Los ‘bebé jefazos’: menores dueños de cientos de empresas en Luxemburgo

Por Jonny Wrate, Daniela Castro, Luc Caregari (Reporter.lu), Maxime Vaudano (Le Monde), Lorenzo Bagnoli (IRPI)

Un niño mongol de tan sólo un año, dueño de parte de una importante empresa de carbón en el desierto de Gobi. Un azerbaiyano de once años que se beneficia de contratos gubernamentales con Turkmenistán y China. Una adolescente rusa que cuenta con inversiones en sistemas de pensiones canadienses y californianos, además de miles de millones de dólares en activos.

Estos son solo algunos de los casi 300 niños que, para 2020, poseían o tenían participaciones significativas en empresas de Luxemburgo, según ha revelado una investigación realizada en el marco del proyecto OpenLux.

Aunque en Luxemburgo no es ilegal que los menores sean dueños de empresas, muchos de los nombres identificados por OCCRP y sus socios hubieran tenido que prender alarmas. Entre ellos hay menores cuyos padres son oligarcas, delincuentes e individuos cercanos a figuras políticamente influyentes. Una cuarta parte de estos eran incluso más jóvenes que las empresas de las que eran propietarios.

En 2019, Luxemburgo publicó por primera vez un registro de “beneficiarios finales” – los verdaderos dueños de empresas, a diferencia de los apoderados o nominados–, con el que se pudo tener una mirada sin precedentes sobre quiénes se han favorecido con la confidencialidad financiera del país.

En su momento, las autoridades le ofrecieron una exención de tres años a los dueños de empresas que podrían enfrentar un  riesgo de fraude, secuestro, chantaje, extorsión o acoso si se publicaban sus nombres. Esto significa que el recuento de menores probablemente sea una subestimación, ya que los niños pudieron solicitar fácilmente dicha exclusión. Otros 290 beneficiarios tenían apenas 18 o 19 años cuando se declararon en el registro, por lo que es probable que fueran propietarios de empresas cuando aún eran menores de edad.

¿Por qué tantos menores tienen empresas, algunas con millones de dólares en activos? En una empresa familiar, los padres pueden dar a sus hijos acciones como parte de un plan de herencia a largo plazo. Pero el hecho de que muchos ni siquiera hubieran nacido en el momento de la fundación de las empresas –y que algunos de los padres no aparecieran en los documentos de estas– apunta hacia otra posibilidad: añadir una capa de secretismo antes de que se venciera la fecha límite para declarar públicamente activos en Luxemburgo. 

Roman Borisovich, activista en temas de transparencia, le dijo a OCCRP que si realmente se tratara de una planificación para organizar una herencia, deberían figurar apoderados en representación de los menores. No los niños directamente. 

“Los niños de un año no toman decisiones ni dirigen estas empresas”, dijo. “Claramente se trata de cortinas de humo que ocultan a los verdaderos propietarios”.

Aunque los reguladores financieros del país son escrupulosos, dijo, muchas empresas luxemburguesas solo existen para tener activos en el extranjero, lo que significa que no están sujetas a supervisión de estas entidades.

“Los activos pueden ser propiedad de niños de seis meses o de los delincuentes más buscados por el FBI. Pero nadie lo comprueba mientras se trate de un activo y no de dinero en efectivo. Todo lo demás pasa por debajo del radar”.

Cuando se publicaron en febrero de 2021, Luxemburgo denunció las investigaciones de OpenLux, refutando las acusaciones de deficiencias en sus mecanismos antilavado de dinero. Pero en agosto, el Ministerio de Justicia dijo que presentaría un proyecto de ley para permitir que el registro sancione a quienes abusen de él para lavar dinero y evadir impuestos.

Las reformas son parte de numerosos esfuerzos del gobierno del país para limpiar y reforzar sus estructuras. Frente a los hallazgos de esta historia, el Ministerio de Justicia de Luxemburgo le contestó a Reporter.lu – uno de los socios de OCCRP – que tiene la intención de auditar a todos los beneficiarios menores de edad que salen en el registro y que publicarán los resultados a finales de año. También señaló que muchos otros países permiten que los menores sean dueños de empresas y que los menores se enfrentan al mismo escrutinio que los adultos.

Yves Gonner, director del registro, declaró a Reporter.lu: “Las regulaciones para un menor son las mismas que para un mayor, no tenemos controles adicionales”.

“Ese es exactamente el problema: no se enfrentan a ningún tipo de escrutinio”, dijo Maira Martini, experta en flujos financieros ilícitos de Transparencia Internacional, que ha estado pidiendo a Luxemburgo y a otros países que establezcan mecanismos de verificación y sistemas de alerta independientes para casos como estos. “Estos registros son solo útiles por la información que contienen. OpenLux debería haber servido como llamada de atención”.

