El último desafío a la UE ideado por Boris Johnson ha desatado una tormenta a la que ni siquiera los equipos negociadores de ambos bandos estaban acostumbrados. La decisión unilateral de Downing Street de modificar aspectos clave del Acuerdo de Retirada ha llevado a la Comisión Europea a poner pie en pared y elevar su tono. “Exigimos al Gobierno que retire cuanto antes las medidas aprobadas, y en todo caso antes de final de este mes. Se ha dañado seriamente la confianza entre la UE y el Reino Unido y corresponde a este último restablecerla”, dijo este jueves Maros Sefcovic, vicepresidente de la CE. Downing Street respondió con un tono similar: “Ni podemos ni queremos cambiar la ley”.
Sefcovic preside junto con Michael Gove, el jefe de Gabinete de Johnson (un puesto con rango equivalente al Ministerio de la Presidencia español), el llamado Comité Conjunto. Es el organismo político que supervisa todo lo que supone el largo proceso del Brexit. Sefcovic pidió una reunión urgente, que se celebró este mismo jueves en Londres, después de conocer la intención del Gobierno británico de modificar por su cuenta cláusulas relevantes del Protocolo de Irlanda del Norte. Es el documento anexo al Acuerdo de Retirada de la UE firmado por Londres y Bruselas el pasado enero, y que tiene la fuerza jurídica vinculante de un tratado internacional.
El equipo de Johnson ha llegado a admitir que ha violado la ley “de un modo muy específico y limitado”, para salvaguardar la paz en Irlanda del Norte. Según el acuerdo, este territorio seguirá a partir del 1 de enero en el Mercado Interior de la UE, y por lo tanto sometido a sus reglas comunes. La nueva Ley del Mercado Interno del Reino Unido, cuyo borrador ya ha sido registrado en la Cámara de los Comunes, deja en manos de los ministros la decisión de informar o no a Bruselas sobre las ayudas públicas que reciban las empresas radicadas en Irlanda del Norte, o de qué productos estarán obligados a realizar una declaración de aduanas en el comercio con el resto del Reino Unido. “La UE no acepta el argumento de que el objetivo de este proyecto de ley sea el de proteger los Acuerdos de Viernes Santo [que devolvieron la paz a la región]. De hecho, nuestra visión es que logran justamente lo contrario”, ha dicho la CE en un comunicado público.
Eric Mamer, portavoz de la Comisión Europea, durante una rueda de prensa. En vídeo, Mamer asegura que se pedirán explicaciones al Reino Unido.
Pero Bruselas ha ido mucho más allá, al exigir a Johnson que elimine antes de que finalice septiembre unas medidas legales que, a su juicio, quiebran claramente la ley internacional. Sefcovic apuntó a Gove que la Comisión contempla una posible respuesta legal si el Reino Unido no rectifica. “El Acuerdo de Retirada contiene varios mecanismos y remedios legales para responder ante cualquier violación de las obligaciones en el texto, y la Unión Europea no dudará en utilizarlas”, advirtió el vicepresidente de la Comisión.
Parlamento y soberanía
Downing Street no ha mostrado la menor intención de rebajar la tensión en este duelo provocado por ellos mismos. “Es un principio asentado en la legislación internacional que cualquier Estado puede dejar sin efecto de buena fe las obligaciones de un tratado”, asegura el documento publicado por el Gobierno de Johnson con las supuestas razones jurídicas que explican su último movimiento. El equipo del primer ministro llega a asegurar que la soberanía del Parlamento británico está por encima de cualquier tratado internacional. “El Parlamento es soberano en lo que se refiere a leyes de ámbito nacional, y puede aprobar legislación que suponga el incumplimiento de obligaciones internacionales”, dice el texto.
El Gobierno de Johnson se ha abrazado a la bandera de la soberanía, sostienen sus críticos, para camuflar la decisión ya asumida de que no haya un acuerdo de libre comercio con la UE y se produzca un Brexit duro a partir del 1 enero. Hechos sus cálculos, Downing Street confía en que los estragos provocados por la pandemia del coronavirus camuflen las consecuencias económicas negativas de una salida a las bravas de la UE. “El Gobierno ni retirará la ley ni puede hacerlo”, respondía Gove a la exigencia del vicepresidente de la Comisión. “Es un texto clave para asegurar que los productos de Irlanda del Norte tengan un libre acceso al resto del Reino Unido”, señaló, en línea con las exigencias de los conservadores euroescépticos y los unionistas norirlandeses al primer ministro.
El propio Johnson había advertido el pasado domingo, justo antes de que se reanudara la octava ronda de negociaciones entre Londres y Bruselas, de que el tiempo se agotaba. Si no había acuerdo antes del Consejo Europeo del próximo 15 de octubre, anunció el primer ministro, el Brexit duro sería una realidad.
Downing Street se enfrenta a un nuevo pulso parlamentario
Boris Johnson necesita desesperadamente que el Brexit le rescate del marasmo que ha supuesto su gestión de la crisis del coronavirus. El primer ministro llegó incluso a expresar su asombro, en la sesión de control del miércoles en la Cámara de los Comunes, porque el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, no le preguntó por su última maniobra de enfrentamiento con Bruselas. “No se atreve a decir nada al respecto porque tiene miedo de todos los diputados de su grupo que quieren darle la vuelta al veredicto del pueblo británico”, desafiaba Johnson a Starmer en busca de una trifulca.
Pero el laborista ha decidido que va a dejar a Johnson que se estrelle solo e incumpla su promesa de un nuevo acuerdo con la UE. La verdadera oposición a sus pretensiones ha surgido de las propias filas conservadoras, donde un puñado de diputados se muestra dispuesto a votar en contra del Gobierno en su propósito de violar las leyes internacionales. No son suficientes para tumbar el proyecto, pero cuentan con voces suficientemente autorizadas como las de los ex primeros ministros Theresa May y John Major. “Si perdemos nuestra reputación de honrar las promesas que hacemos, perderemos algo de un valor incalculable que quizá nunca podamos recuperar”, ha advertido Major.
La verdadera complicación para Johnson, sin embargo, puede llegar de la Cámara alta del Parlamento, la Cámara de los Lores, que a lo largo de la batalla del Brexit ya ha demostrado estar dispuesta a saltarse la regla no escrita (la llamada convención Salisbury-Addison) por la que nunca se enmiendan las leyes procedentes de la Cámara de los Comunes que desarrollan promesas electorales del Gobierno elegido por la ciudadanía.
Una vez que el texto llegue al otro extremo del Palacio de Westminster, los lores pueden eliminar de la ley aquellos apartados que entran en directa contradicción con el Acuerdo de Retirada firmado entre Londres y Bruselas. Con la mayoría de que dispone en la Cámara baja, Johnson puede perfectamente rechazar cualquier enmienda que modifique su ley, pero eso supondría el regreso del texto a la Cámara de los Lores en un proceso de toma y daca que podría retrasar la aprobación definitiva más allá del 31 de diciembre. A fin de cuentas, aseguran las fuentes que anticipan este nuevo pulso parlamentario, Johnson ganó las elecciones del pasado diciembre con el trofeo de un acuerdo firmado con la UE cuando nadie apostaba que sería capaz de alcanzarlo. Un acuerdo, recuerdan los críticos del primer ministro, que se comprometió a cumplir al pie de la letra.
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