El Gobierno está diseñando el traspaso de 35.000 alumnos con discapacidad a las aulas ordinarias. En mayo, el comité de la ONU que vela por los derechos de las personas con discapacidad emitió un durísimo informe contra España por el envío sistemático de estudiantes a centros de educación especial, una práctica que considera una segregación escolar injusta. Los expertos coinciden de forma muy mayoritaria en que lo mejor para los niños es mantenerlos en las escuelas generales dotándolas con los recursos necesarios. El Ejecutivo estudia ahora introducir el trasvase en la nueva Ley de Educación, como ha reclamado en una enmienda el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Está previsto que la norma llegue al Consejo de Ministros a finales de mes e inicie después su tramitación parlamentaria.
El proceso, que genera preocupación en un sector de las entidades de personas con discapacidad que hoy gestionan centros especiales, se haría sin prisas y de forma progresiva, explican a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Educación, después de recabar la opinión de más organizaciones. Los actuales colegios especiales serían reconvertidos en centros de apoyo territorial y sus trabajadores pasarían a desempeñar sus funciones en las aulas ordinarias. No solo no habría despidos —aseguran— sino que la inclusión en la escuela general requeriría la incorporación de más especialistas, indican las fuentes.
De los 217.275 alumnos españoles con discapacidad matriculados en el curso 2016-2017 en enseñanzas no universitarias, 181.530 estudiaban en centros ordinarios compartiendo clase con el alumnado general. Pero otros 35.886, el 17% del total, lo hacían en centros especiales o aulas específicas de colegios ordinarios, dos modalidades rechazadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En España hay 477 centros de educación especial. El 59% son privados, casi todos concertados. Los públicos representan el 41%, pero acogen al 58% del alumnado.
La inclusión de los niños con discapacidad en las escuelas ordinarias es una reclamación histórica de las organizaciones de personas con discapacidad a escala internacional. Fueron ellas quienes promovieron en la ONU la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad suscrita por España en 2008, que así lo exige.
El sistema educativo español fue denunciado por las organizaciones de personas con discapacidad Solcom y Cermi. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU abrió una investigación en enero de 2017. Después de entrevistar a 165 personas, el comité concluyó, en un informe publicado el pasado mes de mayo, que el país “ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, que afecta en especial a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple”.
“Los centros de educación especial han evolucionado, pero no dejan de ser espacios que separan a la infancia. La lógica de la educación inclusiva es que los niños aprendan y participen juntos. En la escuela aprendemos a vivir, y aprendemos a hacerlo con o sin determinadas personas. La segregación hace sufrir más a quienes son excluidos, pero es un problema para todos”, señala Ignacio Calderón, profesor de Teoría de la Educación en la Universidad de Málaga.
Preocupación
La perspectiva de un trasvase del alumnado despierta inquietud en una parte de las entidades de personas con discapacidad y de familias por la falta de medios y de formación del profesorado de la red general. “Hay que avanzar hacia un sistema igualitario e inclusivo, es cierto, pero hoy muchas comunidades autónomas no garantizan la educación especializada y la atención individualizada que los alumnos necesitan”, advierte Ruth Vidriales, directora técnica de la Confederación Autismo España.
“Defendemos los centros de educación especial porque han demostrado que funcionan muy bien para una parte del alumnado. Hay muchos niños con discapacidad intelectual que no están bien en los centros ordinarios porque su ritmo de aprendizaje es diferente, necesitan espacios más reducidos y atención más personalizada. Muchos vienen de la escuela ordinaria con problemas de autoestima o de bullying”, agrega Terry Grajera, portavoz de la Plataforma educación inclusiva sí, especial también, que ha presentado 180.000 firmas en la Asamblea de Madrid contra un eventual cierre de los centros especiales, y es madre de una niña con síndrome de Down.
“Las familias tienen derecho a estar preocupadas, pero no estamos hablando de llevar a los niños de cualquier manera a los centros ordinarios, sino de hacerlo bien y por fases. Para los niños es mejor claramente estar en ellos siempre que tengan los medios necesarios para responder a sus necesidades específicas. Cuando están, el entorno normalizado de niños y niñas como los que se encuentran al salir a la calle es el más adecuado para su desarrollo”, afirma Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, que participó en la integración del grueso de los alumnos con discapacidad en la red ordinaria en los años ochenta, cuando formaba parte del Gobierno de Felipe González, y ahora asesora a la ministra de Educación, Isabel Celaá.
Inspirado en el sistema implantado en la última década en Portugal, el modelo que perfila el Gobierno, esbozado por la ministra en diciembre en el Senado, contempla transformar los colegios especiales en centros de apoyo a los colegios ordinarios de su área territorial. Una parte de los profesionales permanecerá allí y el resto se incorporará a la escuela ordinaria. El ministerio no ha calculado todavía el coste. “Será caro”, adelanta Martín, “pero también se trata de colocar el dinero en las prioridades”.
Portugal tenía en 1997 un 20% de los alumnos con discapacidad en centros especiales y hoy ronda el 1%. Se trata de estudiantes que requieren gran apoyo médico y que tampoco en España se llevarán, al menos a medio plazo, a las aulas ordinarias.
De niños ineducables a la inclusión
Ante la ausencia de una respuesta oficial del régimen franquista, que consideraba en general a los niños con discapacidad ineducables, el movimiento asociativo impulsado por las familias empezó a crear en los años 50 los primeros colegios, explica Gerardo Echeita, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. “La democracia vino a reforzar con subvenciones y conciertos el modelo dual de centros ordinarios y centros de educación especial, que las familias habían creado con toda la lógica. Sin ellos, el futuro de esos niños habría sido absolutamente terrible. Pero ahora debemos superar esa fase para lograr una sociedad inclusiva que conozca la diversidad y la respete”, afirma.
Mientras el plan del Gobierno se materializa, un número creciente de familias está recurriendo a los tribunales para impedir que sus hijos sean sacados de los centros ordinarios y llevados a los especiales. “Se ven obligadas a ello porque a pesar de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad forma parte de la legislación española desde 2008 los centros de educación especial siguen existiendo”, afirma la abogada especializada Sandra Casas. Una jueza de Valencia aceptó en diciembre el recurso presentado por los padres de Cristian, un niño de seis años con autismo, para que siguiera en el colegio público en el que está matriculado con los apoyos educativos especializados necesarios. “Es muy duro. Te dicen que no quieres lo mejor para tu hija porque no quieres que la separen de su hermana, de sus compañeros y del entorno que conocen”, dice Merche Defez, tía de Cristian, que también se ha negado a que su hija Lara, de ocho años, que tiene Trastorno del Espectro Autista, sea trasladada a un centro de educación especial.
Para que la inclusión funcione, opina Esther Salas, psicóloga, maestra especializada en pedagogía terapéutica desde hace 30 años y directora del instituto público de Benaguasil (Valencia), donde en torno a un 10% de sus 300 alumnos tienen algún grado de discapacidad, hacen falta más recursos, mejoras en la formación inicial del profesorado, cambios metodológicos, como el aprendizaje basado en proyectos, y al menos dos enseñantes por aula en aquellos grupos donde resulta necesario.
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