La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.Jorge Armestar (Europa Press)
El Gobierno ha calculado el coste de los avales que desplegó durante la pandemia a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La cantidad asciende a unos 4.300 millones de euros y se ha imputado en la cifra de déficit público de 2021, según detalla en un informe la Autoridad Fiscal y confirman fuentes gubernamentales. Estos números suponen una importante rebaja frente a los 10.000 millones de pérdidas que llegó a estimar inicialmente el Ejecutivo en su Programa de Estabilidad enviado a Bruselas en 2021. Hasta ahora buena parte de estos créditos ha gozado de periodos de carencia en los que no se pagaba el principal y, por lo tanto, el grueso de las pérdidas calculadas no se ha materializado. Conforme se vayan produciendo los impagos, los avales ejecutados se irán sumando a la deuda pública. La Autoridad Fiscal advierte, en todo caso, de que estos números podrían acabar siendo mayores. Sobre todo porque los cálculos se han realizado antes de la crisis energética agravada por la invasión de Ucrania.
Aun así, se trata de un éxito dada la escala de pérdidas que se podría haber asumido de no haberse tomado medidas. La pandemia obligó a los Estados a lanzar iniciativas de una dimensión jamás conocida. Al igual que en toda Europa, en España se apostó sobre todo por los ERTE y las ayudas por cese de actividad de autónomos, cuyos costes han superado los 40.000 millones en dos años y protegieron en el pico máximo hasta cinco millones de trabajadores pese a la interrupción forzada de la actividad. Al tratarse de un problema que en principio era temporal, gracias a la financiación del BCE, el Estado pudo evitar males mayores soportando gran parte de los costes laborales de las empresas.
La otra pata de este plan de salvamento de la economía fueron las medidas para evitar una restricción crediticia similar a la que ocurrió en la pasada crisis financiera. Entonces muchos negocios, sobre todo pequeños, dejaron de ser viables por la falta de liquidez, aumentando la destrucción de empleo. Sin embargo, en la pandemia el respaldo del BCE fue claro. El Banco de España calculó las necesidades de financiación de las empresas en un contexto de paralización. Y el Ministerio de Economía puso en marcha con toda celeridad los avales del Estado a través del ICO. Se desplegaron líneas por un total de 140.000 millones. De estas se han usado 104.000 millones de euros en avales que han servido para movilizar financiación por valor de 137.000 millones. En promedio, la garantía cubre un 75% del crédito concedido y la pérdida se reparte desde el primer euro entre el banco y el Estado. Han sido casi 1,2 millones de operaciones, de las que el 98% han sido suscritas por pymes y autónomos.
Como el ICO no tenía medios para gestionar semejante cantidad de préstamos, lo hicieron los bancos y se les obligó a que soportaran una parte de la pérdida para que así tuviesen un interés en administrarlos bien. En 2020, en lo peor de la pandemia, la financiación del ICO representó alrededor de una cuarta parte de todo el crédito concedido a empresas y autónomos. Y la deuda empresarial neta aumentó en unos 50.000 millones de euros. Este incremento es una fuente de preocupación al estar muy concentrado en sectores damnificados por la covid.
La tasa de morosidad de los ICO era el año pasado ligeramente superior al 2%. Es un porcentaje bastante bajo, en parte por las carencias que permiten al deudor pagar los intereses pero no el principal. En la actualidad, un 32% de la financiación concedida sigue en periodo de carencia. Y hay otra parte que solo se devuelve en un pago único. Es probablemente en estos créditos con carencia donde puedan surgir más problemas. El Banco de España ya ha advertido de que un tercio de los titulares de préstamos ICO tienen concedidos otros créditos que han dado señales de deterioro. En el cálculo de los 4.300 millones se introduce, además de la mora esperada, las comisiones que ha cobrado el ICO y las cantidades que prevé recuperar.
Más financiación y menos ayudas directas
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Mientras que en Europa se ha concedido un 4% del PIB en avales, en España se ha dado cerca del 8%. Y se han usado el 75% de los avales dispuestos, frente al 30% en la UE. Según el Ministerio de Economía, estas cifras subrayan el buen diseño del plan, si bien en España se han dado menos ayudas directas y eso también podría haber influido para que se tirase más del crédito. De acuerdo con las estimaciones de Economía, el porcentaje de empresas con déficits de liquidez severa habría bajado gracias a los créditos ICO y las ayudas directas desde el 33% hasta el 9%, dejando el riesgo de cierre de sociedades en niveles prepandemia. Estas medidas “evitaron que el deterioro de los balances empresariales desencadenase un problema de estabilidad financiera”, señalaba el Gobierno en el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión en 2022.
Con la invasión de Ucrania se ha abierto una nueva línea de avales por 10.000 millones. Estarán disponibles hasta final de año y contarán con una carencia de un año para el pago del principal. Además, se flexibilizan los ICO que ya estaban dados. Hasta ahora, solo las empresas con una caída de su facturación del 30% respecto a 2019 podían obtener una ampliación de los plazos de amortización hasta ocho o diez años. Ahora este alargamiento de los vencimientos se extiende a todas. Y los sectores más perjudicados por el alza del combustible —esto es, transporte, ganadería, pesca y agricultura— tendrán una carencia adicional de seis meses.
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