Los 2,6 millones de empleados públicos existentes en enero de 2020 –según el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, cifra que supera los tres millones según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE)—arrancaron el año con una buena noticia. El 22 de enero el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba una subida salarial generalizada de un máximo del 2% para los trabajadores del sector público y un incremento variable adicional, vinculado de manera progresiva a la evolución del PIB final de 2019.
Sin embargo, finalmente, no se les ha aplicado la parte variable prevista que podía sumar otro 1% si el PIB de 2019 hubiera crecido un 2,5%, pero lo hizo un 2% y eso, según la ley, no daba derecho a cobrar esta parte de la retribución ligada a la evolución del PIB que se activaba a partir del 2,1%. Tampoco han cobrado este año un 0,3% adicional que incluía el acuerdo de salarios 2018-2020 firmado con el Gobierno del PP, para repartir fondos adicionales.
Pese a ello, la subida salarial aplicada al colectivo en 2020 va a suponer con toda seguridad y como mínimo un incremento neto de su poder de compra de alrededor de un 2%, ya que la inflación interanual en septiembre es negativa (-0,4%); mientras que el IPC acumulado en lo que va de año es aún considerablemente más bajo (-1,4%), con lo que esta ganancia de poder de compra podría incluso superar tres puntos en el presente ejercicio, el más nefasto de la historia económica española desde la Guerra Civil.
En total, entre 2018 y 2020 estos trabajadores habrían incrementado sus ingresos un 6,7% frente a una evolución del IPC medio anual en este tiempo del 1% (incluyendo la inflación acumulada hasta septiembre de 2020). Así, han ganado 5,7 puntos de poder adquisitivo con este acuerdo.
Aunque, esto no compensa, según denuncian los sindicatos, el poder de compra perdido desde 2010, que CSIF acaba de cifrar esta semana entre el 12,9% y el 17,9% acumulado en estos diez años, dependiendo de la categoría del trabajador. Este cálculo incluye todos los años que estos trabajadores estuvieron si recibir una de las dos pagas extraordinarias que les retiraron en 2010.
Junto al plan para recuperar parte del poder de compra perdido en el sector público desde 2010, los sindicatos y el Gobierno acordaron también una mejora de la oferta pública de empleo. Como resultado, la afiliación a la Seguridad Social en las Administraciones Públicas crece un 1,76% interanual. Y el incremento es aún mayor en las administraciones autonómicas, que en agosto habían ganado más de 55.000 efectivos (un 3,68%) respecto a un año antes debido, sobre todo, a la ganancia de personal en sanidad y educación, para paliar los efectos de la pandemia.
En este escenario de ganancia de poder adquisitivo y creación de empleo por encima de las medias del sector privado, se ha abierto el debate sobre la subida salarial de los empleados públicos en los Presupuestos de 2021. El Gobierno está dividido al respecto, ya que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño ha defendido en varias ocasiones la ganancia de poder de compra de este año del colectivo para justificar una suerte de congelación salarial, mientras que desde los ministerios de Unidas Podemos defienden la subida del 0,9% aplicada a las pensiones.
Lo único cierto hasta el momento es que el Gobierno no ha incluido en el Plan Presupuestario que ha enviado a Bruselas ningún incremento salarial para el sector público. Ese texto precisa que la subida salarial del 2% va a costar este año 3.340 millones de euros. Esto unido al incremento de las plantillas registrado, ha generado un incremento de la masa salarial del 6%, lo que supondrá que el Estado pagará más de 24.500 millones para el pago de las nóminas de sus trabajadores este año.
Fuentes del Gobierno reconocen que en un primer momento se pensó en congelar los salarios y después en subirlos, si bien quizás no tanto como las pensiones. La decisión final se conocerá previsiblemente esta semana.
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