El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abrió hace unas semanas la caja de los truenos al anunciar una subida salarial para los policías federales. Con esa medida, el mandatario se pega un tiro en el pie porque otros colectivos de funcionarios pusieron el grito en el cielo, exigieron un aumento equivalente y este martes han hecho paros laborales para presionar al mandatario, que tiene hasta el viernes para ratificar los presupuestos generales. La iniciativa partió de la élite del funcionariado, del sindicato que reúne a categorías como los auditores o los diplomáticos.
El descontento entre los trabajadores del sector público abre un nuevo frente al presidente brasileño, que ya está bajo presión por la inflación, el desempleo, las reticencias de los inversores internacionales —uno de los mayores fondos del mundo, Black Rock, ha anunciado que solo volverá a invertir aquí si cambia el Gobierno—, y la holgada ventaja de Lula da Silva en las encuestas para los comicios de octubre próximo, entre otras cosas.
También han parado empleados públicos del Congreso, del Poder Judicial y del Banco Central. Reclaman subidas superiores al 20% tras años sin actualización salarial. El guiño a los policías, combinado con una inflación que cerró 2021 con un 10%, ha colmado la paciencia del colectivo. Ha habido algunas pequeñas manifestaciones de protesta frente a los ministerios, en Brasilia, pero la principal movilización ha consistido en paros de dos horas o en extremar el celo en los procesos burocráticos alargando los trámites para llamar la atención sobre sus demandas salariales. Queda por ver si su efecto se siente en las fronteras o los aeropuertos.
Antes de Navidad, Bolsonaro prometió a los policías federales, los agentes que vigilan las carreteras y los guardas penitenciarios un aumento que supone 1.700 millones de reales (300 millones de dólares, 270 millones de euros) a las arcas públicas. El presidente quiere tenerles contentos porque son parte de su base electoral más fiel. Pero junto a la presión del resto de los funcionarios para que eviten un agravio comparativo, el mandatario recibe también presiones para que descarte cualquier incremento de sueldo para no agravar la situación de las cuentas públicas. El Gobierno ha logrado saltarse temporalmente el techo de gasto pero existe el temor entre los más liberales de que Bolsonaro se embarque en un dispendio con la vista puesta en los comicios.
“Bolsonaro ignora el cálculo político básico en la telenovela del reajuste (salarial)”, escribe el columnista Bruno Boghossian en Folha de S.Paulo al explicar que el empeño del presidente por asegurarse la fidelidad de su núcleo duro, a falta de grandes logros gubernamentales y con un presupuesto limitado, le ha llevado a que el resto de los empleados públicos se sienta agraviado.
Los sindicatos han anunciado nuevos paros para la semana que viene y no descartan una huelga general si Bolsonaro no responde a sus exigencias. Mientras, los policías también han advertido al presidente de extrema derecha de que si no cumple lo prometido se considerarán traicionados.
El Gobierno federal brasileño tiene 1,2 millones de empleados públicos. Algunos de ellos cobran salarios envidiables para la media de los brasileños. Los analistas del Banco Central empiezan su carrera en la institución con un sueldo que es 20 veces el salario mínimo, el de los empleados de Hacienda es 27 veces mayor, según datos publicados por el diario O’Globo.
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