La coalición semáforo que gobernará Alemania tras la era Merkel aún no ha echado a andar y ya está sufriendo los primeros roces. Dos miembros del tripartito, liberales y verdes, se han enzarzado ya a cuenta de los impuestos al diésel, una cuestión muy delicada en un país absolutamente devoto del coche privado y donde la industria automovilística es uno de los pilares de la economía. El futuro ministro de Transportes, el liberal Volker Wissing, ha dicho que quiere evitar una mayor carga fiscal a los conductores de coches diésel, a lo que varios políticos ecologistas han respondido con indignación acusándole de ningunear el acuerdo de coalición antes incluso de llegar al Gobierno.
La pelea es todavía de baja intensidad, y no ha cobrado más vuelo porque los principales responsables de los Verdes no se han pronunciado en público, pero ha sacado a la luz el profundo malestar que ha causado entre los ecologistas la cesión de Transportes a los liberales. Se trata de un ministerio con mucho menos brillo que otros como Finanzas, Economía y Clima o Exteriores, pero con competencias clave. La estrategia de los Verdes para descarbonizar la economía alemana y adelantar la transición energética pasa por la gestión de las políticas de movilidad: la aviación, los trenes, las carreteras, el transporte de mercancías y, por supuesto, los combustibles.
En el partido ecologista habían asumido que su colíder, Robert Habeck, tenía que ceder Finanzas a Christian Lindner, el presidente de los liberales del FDP. Pero que el tercer partido de la coalición se llevara también Transportes ha escocido al grupo parlamentario verde. Der Spiegel relataba este fin de semana que los diputados exigieron una explicación a la dirección tras conocerse el reparto de ministerios y que Habeck trató de apaciguar los ánimos recordándoles que se habían asegurado Agricultura y Medio Ambiente, carteras también centrales para la lucha contra la emergencia climática. Lo que se temen ahora los ecologistas es que Wissing consiga de su compañero de partido Lindner millones en subsidios para seguir alimentando el coche privado mientras corta el grifo a los proyectos verdes de los ministerios ecologistas.
Si algo obsesiona al FDP es la subida de impuestos. Buena parte de su campaña electoral se basó en garantizar a los alemanes que la carga fiscal no aumentaría. Y consiguieron ese compromiso por escrito en el acuerdo de coalición. Pero el contrato recoge también una futura “armonización fiscal del gasóleo y la gasolina”. Esta expresión se traduce básicamente en que los conductores alemanes que tienen un vehículo diésel van a pagar más por repostar. El Estado alemán grava el litro de gasolina con 65,5 céntimos, mientras que el de diésel solo paga 47. Equipararlos supone casi 18 céntimos más por litro de diésel, que al cabo del año puede aumentar la factura en al menos 200 euros a un conductor que haga unos 50 kilómetros al día. La última encuesta de movilidad en Alemania muestra que un 64% de los trayectos al trabajo se hacen en coche privado (el transporte público supone un 26% y la bicicleta, un 24%).
La frase de Wissing que incendió a los Verdes fue: “El FDP garantizará que los mayores impuestos a la energía del diésel sean compensados por menores impuestos a los vehículos”, en referencia a una reducción del impuesto de circulación para los propietarios de coches diésel. El ministro de Transporte de Baden-Württemberg, Winfried Hermann, de los ecologistas que lideran la coalición de Gobierno en este land del oeste, le acusó de ignorar el acuerdo de coalición. Julia Willie Hamburg, líder de los verdes en el parlamento de Baja Sajonia, criticó la “actuación polarizadora y desunificadora” del futuro ministro de Transportes, que calificó de “golpe al Gobierno semáforo, que ni siquiera ha empezado a trabajar”. El portavoz de política ferroviaria, Matthias Gastel, criticó en sus redes sociales: “Un futuro ministro de Transporte del Gobierno semáforo debería ser, ante todo, defensor de los trenes, autobuses y bicicletas […] y olvidarse de los combustibles fósiles”.
En realidad, el acuerdo de coalición sí parece abrir la puerta a una compensación de los mayores costes que supondrá equiparar gasolina y diésel. El texto afirma que cuando entre en vigor la directiva europea conocida como Fit for 55 (por el objetivo de reducir emisiones un 55% para 2030) sobre la fiscalidad de la energía –y que incluye la armonización- el tripartito “revisará el tratamiento fiscal de los vehículos diésel en el impuesto sobre vehículos de motor”. La frase es lo suficientemente ambigua como para que Wissing se aferre a ella a la hora de indemnizar a los propietarios de coches diésel. Los socialdemócratas de Olaf Scholz se mantienen por ahora al margen de la polémica, lo que pone las cosas más difíciles a los Verdes.
Scholz, partidario de la vacunación obligatoria a partir de febrero
El próximo canciller alemán, Olaf Scholz, se mostró el martes dispuesto a imponer la vacunación obligatoria en Alemania durante la reunión que el Gobierno federal mantuvo con los líderes de los Estados federados para consensuar a partir de febrero medidas ante el avance de la cuarta ola.
La cita, prevista inicialmente para el día 9 de diciembre, se adelantó ante el crecimiento de los contagios y la saturación de los hospitales de los länder más afectados. La canciller saliente, Angela Merkel, invitó a su sucesor a participar en el encuentro ante la proximidad de su toma de posesión, previsiblemente la segunda semana de diciembre. Será él quien deba poner en marcha algunas de restricciones que previsiblemente adoptarán los líderes en la próxima reunión, el jueves.
Se espera mayor limitación de contactos, con prohibición de eventos masivos, y la obligación de estar vacunado o recuperado para entrar en las tiendas (ya existe en restaurantes y bares). La incidencia semanal cayó ligeramente el martes por primera vez desde principios de noviembre, pero sigue siendo muy elevada, de 452.2 casos por 100.000 habitantes.
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