En Luxemburgo, algunas personas se oponen a mayores reformas de transparencia, argumentando que contradicen el derecho a la privacidad de la Unión Europea. Pero algunos analistas consideran que sus argumentos carecen de fundamento. Martini señala que solo se hace pública una pequeña parte de la información que se comunica al registro, y que nunca se incluyen datos personales, como los domicilios.

Algunos en Luxemburgo se oponen a nuevas reformas sobre transparencia, argumentando que podrían violar el derecho a la privacidad de la Unión Europea. Pero sólo se hace pública una pequeña parte de la información que se comunica al registro, y ésta nunca incluye datos personales como la dirección del domicilio, señaló Martini.

“La idea de que una empresa tenga derecho a la privacidad es absurda”, dijo al OCCRP Oliver Bullough, autor de Moneyland: Por qué los ladrones y los tramposos controlan el mundo y cómo arrebatárselo. “Es un abuso fundamental de la función de una empresa, que es invertir y hacer crecer la economía. Si no quieres que la gente sepa cuánto dinero tienes, no tengas una empresa”.

“Si un niño de un año puede presentarse ante un tribunal y explicar por qué su empresa tiene derecho a la privacidad, entonces tal vez lo aceptaré”.

Azerbaiyán

La familia Mammadov goza de todas los “juguetes” reservados a las élites más ricas de Azerbaiyán. Baylar Mammadov, su esposa y sus tres hijos tienen ciudadanía de Malta gracias al plan de pasaportes dorados del país insular, que les habría costado más de 800.000 euros. A la boda de su hija en 2014, repleta de celebridades, asistió la hija del presidente de Azerbaiyán, Arzu Aliyeva. El novio, Kamal Hajiev, es hijo de un miembro del parlamento conocido por su cercanía con el propio presidente. Uno de los hijos de Mammadov ha vivido en Inglaterra por años, donde asiste a un prestigioso internado cuyas colegiaturas ascienden a 35.000 libras anuales.

Las páginas sociales de los medios azerbaiyanos han descrito a Mammadov como un prominente hombre de negocios, sin nombrar nunca ninguna empresa.

Sin embargo, el proyecto OpenLux descubrió una pista: OCCRP descubrió que la esposa y los hijos de Mammadov son dueños de una empresa registrada en Luxemburgo llamada Canley Finance S.A., que desde su creación en 2008 ha acumulado una serie de inversiones y contratos gubernamentales en todo el mundo. Para 2020, la empresa era propiedad de la esposa de Mammadov y sus tres hijos, que tendrían 17 años, 9 años y 3 meses al momento de su constitución (Luxemburgo no proporciona información pública sobre el historial de propiedad de las empresas, por lo que es imposible saber si los hijos eran entonces dueños).

Aunque el propio Mammadov no figura como director o accionista, según la contabilidad anual, le prestó a la empresa más de 21.000 euros para ayudarla a arrancar.

Esta contabilidad también muestra que en 2012 Canley Finance compró más de 6 millones de dólares en acciones de Unibank, uno de los mayores bancos de Azerbaiyán. En ese momento, los dos hijos menores tendrían cuatro y 14 años.

Canley Finance también es dueña de una empresa en Malta, Lenstor Enterprises Ltd., dirigida por Mammadov. Su yerno, Hajiev, fue anteriormente codirector. Desde su fundación en 2008, la empresa ha ganado más de 43 millones de dólares en contratos relacionados con gas natural con el gobierno de Turkmenistán. 

Mammadov también es dueño de la empresa británica Lenstor Trading LLP, que se describe como una empresa comercial especializada en energía, productos petroquímicos y otros sectores. Entre los clientes de la empresa se encuentran compañías gubernamentales de Turkmenistán y China, fabricantes rusos y el mayor proveedor de ambulancias del estado de Oklahoma en Estados Unidos.

En 2017, la propia Canley Finance adquirió dos tercios de una empresa hotelera de Florida llamada Buta Investment Group. La compañía luxemburguesa invirtió 4 millones de dólares en Buta, que afirma contar con la inusual combinación de KFC y el Ministerio de Industria de Defensa de Azerbaiyán como clientes.

Aunque es legal que los hijos de Mammadov sean dueños de Canley, la ausencia del nombre de su padre como propietario o incluso como ejecutivo –fuera de una nota a pie de página en un solo documento de contabilidad anual– plantea dudas sobre si están usando sus nombres para disfrazar la verdadera propiedad de la empresa.

