Que la Formación Profesional (FP) ya no es la eterna hermana pobre del sistema educativo es evidente desde hace tiempo: ha ganado en la última década más de 300.000 alumnos (un crecimiento del 45%, hasta alcanzar el millón de estudiantes), mientras el resto de las enseñanzas no universitarias perdían 14.500 estudiantes. Pero cuando los fondos de inversión de capital riesgo (aquellos que buscan los nichos de negocio de mayor rentabilidad a corto plazo) vuelven la vista hacia estos estudios, el asunto ya no deja lugar a dudas. En 2018, el fondo español Queka Real Partners adquirió el 51% de la empresa andaluza Medac, una red de 30 centros de FP, por 15 millones de euros, y ahora el fondo estadounidense KKR compra la compañía entera por 200 millones, lo que ha multiplicado su valor por siete en solo tres años.
De hecho, la oferta totalmente privada de FP (sin contar la concertada, que recibe subvención pública) ha explotado en los últimos años, pasando de ser casi anecdótica dentro del sistema en el curso 2009-2010, con 22.000 alumnos en toda España (el 4% del total) a casi 125.000 (un 15%) en el curso 2019-2020 (último para el que hay cifras desagregadas por redes). Si en la FP de grado medio (a la que se accede con el título de enseñanza obligatoria) el aumento ha sido importante, hasta llegar a 32.000 alumnos, es el grado superior, para el que hace falta el título de bachillerato, donde la privada se ha hecho más fuerte: se ha multiplicado por seis su alumnado. En Cataluña acoge al 33% de los estudiantes de esta etapa (colocada en un escalón educativo similar al de los estudios universitarios) y en Madrid, al 41%, porcentajes que ascienden a más de dos tercios si nos fijamos solo en la educación a distancia.
La compra de Medac por parte de KKR se suma a otras dos adquisiciones hechas por la firma en el último año: MasterD, especializada en preparación de oposiciones y cursos de FP, y el Instituto Técnico de Estudios Profesionales (ITEP). “Esta operación se produce en un contexto en el que España tiene uno de los déficits de empleo y cualificación más importantes de Europa, lo que ha hecho que la educación y la formación profesional hayan adquirido una importancia creciente y se espere que aumente en los próximos años”, señalan fuentes conocedoras de la operación. Pero ese tirón también consiste en aprovechar los huecos que deja un sistema público incapaz de atender toda la demanda para unos estudios que el mes pasado registraron una tasa de empleabilidad del 42%, según el Servicio Público de Empleo Estatal, por encima de los títulos universitarios, con el 38,5%.
El profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona Rafael Merino hace el siguiente resumen de la situación: “Hay un desajuste entre demanda y oferta”, en el que “el sector privado, evidentemente, ve un nicho de mercado”. Un desajuste que se traduce, entre otras cosas, en falta de equidad, pues “una parte de la demanda solo la pueden satisfacer las familias que tienen poder adquisitivo” y aquellas personas que no lo tienen, “se deben conformar con otras opciones de estudio o abandonar”, añade.
El proyecto de ley de FP que impulsa el Gobierno señala como unos de sus lastres “una insuficiente inversión en la oferta de estas enseñanzas”. La ley va acompañada de una memoria económica de 5.474 millones de euros para los próximos años con la intención, entre otras, de crear 200.000 plazas nuevas. De momento, sin embargo, la escasez sigue creando tensiones.
El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre la falta de puestos públicos de FP en la Comunidad de Madrid y Cataluña. En la primera, unos 24.000 aspirantes se han quedado fuera del título que querían cursar y en la segunda, son entre 14.000 y 20.000, según los cálculos de CC OO. Las consejerías de Educación de ambas comunidades destacan que las cifras definitivas aún no están cerradas, pues se están repartiendo ahora los puestos que han quedado libres en títulos que despiertan menos interés en los alumnos: en Madrid son algo más de 6.000 y en Cataluña, unos 3.100, a los que se suman en este caso 6.200 plazas más, creadas a última hora para intentar reducir el enorme desajuste. Ambas consejerías insisten en el esfuerzo que han hecho en los últimos años para hacer crecer esa oferta.
