El gobierno de Estados Unidos va en camino de activar un panel de controversias por la política energética que implementa el gobierno de López Obrador.
En el comunicado, la administración del presidente Joe Biden dice que México ha seguido una política energética centrada en restablecer la primacía de CFE y PEMEX.
Estos son los puntos concretos que reclaman:
En marzo de 2021, México reformó la Ley de la Industria de Energía Eléctrica para priorizar el envío de electricidad generada por CFE a la red mexicana sobre la generada por todos los competidores privados, independientemente del costo o el impacto ambiental, dice el gobierno de EU.
Se refiere a la reforma que fue aprobada por el Congreso y sometida a controversia constitucional, donde no se alcanzaron los ocho votos para derribar el ordenamiento. El presidente López Obrador dijo en conferencia mañanera que la ley no viola ningún principio constitucional.
En diciembre de 2019, el regulador de energía de México otorgó a Pemex, pero no a otras empresas, incluidas las empresas estadounidenses, una extensión de cinco años para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre según su estándar de combustible en ciertas partes de México, que de otro modo requieren la venta de combustible diesel ultrabajo en azufre en todo el país.
Sin la prórroga, Pemex tendría que comprar diesel de azufre ultra bajo importado de los Estados Unidos o mejorar sus instalaciones para producir el combustible en cantidades suficientes.
3. Reglas del gas natural
En junio de 2022, la Secretaría de Energía notificó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Operador del Sistema Nacional de Gas Natural (CENAGAS) un cambio en la política que requeriría, entre otras cosas, que los usuarios de la red de transporte de gas de México demuestren que obtienen gas natural de Pemex o CFE.
Este asunto se encuentra en tribunales. Apenas este lunes, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió una suspensión provisional para frenar la estrategia, mientras se resuelve el amparo.
Según el comunicado, México también ha tomado, o está tomando, acciones o inacciones, que están restringiendo la capacidad de las empresas privadas para participar de manera efectiva, si es que lo hacen, en el sector energético de México.
Estas acciones incluyen, pero no se limitan a, retrasar, denegar o no actuar sobre las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de permisos; suspender o revocar los permisos existentes; o bloqueando de otro modo la capacidad de las empresas privadas para operar instalaciones de energía renovable, como instalaciones eólicas y solares, para importar y exportar electricidad y combustible, para almacenar o transferir combustible, y para construir u operar estaciones de combustible minoristas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador es el primero en afirmar que busca fortalecer a las compañías estatales, como CFE y Pemex, pues, según su visión, son claves para fortalecer el desarrollo del país y contraatacar el desmantelamiento de instituciones, que él identifica como parte del ‘periodo neoliberal’.
La mayoría que mantiene en el Congreso le ha permitido pasar reformas a leyes, pero apenas en abril no reunió los votos suficientes para aprobar una reforma constitucional.
El propio López Obrador ha planteado a Joe Biden su estrategia:
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