En diciembre de 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó que había hallado motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad.
Esto, luego de que la propia fiscalía arrancó, en febrero de 2018, con un un examen preliminar sobre la situación en Venezuela bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.
“La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”, se lee en el informe sobre Actividades de Exámenes Preliminares que dejó Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta junio, a su sucesor Karim Khan.
Al finalizar su mandato a mediados de junio de 2021, la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que la fiscalía había concluido el examen preliminar de Venezuela. Bensouda no hizo públicas estas conclusiones, debido a que se encontraba en trámite ante la corte un recurso presentado por autoridades venezolanas solicitando que se revisara el examen realizado por la fiscal.
Posteriormente en junio de 2021, la sala de Primera Instancia de la CPI desestimó el pedido de Venezuela.
De acuerdo con el informe, los crímenes referidos incluían “encarcelación u otra privación grave de la libertad física”, “tortura”, “violación y/u otras formas de violencia sexual” y “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos” por autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios del gobierno.
De acuerdo con el informe, fechado el 15 de junio 2021 pero hecho público el pasado 10 de agosto del mismo año, los responsables de estos crímenes fueron: la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) , la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
El poder judicial de Venezuela no ha investigado adecuadamente abusos
De acuerdo con investigaciones realzadas por Human Rights Watch (HRW) el poder judicial de Venezuela no ha investigado adecuadamente abusos generalizados a pesar de contar con pruebas creíbles sobre los mismos, y que la impunidad de las violaciones de derechos humanos es la norma.
La organización aseguró que desde que el expresidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en 2004, el poder judicial ha dejado de actuar como una rama independiente del gobierno.
En informes publicados por HRW en 2014 y 2017, los cuales fueron compartidos con la Fiscalía del CPI, se identificaron abusos generalizados durante arremetidas contra opositores en Venezuela. Agentes de las fuerzas de seguridad golpearon brutalmente y torturaron a detenidos. También emplearon fuerza de manera desproporcionada, cometieron abusos violentos contra personas en las calles, y detuvieron arbitrariamente y procesaron a opositores.
“La naturaleza de muchos de los abusos y el momento en que estos se produjeron —así como el uso frecuente de epítetos políticos por quienes los cometieron— sugieren que el propósito no fue aplicar la ley ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a las víctimas por sus opiniones políticas“, señala la organización.
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Luis Humberto de la Sotta, preso político
El capitán venezolano Luis Humberto de la Sotta, detenido el 18 de mayo de 2018, es uno de los tantos casos que retratan la violencia a la que son sometidos los presos políticos en el país latinoamericano.
En entrevista para Aristegui en Vivo, su hermana Molly de la Sotta contó que a tres años y tres meses de la detención del capitán, su hermano continúa sin juicio y bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
“Mi hermano fue detenido, sin orden de aprehensión, el 18 de mayo de 2018 por ocho hombres fuertemente armados, fue torturado durante 36 días en el cuarto de torturas llamado ‘El Tigrito’“, contó.
Explicó que de acuerdo con el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU a sobre Venezuela, su hermano es el caso número 13 de 48 en los que los expertos determinaron que el régimen de Nicolás Manudo había cometido crímenes de lesa humanidad.
“En el caso de Luis había habido desaparición forzada de corto plazo, torturas y detensión arbitraria, que son delitos de lesa humanidad”, señaló Molly de la Sotta.
“En este momento, mi hermano que ya tiene tres años y tres meses, así como sus compañeros detenidos, sin juicio, está en una cárcel en custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en donde él pasó dos años y 10 meses en un sotano sin la luz del sol, sin aire natural, sin atención médica y ya tenemos varios meses en unas condiciones de reclusión infrahumanas, insalubles”.
Molly de la Sotta informó que recientemente, su hermano fue llevado a una audicencia preliminar en la que su caso fue pasado a juicio, sin pruebas a él y a su causa, “por supuestamente conspirar con la dirigente política de la oposición María Corina Machado”.
Detalló que además, le determinaron como centro de reclusión la custodia de la DGCIM, “aún cuando la misma Alta Comisionada habló de que el presidente Maduro había dicho que ya no habría más nadie en custodia de estos organismos de inteligencia. Esto no se está cumpliendo”.
Sobre el próximo diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición, el cual tendrá lugar en México, Molly señaló que tienen expectativas.
“Por supuesto que las víctimas vemos una puerta que se puede abrir para la liberación no solo de los civiles, porque siempre se plantea la liberación de presos políticos civiles o de políticos presos. Simplemente que tomen en cuenta a los militares que han sido los más castigados y hostigados y que nadie defiende“, aseguró.
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