El hallazgo en los últimos dos meses de 1.315 tumbas sin marcar en antiguos internados para niños indígenas ha sacudido a Canadá. En este marco de dolor e indignación por los descubrimientos, que han traído al presente el horror de aquellas instituciones (ya cerradas) para la asimilación forzosa de la población autóctona, al menos 48 templos cristianos –católicos en su mayoría- se han visto afectados por incendios u otros actos vandálicos. La Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá, que agrupa a 634 jefes autóctonos (1,4 millones de ciudadanos se definen como indígenas, el 4,9% de la población), ha condenado los hechos; pide unidad y esfuerzos para construir relaciones en estos momentos difíciles. “Apoyo a todos mis miembros, independientemente de su religión o creencias. Esto es inaceptable”, declaró a Global News Keith Crow, líder de la reserva Lower Similkameen.
De esos 48 templos, 21 han sido consumidos –parcial o totalmente- por las llamas. La policía los investiga como “fuegos sospechosos”. Además de templos católicos, también han sufrido daños instituciones de los anglicanos de la Iglesia Unida de Canadá, de los coptos ortodoxos y de la Iglesia de la Alianza vietnamita. El primero de estos incendios tuvo lugar el 21 de junio en la iglesia del Sagrado Corazón, ubicada en la reserva Penticton (Columbia Británica). El más reciente ocurrió el pasado día 19 en la iglesia copta ortodoxa de St. George, situada en la ciudad de Surrey (en la misma provincia).
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Al menos otros 27 templos han sufrido distintos tipos de actos vandálicos, especialmente pintadas en rojo. El 26 de junio, una estatua de Juan Pablo II junto a la iglesia del Santo Rosario en Edmonton (Alberta) fue atacada con pintura de ese color. Los mensajes escritos sobre muros y puertas de templos de Saskatchewan, Columbia Británica, Ontario y Alberta se repetían en muchos casos: “Éramos niños”; “Nuestras vidas importan”; “215” (el número de tumbas halladas en Kamloops). Steve Addison, portavoz de la Policía de Vancouver, advertía la semana pasada que “hay mejores formas de mostrar puntos de vista, enojo y frustración. La gente puede pensar que está realizando una buena causa, pero no es así”.
Justin Trudeau, primer ministro canadiense, ha calificado estas acciones de “inaceptables e incorrectas”. Trudeau dijo comprender la ira de muchas personas, especialmente hacia el Gobierno federal y la Iglesia católica, que gestionó la mayoría de centros abiertos entre 1883 y 1996, pero subrayó que ese “no es el camino a seguir para lograr la justicia”. “Debemos trabajar juntos para corregir los errores del pasado”, añadió.
El 27 de mayo se anunció un primer hallazgo de tumbas sin marcar en el antiguo internado de Kamloops. Después se hicieron públicos los casos de los internados de Marieval y St. Eugene’s Mission. El más reciente, el 12 de julio, ocurrió en el de Kuper Island. Estos centros formaron parte de la red de internados que tuvo Canadá para instruir por la fuerza a más de 150.000 niños indígenas en la cultura dominante. El Gobierno federal financió estas instituciones aunque la administración de los centros estuvo a cargo de grupos cristianos (más del 70% católicos).
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación creada para analizar lo sucedido en los centros publicó en su informe de 2015 que los castigos físicos, la violencia sexual, la negligencia y el racismo fueron habituales en los internados. En 2019, este órgano estableció que al menos 4.134 menores fallecieron en estos centros, pero algunos expertos elevan las muertes a más de 6.000. Muchas familias no volvieron a saber de sus hijos. La mala alimentación, el hacinamiento y la falta de calefacción eran la norma en no pocas de estas instituciones. Madeleine Basile, originaria de la comunidad atikamekw de Wemotaci (provincia de Quebec), pasó una década en el internado de Pointe Bleue, gestionado por misioneros oblatos. “Fueron años de abandono. Mi familia no tuvo otra opción, ya que el Gobierno federal nos obligaba. Mi hermana falleció en ese lugar a los nueve años”, afirma.
La Iglesia católica ha recibido un alud de críticas. El Papa aún no se ha disculpado, como piden las comunidades indígenas, y queda un adeudo de 21,3 millones de dólares canadienses (unos 14,4 millones de euros) según lo prometido en los acuerdos de reparación alcanzados en torno a 2007. “Estamos profundamente tristes por los incendios provocados y el vandalismo en contra de lugares de culto en el país, la mayoría de ellos católicos. Manifestamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas y nos oponemos categóricamente a cualquier forma y expresión de violencia o vandalismo contra toda comunidad de fe”, ha declarado un portavoz de la Conferencia canadiense de obispos católicos. Líderes de confesiones protestantes se han sumado a la condena, así como el Centro para Asuntos Judíos y de Israel y el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses.
Los anglicanos y la Iglesia Unida de Canadá administraron algunos internados para niños indígenas pero, a diferencia de las congregaciones católicas, se han disculpado y aportado los montos establecidos en los acuerdos de reparación.
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