Sea como sea, Joan Caballé, barcelonés de 19 años, se ha quedado en lista de espera (“estoy el cuarenta y tantos”) para entrar en el ciclo de FP superior de Robótica Industrial. Terminado el bachillerato, descartó el camino universitario y decidió tomar el de una formación que, en dos años (lo que duran los ciclos de FP) cree que lo colocará en buenas condiciones para conseguir rápido un buen trabajo. Caballé no se ha planteado cursar una FP privada, que puede costar desde 2.500 o 3.000 euros al año hasta 5.000 o 6.000, e incluso más, dependiendo de la demanda. Solo piensa en la pública porque cumple los requisitos para recibir beca; de otra manera no podría pagar la matrícula, ya que Cataluña, junto a Madrid, es la única comunidad que cobra desde hace ocho años tasas para estudiar ciclos superiores en los centros públicos: 360 euros por un curso completo en el primer caso y 400 euros, en el segundo.
Para Rodrigo Plaza e Isabel Galvín, de CC OO, ha habido cierta complicidad de estos dos Gobiernos en el aumento de la FP privada por la desatención de la pública. En Madrid, además, las cifras vienen condicionadas porque el Ejecutivo regional eliminó en 2013 los conciertos en el grado superior, y por lo que toda esa oferta pasó a ser totalmente privada. A cambio, se puso en marcha un programa de becas cuya cuantía actual, entre 1.540 y 2.600 euros, no llega a cubrir completamente el coste real de las matrículas.
La Consejería de Educación madrileña, aparte de destacar el esfuerzo hecho en los últimos años (las plazas públicas han crecido un 25% en los últimos cuatro años en la Comunidad de Madrid), señala: “Igualmente, apoyamos la libertad de elección educativa de las familias”. Una portavoz del Departamento de Educación de Cataluña recuerda, además, que se trata de etapas no obligatorias, en las que no todo el mundo puede estudiar lo que quiere, y que no es fácil, a la hora de fijar la oferta de plazas, ajustar las necesidades del mercado y las posibilidades de las administraciones con los intereses y los gustos de los estudiantes, con lo que siempre hay alumnos que no consiguen estudiar lo que quieren. Exactamente igual que ocurre en la universidad.
De hecho, cabe señalar cierta analogía con el proceso que vivió hace algunos lustros la universidad al calor de una demanda creciente no satisfecha: en el año 2000 había 16 campus privados, hoy son 34. Para terminar de cerrar el círculo, muchas de esas universidades privadas ofrecen hoy títulos de FP de grado superior a través de centros asociados.
Santiago García, secretario general de CECE, una de las principales patronales de enseñanza concertada y privada de España, habla de una suma de factores: “Si se une la alta demanda de formación profesional con el incremento de la enseñanza online, que facilita la conciliación de estudios, trabajo y vida personal, con las necesidades de cualificación y recualificación…, pues todo esto ha provocado este incremento espectacular”. García ofrece, además otra clave: la “flexibilidad” de la privada para adaptarse rápidamente a las nuevas demandas, incluso con títulos que requieren fuertes inversiones de maquinaria y medios.
El profesor Merino lanza aquí una pregunta clave para entender el proceso: ¿el auge de la privada se concentra en algunas familias profesionales y algunos títulos concretos? Aunque con este nivel de detalle las estadísticas no permiten separar entre concertada y completamente privada, la cifra agregada sí deja vislumbrar los nichos de mercado. Por ejemplo, hay algunos títulos en los que la pública acoge a menos de un tercio del alumnado en toda España, como Animación 3D, juegos y entornos interactivos, Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear y Radioterapia y dosimetría. Esto, en lo que se refiere a la enseñanza presencial. A distancia, el 98% de todos los alumnos de los títulos de Sanidad, el 87% de los de Actividades Físicas y Deportivas y el 71% de los de Imagen y Sonido están en la privada.
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