El comandante del Ejército y líder de Sudán desde el golpe de Estado del pasado octubre, el general Abdel Fattah Al Burhan, anunció la noche de este lunes que los militares finalmente se retirarán de las negociaciones para formar un nuevo Gobierno y cederán la iniciativa a fuerzas políticas civiles, aunque avanzó que a cambio establecerán un consejo militar sin supervisión civil y con poderes todavía por determinar. Su propuesta llega después de que la oposición haya aumentado en los últimos días sus movilizaciones contra la junta golpista, incapaz de cimentar su autoridad, pero ha sido ampliamente rechazada por la oposición como una artimaña de los generales para preservar su poder y sus privilegios. El anuncio también se produce tras el fracaso de la comunidad internacional en forjar un acuerdo entre militares y civiles por la negativa frontal de los últimos a entablar cualquier tipo de negociación.
En un breve mensaje en la televisión estatal, Al Burhan dijo que su oferta busca permitir que las fuerzas civiles “se sienten y formen un Gobierno independiente de competencias nacionales para acometer todas las demandas del periodo de transición”. También aseguró que tras la formación del Ejecutivo disolverá el Consejo Soberano, que actualmente asume las responsabilidades de la Jefatura de Estado y que él mismo encabeza. Y avanzó que formará un Consejo Superior de las Fuerzas Armadas que será responsable de la seguridad y la defensa, así como de otras prerrogativas que se acuerden con el futuro Gabinete.
El movimiento del líder sudanés ha sido ampliamente interpretado como un signo de debilidad de la junta golpista, que desde enero ha sido incapaz de apuntalar un primer ministro y está teniendo que hacer frente en solitario a una grave crisis económica y a unos niveles alarmantes de violencia en la periferia del país. La decisión representa una marcha atrás respecto a sus promesas iniciales de nombrar un Ejecutivo tecnócrata para pilotar el país hasta unas elecciones en julio de 2023 bajo supervisión del Ejército. Los principales grupos de la oposición ven además con escepticismo la formación de un consejo militar que no rinda cuentas y la rehabilitación en los últimos meses de los islamistas que formaron la base de apoyo del régimen del dictador Omar Al Bashir, depuesto en abril de 2019.
El golpe militar perpetrado por el Ejército el pasado octubre puso punto y final a la transición democrática iniciada en Sudán poco después de que Al Bashir fuese depuesto después de tres décadas en el poder tras meses de manifestaciones multitudinarias. La asonada supuso un duro revés para las aspiraciones populares de continuar desmantelando el viejo régimen islamista, sentar las bases de un Gobierno civil y democrático en el marco de un Estado de derecho, y de consolidar el retorno del país a la comunidad internacional.
Esta inestabilidad está detrás del incremento en el número de personas que abandonan el país, muchos de ellos en dirección al norte de Marruecos desde donde tratan de cruzar a España, como mostró el intento de salto de la valla hacia Melilla el pasado 24 de junio, con un balance de al menos 23 migrantes muertos. El 80% de las 133 personas que consiguieron llegar a la ciudad autónoma tenían nacionalidad sudanesa. Este lunes, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, consideró “inaceptable que la gente muera de esta manera en nuestra frontera de la UE” y pidió una investigación de lo sucedido.
En Sudán, los militares han chocado desde entonces con la constante movilización que la oposición democrática civil ha sido capaz de articular y mantener durante más de ocho meses. La represión de las fuerzas de seguridad ha matado a más de 100 personas. Cientos han resultado heridos o detenidos. Al frente de este pulso se encuentran los llamados comités de resistencia, una extensa red de grupos descentralizados de revolucionarios muy arraigados en los barrios que han demostrado una gran capacidad para esquivar las tácticas represivas y de cooptación del régimen.
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El pasado jueves, en el tercer aniversario de la multitudinaria protesta que acabó forzando a los militares a pactar con fuerzas políticas civiles la frágil transición iniciada en 2019, se celebraron por todo Sudán grandes movilizaciones, en una nueva exhibición de fuerza de la oposición. Las protestas fueron una vez más reprimidas por las fuerzas de seguridad, que mataron a nueve manifestantes e hirieron a más de 600, según el recuento del Comité Central de Doctores Sudaneses.
Acampadas
A raíz del impulso creado por estas protestas, los comités de resistencia de la capital, Jartum, anunciaron una “escalada revolucionaria” para forzar la caída de la junta militar “por todos los medios pacíficos” posibles. Desde entonces, se han levantado por primera vez desde el golpe varias acampadas, sobre todo en la región de la capital. Al menos una de ellas fue atacada por la policía el pasado lunes, mientras Al Burhan se dirigía a la nación, según el citado comité de doctores.
Los comités de resistencia de Jartum también han sido ahora los primeros en responder al anuncio del general. En un comunicado, rechazan la propuesta porque no responde a sus demandas de ceder el poder a un Gobierno civil, retirarse completamente de la política y afrontar un proceso de reforma y rendición de cuentas. También por su intención de formar un consejo militar. La coalición de fuerzas políticas civiles que cogobernó con los militares la frágil transición, las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, ha considerado este martes el gesto de Al Burhan como una prueba de que la junta golpista está en horas bajas, lo ha calificado de simple “maniobra” alejada de las demandas de la calle y ha llamado a mantener la escalada.
El anuncio del general se produce poco después de que Estados Unidos y Arabia Saudí lograran organizar por primera vez desde el golpe un encuentro entre las Fuerzas de la Libertad y el Cambio y los militares, a principios de junio, aunque el resultado fue incierto y los primeros han insistido en que no repetirán la fórmula previa a la asonada de un Gobierno mixto con los militares. Un proceso político impulsado en paralelo por la ONU y la Unión Africana ni siquiera llegó a arrancar por el rechazo frontal de la oposición civil.
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