La fiesta de Todos los Santos será toda una prueba de concepto epidemiológica. Con los datos de la pandemia en ascenso imparable (los casos han crecido un 71% en 15 días, y la tasa de incidencia está en su récord de la segunda ola, 452,63), la mayoría de los Ejecutivos autonómicos han anunciado el cierre de sus fronteras o que son partidarias de hacerlo. Incluso Madrid, según dijo su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, entraría en esta dinámica. Pero a su manera. Después de una reunión este miércoles con sus homólogos de Castilla y León y Castilla-La Mancha en la que acordó adoptar la medida, al acabar compareció y justo después de afirmar que “la gente está harta de polémicas”, planteó una nueva: en vez de confinar hasta el 9 de noviembre, cuando acaba el estado de alarma, ha pedido al Gobierno hacerlo por días, hasta el fin del puente el próximo martes. Para ello hay que modificar el actual estado de alarma, que prevé que las medidas duren siete días.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso comparece ante los medios de comunicación en Ávila, el 28 de octubre. En vídeo, Ayuso pide cerrar Madrid solo durante los días del puente.
Ya han confirmado el cierre Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Andalucía. También Ceuta y Melilla. Cataluña y Cantabria tienen previsto anunciarlo este jueves. La Comunidad Valenciana lo están sopesando. Son más del 80% de la población. De ellas no se podrá entrar o salir, pero no habrá limitaciones para la movilidad interior, aunque seguirán en vigor otras medidas, como las reducciones de aforos, grupos y el estado de alarma. Quedan Baleares (que lo aplicará en Manacor) Extremadura, Galicia (con varias localidades confinadas) y Canarias, cuyos vecinos podrán atravesar autonomías confinadas pero no recalar en ellas.
La original propuesta de Ayuso tiene mucho de acto simbólico. El anuncio del cierre de las dos comunidades limítrofes, Castilla y León y Castilla-La Mancha, la dejaba semiaislada. No es la primera vez que Madrid, que mantiene 32 zonas sanitarias confinadas, organiza polémicas con las medidas a aplicar. Tomó las primeras decisiones de cierre de zonas el 21 de septiembre, cuando su tasa de incidencia a 14 días rondaba los 700 en toda la comunidad y, en esas áreas, superaba los mil. El 29 de septiembre llegó a su máximo. Entonces, el Ministerio de Sanidad quiso forzarle a tomar medidas más restrictivas y, tras una reunión de Consejo Interterritorial, decretó limitaciones para ciudades grandes con muy malos indicadores. Castilla y León siguió esas recomendaciones, por ejemplo, pero la traslación de ese acuerdo a la legislación madrileña fue defectuosa, y un tribunal tumbó las medidas. A raíz de ello, el 10 de octubre se decretó el estado de alarma.
Aunque en general el PP ha sido muy crítico con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno (cuando la primera ola criticaron la falta de libertades y en la nueva normalidad que el Gobierno no se implicara), la gravedad de la situación ha atemperado las posturas. Por ejemplo, Murcia, Andalucía y Castilla y León, con Gobiernos como el de Madrid (PP y Cs), anunciaron este miércoles el confinamiento perimetral. El presidente murciano, Fernando López Miras, relacionó la decisión con el puente de Todos los Santos, en el que se producen numerosos desplazamientos que, insistió, deben evitarse a toda costa. Andalucía decretó el cierre de la comunidad en general y de tres provincias (Sevilla, Granada y Jaén). Asturias, País Vasco y Aragón simultanean cierres de la comunidad y de municipios. “Vamos a tomarnos esto muy en serio. Redoblemos la responsabilidad”, justificó el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.
Pero el cierre perimetral suscita dudas. Es el último cartucho. Hasta ahora, ninguna de las medidas tomadas (cierres, restricciones de aforo, de horarios) ha mostrado eficacia en esta ola. “Los confinamientos perimetrales tratan de evitar movilidad entre zonas con la pretensión de bajar la transmisión del virus entre zonas que tienen una alta incidencia a otras más bajas. Son una medida más que trata de reducir los contactos sociales, pero no evita que en la zona confinada sigan creciendo los casos si no se reducen los contactos, por lo que es una medida muy controvertida y las pruebas de su eficacia son muy limitadas”, dice Carlos Arenas, de la Fundación Economía y Salud. Ese es uno de los argumentos de Ayuso, que no hay evidencias sobre su eficacia.
Pero Joan Caylà, de la Sociedad Española de Epidemiología, dice que ha habido casos, como el de los temporeros de Lleida, en que ha funcionado. Javier Rey, analista de la Fundación Alternativas, coincide, pero cree que su efecto es de un “control momentáneo”. Aunque le añade otra propiedad: “Es un elemento de disuasión”. José Manuel Freyre, también de la Fundación Alternativas y portavoz de Sanidad del PSOE en Madrid, lo defiende “bien aplicado”: “Disminuye la movilidad y los contactos y con ello ayuda a controlar la difusión del virus, pero, obviamente, ha de ir acompañado de medidas de salud pública y sociales. Y ha de ser factible, afectando a áreas conocidas por la población y controlables (ciudades, municipios, comunidades) y no como en Madrid, que lo han puesto en zonas cuyos límites nadie conoce y cuyo control por la policía es imposible”.
“Donde hay muchos casos tienen sentido para no exportar virus, y donde hay muy pocos para no importarlos”, simplifica Joan Ramon Villalbí, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas). Pero, ¿qué sucede si todas las regiones están muy afectadas? Por ejemplo, la incidencia es de 460,93 en Castilla-La Mancha, 700,59 en Castilla y León y 430,04 en Madrid. Son todos ellos niveles inaceptables, pero, irónicamente, según estos números la que más tendría que perder de mantenerse abierta y recibir visitas sería Madrid.
“Poca utilidad”
La epidemióloga de la Universidad Europea de Valencia Patricia Guillem les ve “poca utilidad” si se toman en áreas muy grandes con incidencias dispersas dentro de ellas. Además, dice, las excepciones son tantas (viajes de trabajo, de estudios, al médico, a cuidar a mayores, por negocios) que cree que “no van a ser de gran ayuda”, y menos con lo difícil que es controlarlo.
El exdirigente de la OMS Daniel López-Acuña sintetiza ambas posturas: los confinamientos perimetrales “tienen sentido en Asturias, que ha perimetrado Gijón, Avilés y Oviedo, que tienen incidencias más altas para no diseminar la infección a concejos con muy baja incidencia. También tiene sentido perimetrar el Principado entero especialmente antes del puente para impedir la entrada de turistas que podrían introducir la enfermedad y elevar la incidencia dentro de la comunidad [Asturias tiene una tasa de 355]. No tienen ningún sentido y son una falacia que da falsa seguridad y crea asimetrías innecesarias cuando se hace, como en Madrid, perimetrando zonas básicas de salud con incidencias un poco más alta que el resto de las zonas de la misma ciudad. En ambos tipos de zonas hay transmisión comunitaria y una gran ciudad con transporte colectivo urbano no puede ni debe separarse artificialmente con confinamientos parciales dentro de la propia ciudad”.
A partir del 15 de noviembre se verá si la curva de casos, que sube sin parar, acusa estas restricciones.
Con información de Isabel Valdés, Virginia Vadillo y Eva Saiz.
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