México

Miguel Zaragoza Fuentes, fundador del principal conglomerado gasístico de México, Zeta, es conocido como un hombre reservado. Sin embargo, su vida familiar se convirtió en una telenovela nacional en 2014, cuando su esposa de 60 años y madre de sus 11 hijos, Evangelina López Guzmán, solicitó el divorcio.

López descubrió que su marido multimillonario mantenía una relación con una empleada doméstica llamada Elsa Esther Carrillo Anchondo. En 2004, Carrillo dio a luz a la duodécima hija de Zaragoza, y este le transfirió a ella, a miembros de su familia y a su hija secreta, millones de dólares en activos, incluyendo dinero en efectivo, bienes inmuebles, obras de arte y un avión.

Un tribunal de divorcio de Texas, donde Zaragoza y López se casaron, se pronunció a favor de López y ordenó a Zaragoza que le cediera una parte importante de su imperio empresarial. Pero tras una serie de apelaciones y batallas legales que llegaron hasta la Suprema Corte de México, Zaragoza no ha acatado la orden.

OCCRP descubrió que una de las empresas a las que debía renunciar, la Texas Gas & Oil (TGO) Ltd., con sede en Bahamas, es propiedad de la hija adolescente de Zaragoza y Carrillo. Según los archivos del tribunal, TGO –proveedor de Zeta Gas– transfirió millones de dólares a Zaragoza y a su segunda familia para su uso personal, incluyendo el pago de colegiaturas universitarias de otro de los hijos de Carrillo. 

El año pasado, el proveedor finalmente perdió una batalla judicial de dos años en las Bahamas para mantener sus registros fiscales en secreto, después de que las autoridades mexicanas le solicitaron documentos relacionados con sus ventas al Grupo Zeta.

La compañía era solo una de las varias entidades afiliadas al Grupo Zeta que la hija de Zaragoza de 17 años posee a través de dos sociedades gestoras luxemburguesas: Belgrave S.A. y Vaurigard S.A. Ambas habían estado bajo control de la familia Zaragoza y desde 2019 –cuando Luxemburgo hizo público el registro de beneficiarios– su hija es la única dueña.

A través de Belgrave y Vaurigard, la hija es beneficiaria de 73 millones de dólares en acciones, incluyendo participación en otras 12 empresas en Perú, Guatemala, España, Países Bajos, Bahamas y Belice, ocho de las cuales son de su propiedad.

Mientras que algunas de estas empresas son filiales conocidas del Grupo Zeta, no está claro si el resto –o las sociedades gestoras luxemburguesas mismas– fueron declaradas alguna vez a las autoridades fiscales mexicanas.

El tribunal de Texas declaró que las dos sociedades gestoras luxemburguesas y TGO formaban parte de la estructura corporativa de Zeta. Además, dos de las empresas propiedad de Belgrave y Vaurigard también comparten dirección y representante legal de otra filial del Grupo Zeta que fue sancionada en Guatemala por evasión de impuestos.

Rusia

Durante años, la identidad de los dueños de la empresa luxemburguesa Felicity International S.A. fue secreta incluso para las autoridades francesas. En 2014, investigadores escribieron a las Islas Vírgenes Británicas en busca de información sobre los accionistas fundadores de la empresa en el marco de una investigación sobre un fraude multimillonario.

Felicity estaba constituida por dos empresas fantasma en paraísos fiscales, una con sede en las Islas Vírgenes Británicas y otra en Panamá, pero se disolvieron en 2011. Se perdió el rastro.

No fue sino hasta 2019, cuando Luxemburgo obligó a las empresas a registrar a sus beneficiarios, que Felicity declaró que era propiedad de tres hermanos de nacionalidad búlgara. En ese momento, el más joven tenía solo 15 años.

Desde entonces OCCRP los identificó como los hijos del oligarca ruso de las telecomunicaciones Sergei Adoniev, quien obtuvo la ciudadanía búlgara bajo el plan de pasaportes dorados del país en 2008. En mayo de 2018, le revocaron esa nacionalidad después de que las autoridades del país descubrieran sus antecedentes penales. 

En 1998, fue condenado en Estados Unidos por estafar al gobierno kazajo por 4 millones de dólares con ventas falsas de azúcar cubano. En 1999, fue deportado a Rusia, donde pudo levantar un imperio de telecomunicaciones a pesar de ser relativamente desconocido. Recibió inversiones y apoyo de varias figuras relacionadas con el Kremlin y empresas gubernamentales, según Bivol, un socio de OCCRP. En 2000, el LA Times informó que el FBI también sospechaba que Adoniev estaba detrás de un cargamento de 1.1 toneladas de cocaína colombiana incautado en la frontera ruso-finlandesa en 1993.

