Las fuerzas de seguridad de Sudán mataron el miércoles al menos a 15 personas y dejaron alrededor de un centenar heridos, muchas en estado crítico, en la jornada de protestas más sangrienta que ha tenido lugar en el país desde el golpe de Estado militar ejecutado a finales de octubre. El aumento de la violencia se produjo en medio de un apagón de las telecomunicaciones casi total, y ante las considerables dificultades que están teniendo los generales para cimentar su autoridad.
Las manifestaciones fueron de nuevo convocadas por los comités de resistencia locales y la Asociación de Profesionales de Sudán, claves a la hora de articular las protestas contra la asonada militar y a favor de un Gobierno civil. A su llamada respondieron ciudadanos en múltiples ciudades del país, incluida la capital, Jartum, y sus localidades vecinas, Omdurman y Bahri. Al menos en estas tres hubo desde el primer momento un fuerte despliegue de las Fuerzas de Seguridad, que rodearon algunas de las marchas y recurrieron rápidamente a balas de fuego y de goma, gases lacrimógenos y bombas de sonido, según organizaciones convocantes, en un intento de disolverlas antes de que se formaran grandes multitudes.
El Comité Central de Médicos de Sudán confirmó la muerte de 15 personas por heridas de bala, pero no se descarta que la cifra sea significativamente mayor debido a que solo pudieron contabilizarse los muertos en Jartum, Omdurman y Bahri. La organización también informó de 80 heridos, muchos en estado crítico, y denunció que algunos hospitales de la capital habían sido atacados y que numerosos heridos tuvieron que ser atendidos en la calle por las restricciones de movimiento. Al menos 39 personas han sido asesinadas desde el golpe.
El general Abdel Fattah Al Burhan, líder de la asonada, anunció el 25 de octubre la toma del poder en Sudán por parte de los militares y la disolución de los principales órganos de la transición que el país había iniciado en verano de 2019, poco después de la caída del exdictador Omar Al Bashir. Al Burhan también suspendió entonces artículos clave del documento que servía de constitución para la transición, que pende ahora de un hilo, y declaró el estado de emergencia tras arrestar a varios cargos civiles del Ejecutivo, incluido el primer ministro, Abdallah Hamdok, que continúa detenido en su domicilio.
Cientos de miles de personas se han movilizado en oposición al golpe, muy impopular, y para exigir la entrega del poder a un Gobierno civil y retomar una transición democrática. En un intento de consolidar su autoridad a pesar de los evidentes pocos apoyos con los que cuenta, Al Burhan anunció el pasado jueves la formación de un nuevo Consejo Soberano, que actúa como jefatura de Estado, liderado por él mismo y que, a diferencia del que disolvió en octubre, no incorpora a ninguna figura civil destacada. El general no ha formado todavía Gobierno, pese a anticipar que lo haría pronto el día de la asonada.
Apagón de Internet
En vísperas de las protestas del miércoles, que se enmarcan en una segunda campaña de movilizaciones iniciada el sábado, las autoridades golpistas restringieron todavía más las señales de telecomunicación, sumiendo el país en un apagón casi absoluto, según constató el grupo de monitoreo NetBlocks, que ha documentado cómo el servicio de internet en Sudán ha sufrido una interrupción severa desde que se ejecutó el golpe. El miércoles muchas de las redes de línea fija que aún operaban sufrieron cortes adicionales, dificultando aún más el flujo de información y la coordinación de las protestas. La tarde de este jueves la señal de internet fue parcialmente restablecida, pero según NetBlocks el acceso a redes sociales sigue restringido y no está claro si se trata de una decisión en firme.
Pese a las dificultades para comunicarse, la Asociación de Profesionales de Sudán y los comités de resistencia, bien arraigados en los barrios, han hecho llamamientos a mantener las movilizaciones y la campaña de desobediencia civil mediante acciones como cerrar vías públicas con barricadas, boicotear instituciones gubernamentales, no pagar impuestos, sostener la huelga general, y descentralizar las actividades.
Reaccionando al recrudecimiento de la represión de las fuerzas de seguridad sudanesas, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha condenado este jueves el asesinato de al menos 39 personas en el país desde el golpe, y ha considerado “absolutamente vergonzoso” y una grave violación de los derechos humanos el uso de munición real contra manifestantes. El relator especial de la ONU sobre la libertad de asociación y de reunión pacífica, Clement Voule, así como Estados Unidos, el Reino Unido y Noruega han condenado igualmente los hechos.
La comunidad internacional ha denunciado desde el principio la toma del poder en Sudán por parte de los militares y ha intentado mediar, sin éxito, un regreso a la fase de transición. Sin embargo, su limitada presión, reducida a la suspensión de asistencia económica, no ha surtido efecto y se encuentra actualmente estancada en el plano retórico. Los comités de resistencia sudaneses y la Asociación de Profesionales de Sudán, por su parte, rechazan cualquier negociación o compromiso con los militares, y aseguran que solo aceptarán la entrega del poder a un Gobierno civil, la rendición de cuentas y su salida de la política.
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