El destino final del denominado “gobierno Interino” encabezado por Juan Guaidó desde de 2019 ha agravado los choques y las fisuras en las filas de la oposición venezolana. Ese aparato, nombrado por la Asamblea Nacional de aquel entonces en virtud de su rechazo de los resultados electorales que provocaron la reelección de Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude, quedará superado si se concretan los planes de la mayoría de las fuerzas opositoras. Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, tres de los partidos más importantes del cosmos antichavista (junto a otras formaciones como el Movimiento Progresista de Venezuela), manifestaran su intención de disolver esa instancia. El propósito de dar paso a una nueva estrategia que facilite una transición política, sin embargo, ha desbordado las pasiones.
Las tensiones acumuladas entre algunos sectores de la oposición han provocado una áspera pugna que ha abonado aún más en el desencanto colectivo mientras las diferencias de criterio y el cruce de señalamientos en redes sociales han alcanzado a sectores académicos y de la sociedad civil. Lo que sucedió este jueves es una muestra de ello. La sesión legislativa del parlamento elegido en 2015 –el único que las fuerzas opositoras reconocen como legítimo, y que funciona en condiciones de semiclandestinidad- prevista para este 29 de diciembre para formalizar la salida de Guaidó ha quedado pospuesta para el viernes tras un largo tira y afloja.
Los equilibrios internos quedaron, en todo caso, establecidos en una discusión, hace tres días, sobre la reforma del llamado Estatuto de Transición. El procedimiento que puso en marcha el fin del rol de Guaidó fue aprobado con 72 votos a favor, 23 en contra y 9 abstenciones. “El gobierno interino no es la razón de ser de la lucha democrática”, dijo Alfonso Marquina, de Primero Justicia, quien en una rueda de prensa argumentó que el tiempo político de esta iniciativa ya había pasado. “Fue un instrumento necesario en su momento. Hoy estamos en otra realidad. Nombraremos una comisión para la protección de todos los activos de la nación en el exterior”.
En inferioridad de votos frente a sus antiguos aliados: Voluntad Popular, el partido de Guaidó fundado por Leopoldo López, acompañado de algunas formaciones menores como Causa Radical y la Fracción 16 de julio, lleva días maniobrando para intentar persuadir a la opinión pública sobre la inconveniencia de disolver la denominada “presidencia Interina”.
En ese contexto, preocupados por los efectos negativos de la discusión, Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, y Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, habían propuesto diferir la convocatoria de la sesión parlamentaria con el objeto de buscar una solución consensuada. Guaidó tomó como buena la propuesta y decretó el aplazamiento de las sesiones parlamentarias. Sin embargo, los partidos del llamado G3 que fomentan la iniciativa se negaron a posponer el debate y advirtieron a Guaidó de que, si él no lo hace, ellos lo convocarán por cuenta propia para terminar de aprobar el cese de sus funciones.
Luego de recibir una avalancha de críticas en los últimos meses, el “gobierno Interino” liderado por Guaidó recibió importantes declaraciones de respaldo en las últimas horas. El Bloque Constitucional, plataforma cívica a la cual pertenecen algunos de los juristas más destacados del país, emitió un comunicado en el cual alerta sobre “las graves consecuencias institucionales, políticas, económicas y sociales” que traería consigo esta medida.
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El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello también se pronunció en favor de la continuidad de Guaidó, instando a los políticos opositores a reconsiderar su iniciativa. “Si bien el gobierno interino no logró los objetivos planteados, su desaparición resta posibilidades a las negociaciones en México y debilita el proceso de elecciones primarias. Si las primarias se resquebrajan, se estaría promoviendo la definición de un candidato camino a 2024 por la vía del consenso, opción que tendrá menos apoyo de los electores”.
El comunicado del centro de la Universidad Católica indica que “la propuesta impulsada por partidos de oposición no sólo pretende la derogación de la figura del presidente encargado (artículo 233 de la Constitución), sino que la función de gobierno recaiga completamente sobre la Asamblea Nacional, es decir, se instaure un gobierno parlamentario, que no responde a nuestra tradición republicana y que se estaría atribuyendo poderes fuera de los límites de la Constitución.”
Para el jurista Allan Brewer Carías, “si la Asamblea Nacional aprueba la reforma y asume inconstitucionalmente las funciones del Gobierno Interino, aparte de originar un monumental caos gerencial con una supuesta administración colegiada paralela e inconstitucional, dicha usurpación no afecta el estatus de presidente encargado y, como tal usurpación, podría resultar sin tener efecto jurídico alguno, especialmente en el ámbito internacional.”
Estos planteamientos en defensa de Guaidó y de Voluntad Popular no han modificado, sin embargo, la intención de de la mayoría de las fuerzas opositoras de dejar atrás la “era Guaidó”. La tarde de este jueves se abrió otra hipótesis, la de que Guaidó ponga pronto su cargo a disposición y se disponga a continuar con sus esfuerzos como candidato presidencial a las primarias de la oposición.
En una grabación en video, el político propone a sus compañeros que nombren, si lo desean, a otros actores, pero que no destruyan la institución. “Lamentablemente persiste en esta hora la intención de eliminar el soporte institucional de lo que ha sido la gran piedra en el zapato de la dictadura de Maduro, que es la presidencia Interina”, afirmó Guaidó. “La mayoría parlamentaria de Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo tiene la posibilidad de defender el fuero constitucional. Pero las competencias de esta instancia no pueden ser evadidas. No debemos destruir esa herramienta de lucha por la democracia que tanto nos ha costado crear”, manifestó.
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