Felicity International se creó el mismo año de la deportación de Adoniev, antes de que nacieran dos de sus tres propietarios actuales.

Según la contabilidad anual, la empresa luxemburguesa –y, por tanto, los hijos de Adoniev– son los dueños de la Villa Violettes, de 25 millones de euros, una propiedad de cuatro pisos con vista al mar en un cabo de Cap d’Ail, en la Costa Azul francesa. Felicity compró la propiedad en 2006, cuando los tres tenían aproximadamente nueve, tres y dos años. En 2015, la empresa también compró una “base de datos informática” por 450.733 euros, que hoy se cuenta entre los activos de los hijos de Adoniev.

Italia

El productor de cine italiano Daniele Lorenzano lleva tiempo bajo investigación por su relación con el empresario y exprimer ministro Silvio Berlusconi. Desde los ochenta gestionó la adquisición de derechos de transmisión de Estados Unidos para el imperio de telecomunicaciones del desprestigiado político.

La fiscalía de Milán posteriormente determinó que Lorenzano también había gestionado un fraude fiscal a escala mundial orquestado por Berlusconi. En 2012, lo sentenciaron a tres años y ocho meses de prisión –solo cuatro meses menos que la condena del propio Berlusconi – por su participación en el fraude. Al final, ninguno de los dos fue a la cárcel, pues sus penas fueron conmutadas por servicios comunitarios. 

En 1994, el mismo año en que Berlusconi inició su carrera política, se constituyó en las Islas Vírgenes Británicas la empresa inmobiliaria Najis Real Estate S.A. En 2003 se trasladó a Luxemburgo, llevando consigo bienes inmuebles en Marruecos avaluados en 3.6 millones de dólares.

Stefano Martinazzo, un contable forense consultado sobre este caso, dijo a OCCRP que recordaba que el director general de un holding de Berlusconi testificó que “incluso la alta dirección del grupo estaba ‘angustiada’ por los grandes honorarios pagados a Lorenzano”, que ascendían a 20 millones de dólares entre 1994 y 2003. 

En ese momento, no estaba claro quién era el dueño de la empresa, pero en 2019 se declaró que su propietario era un fideicomiso familiar creado por Lorenzano para sus dos hijas. En ese entonces, las hijas ya eran adolescentes. Pero cuando Najis se trasladó a Luxemburgo una aún no había nacido y su hermana mayor solo tenía tres años.

Los fideicomisos son una forma habitual para que los padres cedan bienes a sus hijos evitando tanto los impuestos como retrasos relacionados con las herencias. Son administrados por terceros en representación de los beneficiarios.

Actualmente, Najis posee propiedades por valor de más de dos millones de dólares –así como una deuda de 10.8 millones de dólares.

No hay indicios de que Najis o sus acciones estén relacionadas con el fraude fiscal de Berlusconi. Sin embargo, si los investigadores hubieran tenido conocimiento de la empresa en su momento, podrían haber recibido una alerta. Por lo menos desde que se trasladó a Luxemburgo, Najis ha estado bajo la dirección de Filippo Dollfus de Volckersberg, un noble suizo que en 2019 fue acusado en un caso diferente por un juez milanés por evasión de impuestos y fraude.

Para activistas anti-corrupción como Borisovich, el problema es que las empresas de Luxemburgo se usan a menudo para poseer activos, como propiedades o empresas extranjeras. No solamente para llevar dinero a ese país, que es un proceso que sí está regulado, según dice. 

“[Pero] si tienes una holding aquí, y esta holding adquiere un activo, ya sea una granja en Polonia, o una mina en Mongolia, o una plantación de coca en Colombia, ya es ridículamente fácil”.

Raul Olmos (MCCI), Ruslan Myatiev⁩ (Turkmen.news), Mika Velikovsky (IStories), Atanas Tchobanov (Bird.bg) y Kelly Bloss (OCCRP) contribuyeron con el reportaje.

Esta historia forma parte del proyecto OpenLux de OCCRP, y se basa en los datos extraídos del registro de empresas de Luxemburgo:

En 2019, bajo presión para cumplir con requisitos de la Unión Europea de identificar a las personas que controlan las empresas dentro de sus fronteras, Luxemburgo hizo público un registro parcial de dueños de empresas. Pero se construyó de forma tal que solo se pudiera buscar por el nombre de la empresa o el número de registro, no por los nombres de los propietarios. Para esquivar ese obstáculo, el periódico francés Le Monde consiguió extraer 3,3 millones de registros de la plataforma en línea del registro, que luego se hizo consultable en colaboración con OCCRP.

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