productivo, los intereses de los propietarios jamás coincidirán ni estarán alineados con los del asalariado. Y por ello, la discusión del modelo de subcontratación y del modelo sindical o laboral en su conjunto, son potencialmente más profundos y tocan intereses mucho más sensibles. El derecho social ha sido en democracia, históricamente, la herramienta que permite transitar de la codicia al bien común, el que permite construir una agenda política alternativa.

El sistema económico no solo devasta el medio ambiente, también arrasa con el tejido social y lo hace en mucho a través de la precarización del empleo. La Organización Internacional del Trabajo la ha definido como la incertidumbre que sufre el asalariado sobre la duración del empleo, la existencia de múltiples posibles empleadores, una relación de trabajo ambigua o disfrazada, falta de acceso a la protección social y de beneficios usualmente asociados al empleo, pagos bajos y obstáculos sustanciales ya sea legales o prácticos para poder formar parte de un sindicato o la misma existencia de sindicatos autónomos e independientes (ILO.ORG “From precarious work to decent work. Policies and regulations to combat precarious employment” 978-92-2-125522-2 (print)). Sabemos además que la falta de regulación económica lleva a crisis profundas y quiebras, como la del 29 y la más reciente del 2008. Los economistas coinciden en que son inevitables y recurrentes. El presidente Roosevelt respondió agresivamente a la del 29, legalizó a los sindicatos, emitió leyes para proteger el empleo y el salario, reguló la banca, impuso impuestos a los más ricos, creó centros de cultura y arte y creó instituciones de seguridad social. Recuperó a los Estados Unidos de la Gran Depresión. Pareciera que medidas de similar alcance y naturaleza deberían de adoptarse para enfrentar la gran crisis y la muy posible depresión que se avecina.

En ese sentido el modelo de regulación laboral es sin duda pieza clave para la definición del país al que aspiramos. Acabar con la desigualdad, con el empleo precario y las formas nocivas de subcontratación supone como acepta la OIT, fortalecer al derecho de asociación sindical, entendido como derecho de clase sujeto al cumplimiento de los más altos estándares democráticos. La aspiración democrática a este nivel debe permitir el ejercicio autónomo colectivo de la libertad sindical al tiempo de regular los procesos sindicales internos a través de normas amplias y flexibles, respetando así la especificidad y dinamismo de cada organización, con la posibilidad de que estos sean revisados y validados ante instancias judiciales autónomas y democráticas también. Normas que permitan y faciliten intervenir a los trabajadores en la toma de decisiones de manera directa y secreta, revisar los estados financieros de su agrupación y exigir rendición de cuentas, participar en el desarrollo de procesos de elección de sus dirigentes, revocar el nombramiento de sus representantes, limitar la posibilidad de relección de los mismos e incluso que permitan la oposición entre diversos grupos y corrientes de opinión dentro de la misma organización, según convenga a cada una de ellas y a sus agremiados.